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Vertedero Santa Marta: algo está pasando, algo huele mal. Por Enzo Borroni Ricardi

El pasado viernes 15 de enero de 2016 se produjo un derrumbe que afectó a las instalaciones del relleno sanitario de Santa Marta, ubicado en la comuna de Talagante, en la periferia sur-poniente de Santiago. La tragedia se extendió, horas más tarde, cuando se declaró un incendio que según informaciones emanadas desde el propio Consorcio que está al mando de la faenas, se debería a una “Inusual ola de Calor” que afectó a la Región Metropolitana, llevando más adelante al Intendente Claudio Orrego a indicar que los gases emanados por la tragedia no eran tóxicos. Desde ese momento se levantó la discusión a nivel nacional en donde connotados investigadores impugnaron a la autoridad regional, llegando incluso a pedirle que diera un paso al costado.

El doctor en Química, investigador en Ciencias Ambientales, Físico-química Molecular de la Universidad de Chile, Raúl Morales, fue mucho más tajante respecto al accionar de las autoridades “Si parto por el Intendente Orrego lo primero que habría que pedirle es la renuncia por falta de honestidad, al decir que los humos no son tóxicos. Lo primero que uno espera es que se diga la verdad de lo que ocurre”. (El desconcierto.cl 19/01/2016).

Pero, ¿Por qué no somos capaces de prevenir, en una primera etapa, o de reaccionar frente a una situación de emergencia en un desastre socio-natural si sabemos que en nuestro país ocurren de forma seguida?.

Al desglosar esta historia de vertederos, incendios y malos olores, podríamos partir por el 26 de abril de 2002, fecha en la que se decreta el cierre definitivo del Vertedero de Lepanto en San Bernardo. En esa instancia se inauguró Santa Marta como relleno alternativo que recibiría la basura de 10 comunas.

Pero no tuvo un buen comienzo dado que diferentes organizaciones comunitarias hablaron sobre las deficiencias con las que contaba el nuevo basural, incluso la edil de la época en Talagante, Lucy Salinas, fustigó a las instituciones que dieron el inicio de las actividades del relleno, señalando su extrañeza en que el Sesma, la Conama y el Intendente Metropolitano (Marcelo Trivelli) defendieran “tanto a un consorcio que ha actuado desde que se inició en forma ilegal (…) Cierran Lepanto porque no cumple con las condiciones sanitarias y reabren Santa Marta, que es peor que Lepanto". (Emol - 03/05/2002)

La empresa, en estos casi 14 años de funcionamiento jamás ha podido dar tranquilidad a la comunidad y por ello podemos hablar de una “sociedad de la desconfianza”. Un ejemplo tácito fue la activación de un comité de operaciones integrado por la Oficina Regional de Emergencia, la Gobernación Provincial de Talagante, la seremi de Salud y la empresa Consorcio Santa Marta, quienes acordaron suspender la recepción de residuos temporalmente, hasta tener controlado el evento, detalla el documento emitido por la empresa. (Emol 19/01/2016).

Así, se dejaba fuera de la mesa a las organizaciones comunitarias que conocen el territorio y que siempre se han opuesto al relleno sanitario, mostrando una concentración de poder de parte de las autoridades centrales, regionales y el mundo privado, nuevamente excluyendo a la comunidad en la toma de decisiones que afectan tanto a las zonas como a su cotidianeidad en la que habitan.

Entonces, ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y el recorrido es largo y difuso.

En primer lugar no existen políticas públicas claras para enfrentar casos de emergencia cuando se desarrolla un desastre socio-natural. Ya lo hemos visto en casos como: Chaitén (2008), terremoto y tsunami (2010) y los deslizamientos de tierra provocados por la lluvia en Copiapó (2015) que provocó cientos de víctimas y millones en pérdidas materiales.

Seguimos improvisando al momento de enfrentarnos a una amenaza, ante esta verdad el diputado PS, Daniel Melo indicó: “Es insólito que la gran solución ambiental para nuestros residuos sea enterrar millones de toneladas diarias de basura. El incendio en Santa Marta obliga al Estado a repensar nuestra política en el manejo de residuos”. (El Mostrador.cl – 19/01/2016)

La vulnerabilidad social en los territorios de mayor riesgo es pan de cada día, como dato, podemos enuncia que de los 6 vertederos que se encuentran en la Región Metropolitana, el 100% se encuentra en la periferia pobre de Santiago, porque si bien es entendido que las externalidades negativas deben ser instaladas en la afueras de la ciudad, todavía no podemos ver un relleno sanitario en La Dehesa o en Chicureo, por ejemplo, generando desigualdad y segregación entre la población.

La debilidad institucional, a través del Servicio de Evaluación e Impacto Ambiental (SEIA) reflejada en el casi nula acción por parte del Ministerio de Medioambiente, o la garrafal falla del Minsal al indicar al igual que el Intendente que los gases no eran tóxicos “las emanaciones de este incendio no son más tóxicas que las de un siniestro estructural, pues se trata de material orgánico en combustión y no de un incendio de características puramente químicas. Por lo tanto, pese a que algunos de estos gases son irritantes a las mucosas, se presume un bajo riesgo para la salud de la población debido al tipo de material que se está combustionando”. (Web Minsal 19/01/2016).

También hay que sumar el irregular e ineficiente plan de comunicaciones, se entrega información falsa, no hay claridad en las vocerías, no hay respuestas de expertos, ni tampoco rectificación de errores. En este sentido, se miente a la ciudadanía, tanto por el origen del incendio como la toxicidad de los gases emanados del siniestro, el Intendente de Santiago no es el más indicado para realizar la vocería, para ello están los ministros del medioambiente o el de salud, tampoco hubo consulta a los investigadores en la materia de grandes universidades o centros de estudios para garantizar la información que se entregó a la ciudadanía, ni menos tener la ética para corregir la falta.

En resumidas cuentas, nuevamente improvisamos ante una emergencia, nuevamente los poderes establecidos dejan fuera de la discusión a las comunidades y alejan la posibilidad que las personas que conocen su territorio apliquen una participación ciudadana efectiva para fortalecer a las comunidades (caso aparte es Lo Herrera, pueblito más afectado del que nada se sabe y a los que le dijeron que no había problemas y siguieron haciendo sus vidas como si nada hubiera pasado).

Nuevamente, las autoridades no son las competentes para enfrentar este y otros tipos de desastres socio-naturales, en donde se extraña, primero que todo, la experiencia de los funcionarios frente a estos temas (que en muchas ocasiones son elegidos a dedo o concursos públicos que vienen con nombre y apellido), pero también los protocolos de prevención, reacción, emergencia y reconstrucción.

De nuevo algo está pasando y algo huele mal, cuando la tecnocracia que desgobierna decide abrir la puerta de entre 4 paredes y en conjunto con el mundo privado, (que regularmente genera los desastres socio-naturales), instalan las decisiones que afectan a las comunidades, poniendo el mercado por sobre las personas, en esta oportunidad en una vasta zona del sur-poniente de Santiago.

Ahora solo queda preguntarse, ¿y cuál será la próxima?

Enzo Borroni Ricardi
Periodista
Magister en Desarrollo Urbano.

 
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