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A 10 años del asesinato de Manuel Gutiérrez, ¿ha cambiado el actuar policial? Por Ilsen Jara

Hace 10 años un disparo de un carabinero aniquiló la vida del adolescente Manuel Gutiérrez. Chile, en ese entonces, era escenario de varias protestas sociales que tuvo por respuesta el uso excesivo de la fuerza y un cuestionable actuar de las policías en varios aspectos; tristemente similar a los que hemos visto en casos posteriores, en particular tras el estallido social.

Era la noche del 25 de agosto de 2011, cuando Manuel- junto a su hermano que se trasladaba en silla de ruedas- observaba desde una pasarela las manifestaciones que ocurrían en la zona sur de Santiago. En ese instante, el pecho de Manuel fue impactado por el disparo de una ametralladora Uzi que le significó la muerte a sus cortos 16 años. En esa oportunidad también salió herida otra persona, Carlos Burgos Toledo.“El carabinero que mató a Manuel se bajó del vehículo policial y disparó de inmediato hacia la pasarela. Él no se bajó a repeler un ataque, se bajó directamente a atacar”, menciona Cristián Cruz, abogado de la familia de Manuel Gutiérrez y especialista en derechos humanos.

Tras este suceso, se alzó la idea de instaurar en el país el 25 de agosto como el Día de las Víctimas de Violencia Policial. Lamentablemente en los últimos años se han ido sumando nuevos nombres por quienes conmemorar esta fecha. ¿Cómo podría ser diferente si la gravedad de este caso no significó un cambio en el país? Tampoco produjeron cambios los casos anteriores, como el de Matías Catrileo en 2008, ni los posteriores, como el asesinato de Camilo Catrillanca en 2018. Las autoridades no repararon el daño causado y no fueron capaces de ofrecer a la ciudadanía garantías de no repetición. Y fue así como la brutalidad policial se hizo presente una vez más y de manera generalizada tras el 18 de octubre de 2019.“Era esperable que hubiera un antes y después tras el asesinato a Manuel, pero eso claramente no pasó”, relata el abogado.

Es importante recordar además que el ex sargento Miguel Millacura, condenado judicialmente por hacer el disparo mortal, inicialmente negó la utilización del armamento: utilizó munición propia, limpió el arma y repuso las municiones por las reglamentarias para impedir que se le descubriera.

Millacura fue en definitiva condenado a 400 días de pena remitida, pues la Corte Marcial y luego la Corte Suprema consideraron que el resultado de muerte no fue intencional, calificándolo como cuasidelito de homicidio. Hay que recordar también que cuando ocurrieron estos hechos, y hasta 2016 cuando cambió la legislación, delitos que podrían constituir una violación a los derechos humanos se veían en la Justicia Militar. Así fue como este carabinero- como la inmensa mayoría de uniformados involucrados en abusos como este- no pisó la cárcel.

Para la familia y el abogado Cristián Cruz, esta condena no guarda proporción con la envergadura del crimen, debiendo haberse calificado como delito y no cuasidelito. Actualmente están intentando encontrar justicia en instancias internacionales, llevando un caso en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la expectativa de llegar a la Corte Interamericana.

Hoy Cristián Cruz es, además, querellante en el caso de Álex Nuñez, quien murió el 22 de octubre de 2019 tras recibir una feroz golpiza por parte de carabineros en el marco del estallido social. Este caso aún no cuenta con formalizados, en gran medida debido a que carabineros no ha entregado toda la información necesaria. Por eso el abogado advierte que “se ve una política de encubrimiento con la intención clara de que las causas no avancen”.

En varios de los casos más recientes hemos visto cómo algunas prácticas nefastas de los policías, de manera vergonzosa, se han repetido una y otra vez. Aparte del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, el encubrimiento y la defensa institucional se han ido instalando como una lógica habitual. Por cierto, el respaldo incondicional de las autoridades de gobierno a Carabineros, también es una praxis peligrosamente instalada que impide que realmente se erradiquen procedimientos contrarios a los estándares internacionales de derechos humanos.

Deplorable y similar situación vimos, por ejemplo, en el caso de Camilo Catrillanca, debido a la alteración de pruebas y versiones falsas de los hechos intentando evadir responsabilidad. Pese a ello, el asesinato del comunero mapuche se convirtió en la primera excepción que empieza a romper con la tradición de impunidad en Chile. La sentencia condenó a seis ex funcionarios de carabineros por homicidio, apremios ilegítimos, obstrucción a la investigación y otros delitos, tres de los cuales deberán pagar con prisión por disparar sin justificación alguna al joven mapuche y a un adolescente que lo acompañaba, cuando iban en un tractor por un camino rural. Por primera vez un carabinero irá a la cárcel por matar a una persona.

Ahora, si consideramos lo ocurrido tras el estallido social, vemos cómo el accionar policial, respaldado por los mandos de la institución y las autoridades gubernamentales, nos mostró una vez más su lado más cruel e inhumano. Por ejemplo, en el caso de Fabiola Campillai, aparte de evidenciar el nivel de atrocidad al que puede llegar la fuerza policial sin motivo alguno, dejó de manifiesto de nuevo una seguidilla de anomalías que se encienden cuando un carabinero es acusado de hacer uso excesivo e indebido de la fuerza.

La investigación que lleva a cabo la Fiscalía por el caso de Fabiola Campillai señala que el funcionario que sería responsable del ataque, no estaba certificado para utilizar una escopeta lanza gases en la fecha de la agresión. Esta última certificación recién la había obtenido al mes siguiente. Las primeras declaraciones de los carabineros en el marco de la investigación administrativa interna, se repiten de manera casi textual, señalando que había muchos manifestantes agresivos, que las bombas lacrimógenas fueron lanzadas de manera apropiada, y que no se percataron de que hubiera lesionados, todo lo cual se demostró posteriormente que no era verdad a partir de imágenes de video. Las imágenes de las GoPro fueron vistas por los involucrados y sus superiores el mismo día 26 de noviembre de 2019 en la comisaría, pero luego devueltos a los involucrados. Carabineros entregó las imágenes a Fiscalía recién en febrero de 2020; antes de eso hicieron formalmente entrega, pero el CD que proporcionaron estaba vacío. Por estos días, nos enteramos, además, que hay una nueva evidencia que indica que el uniformado que realizó el disparo había ocultado por más de un año el hecho de haber portado una cámara durante el procedimiento en que dejaron ciega a Fabiola .

Estos son solo algunos casos de violencia policial. Sin duda, hay muchos más y lamentablemente la lista de víctimas va en aumento porque la impunidad permite que así sea. Y así, cada asesinato u otro tipo de brutalidad policial no parecen suficientes como para marcar un antes y un después en el país. Hacer rendir cuentas a toda la línea de mando en este tipo de casos y exigir a las autoridades que realmente tomen decisiones teniendo como base los derechos humanos, incluyendo la instauración de una nueva policía que opere bajo esa lógica, es un camino que no se puede seguir soslayando.

Ilsen Jara es directora de comunicaciones de Amnistía Internacional Chile

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