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En este numero:

- OCUPACIÓN PACÍFICA de las dependencias del Congreso Nacional en Santiago
- La “clase política”, la “política”, “los políticos” y el Movimiento Social en Chile por César Cerda Albarracín
- Razones para el PLEBISCITO NO + AFP. Por Luis Mesina

- Sumario completo



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Mi derecho a un juicio justo. Por Enrique Villanueva

Estoy siendo juzgado y condenado por un crimen que no cometí, me acusan de ser autor del asesinato de Jaime Guzmán en 1991, uno de los principales ideólogos de la dictadura cívico militar, un caso que fue investigado y resuelto, en el cual la justicia jugó su papel, persiguiendo, apresando, juzgando y condenando a los autores. Sin embargo, después de 24 años, la UDI el partido de los herederos de Pinochet, bajo el pretexto de honrar la vida de su fundador han desatado una vulgar venganza, intentando encarcelarme a como de lugar, sin lugar a dudas por mi rol jugado como dirigente del FPMR, en una intención claramente política, sin interesar mi culpabilidad o inocencia.

Durante cuatro años he sido sometido a un juicio que vulnera todos mis derechos, violentando la presunción de inocencia, aplicándoseme normas legales de carácter procesal que están derogadas. Con lo cual se han transgredido las normativas del debido y justo proceso, que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en Chile exigen respetar.

Se me inculpa bajo la Ley 18.314 (Ley antiterrorista) conforme al procedimiento que establece el artículo 10 y siguientes de mayo de 1984. Es decir vigentes en dictadura, los que determinan conductas terroristas y fijan su penalidad con artículos y normas legales que fueron derogados en 1991, por ser contrarios a las garantías del procesado para tener un juicio justo e imparcial.

Bajo este contexto las pruebas para condenarme no son necesarias, solo basta apreciar la prueba en conciencia y fallar en conciencia, aceptándose como tales, declaraciones cuya veracidad están sustentadas solo en quienes las han emitido. Son varios los declarantes que sin verse obligados a comprobar sus dichos, han desfilado de manera interesada para testificar sobre mi supuesta culpabilidad, sin tener de nuestra parte, la posibilidad de contrarrestar o comprobar sus dichos como veraces o falsos y en casos, sin poder hacer ver sus evidentes contradicciones.

Así es como los principales testigos que me acusan son; un ex militante del frente actualmente preso en Brasil, quien acogido a la delación compensada y comprometido por el abogado de la UDI, me acusó vía una entrevista televisiva a cambio de su extradición a Chile. Un delincuente, informante entre otros de la inteligencia del ejército, que cumplió una ultima condena, por colocar artefactos explosivos con el fin de crear la necesidad de instituciones y actuaciones antiterroristas. Un ex Subcomisario de la Policía de Investigaciones, Jorge Barraza, torturador de la Academia de Guerra Aérea, miembro de la CNI, quien señala como testigos a sus colaboradores, hoy procesado por el asesinato de militantes del MIR en 1983. Una ciudadana francesa, Enmanuelle Verhoeven, la cual nunca ha declarado en este proceso y que es usada por el ex torturador Barraza como un testigo “que le confidenció a él”, su papel en el FPMR y mi supuesta participación en la decisión para asesinar a Guzmán.

Me pregunto si es posible admitir que la justicia asuma todas estas mentiras, construidas como una verdad jurídica y que acepte como creíbles todos estos testimonios manipulados y patrañeros. Es extremadamente grave que se valide a un torturador como testigo, aceptando a la mayor expresión de la escoria humana como un acusador valido, lo que transgrede los límites de la moral.

Denunciamos que el contexto en el cual se configura este proceso penal es inquisitivo, porque se despersonaliza al inculpado calificándole de terrorista, por lo tanto punible con el mayor rigor posible. Restringiéndosele de esta manera todas las posibilidades de defensa, lo que no se corresponde con las garantías mínimas exigidas por las normas democráticas en un Estado de derecho.

El calificativo de terrorista para quienes nos opusimos y luchamos en contra de una dictadura criminal, aplicado hoy de manera arbitraria en democracia, me descalifica y de manera discriminatoria impide exponer las pruebas para un juicio que satisfaga las exigencias del debido proceso. El terrorismo existió en Chile bajo el predominio dictatorial y fue ejercido por el estado, desatando la persecución despiadada que le costó la vida a miles de personas.

Contrario a esto, soy un luchador social que junto a miles de compatriotas ejercí el justo y digno derecho a la rebelión en contra de una tiranía, cuando en Chile no había Estado de derecho. Soy también un militar patriota, que se opuso al golpe de Estado de 1973, que sufrió las torturas en carne propia, por no aceptar cumplir órdenes demenciales para reprimir a mí pueblo.

Con ese orgullo he defendido mi inocencia en todos los cargos que se me pretenden imponer, respondiendo a cada uno de ellos con respeto a través de mi excelente defensa, diciendo la verdad en todo momento en el que he sido requerido, con seriedad y con la más profunda convicción que profeso por mi condición de luchador social. Por eso exijo justicia y el derecho que se me ha negado en estos últimos años, a no ser perseguido, al trabajo, a vivir en el país y en la democracia que ayudé a construir, junto a otros, quienes generosamente ofrendaron sus vidas por ese noble objetivo.

Nosotros buscamos la verdad y en reiteradas oportunidades hemos expresado nuestra duda razonable sobre la veracidad de la prueba condenatoria en mi contra, coincidente con lo expresado recientemente por el Juez Cerda en la Corte Suprema. Quien se opuso con un voto de minoría, a la extradición de la ciudadana francesa involucrada en este juicio, porque no hay ninguna prueba significativa que acredite, que esta persona, quien es la principal testigo en mi contra, participó en el FPMR y menos en el homicidio de Jaime Guzmán.

Por todo lo antes expuesto afirmo que mi caso es una persecución política y quienes están detrás de esto, no han reparado en medios para satisfacer su venganza, instigada como lo ha sido a lo largo de nuestra historia por pocos pero poderosos. Seguiremos insistiendo en demostrar mi inocencia y para eso acudiremos a todas las instancias jurisdiccionales, políticas y sociales que sean necesarias para restablecer en este caso la Verdad y la Justicia.

En este camino, presentamos al Tribunal Constitucional un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la aplicación de normas legales derogadas, sobre cuya base se ha desarrollado el proceso seguido en mi contra, el cual se verá, para su aceptación o rechazo, el próximo día 16 de abril.

Nosotros no podemos callar, no tenemos derecho a callar, más bien tenemos el deber de hablar frente a esta injusticia, que de consumarse, será un nuevo paso atrás en el respeto a los derechos humanos en nuestro país.

Enrique Villanueva Molina Ex dirigente Rodriguista

 
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