Desde la Directiva ANIP 2025-2026, consideramos que ser pobre es una desventaja, no un regalo, especialmente en ciencia. En ese sentido, quienes provienen de orígenes sociales más desfavorecidos y son parte de las y los trabajadoras/es del conocimiento ven agudizadas sus problemáticas materiales y sociales que padecen en las etapas iniciales del quehacer investigativo. Esto se debe a que experimentan menos oportunidades en el desarrollo de una carrera científica, debido a carencias de recursos y de contactos.
En ese sentido, la meritocracia promovida en el sistema educativo y laboral no se cumple, ya que se reproducen las barreras sociales en el acceso educativo, que incluso en algunos casos impide la aproximación a condiciones laborales más estables y obstaculiza la sostenibilidad en los cuidados que principalmente desarrollan las mujeres investigadoras, lo que es aún más difícil para aquellas que son originarias de clases sociales más precarizadas, donde algunas de ellas no tienen acceso a jardines infantiles públicos para el cuidado de sus hijos mientras desarrollan actividades de investigación vinculadas a un posgrado en curso o a labores ejercidas dentro de una universidad.
Este aspecto quedó en evidencia en la encuesta de caracterización social y laboral de las personas postgraduadas o residentes en Chile. Esta encuesta fue realizada por ANIP entre agosto y octubre de 2024, en colaboración con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para su difusión. Dentro de sus resultados se evidencia la presencia de desigualdades sociales, de capital cultural y económico que limitan el acceso a los sectores más precarizados de la sociedad. Mientras tanto, el sistema educativo actual fomenta el ingreso de quienes poseen mayor capital educativo de sus padres. Este aspecto les permite acceder a empleos más estables dentro del campo académico y científico.
Los encuestados con grado de doctorado proceden en mayor medida de sectores socioeconómicos con más recursos y de familias con un mayor capital cultural, en relación con quienes ostentan otros grados académicos. Mientras que aquellos que poseen el grado de magíster provienen de condiciones socioeconómicas más modestas.
Por tanto, ser pobre en ciencia es una demostración de desigualdad en el acceso al conocimiento científico, más en un modelo que reproduce las disparidades, como el chileno.
Por otro ámbito, mientras en el contexto político institucional del país escuchamos autoridades explicitar que “ser pobre es un regalo”, en el Estado, las y los trabajadores vinculados a instituciones del poder ejecutivo están viviendo la incertidumbre de posibles despidos, de “descontinuación” y “rebajas” de programas vinculados a diversos ministerios. Esto se debe a la futura y factible reestructuración del presupuesto de Hacienda para el año 2027. Dentro de estos cambios, se explicita que se “reducirían” los recursos destinados a programas de distintos ministerios orientados a beneficios sociales (https://www.theclinic.cl/2026/04/24/el-listado-de-quiroz-revisa-aqui-la-lista-completa-de-programas-que-hacienda-propone-descontinuar-o-rebajar-presupuesto/amp/). Todo a modo de consecuencia de la reforma tributaria que plantea disminuir los impuestos derivados de los ingresos de las grandes empresas, propuesta que no asegura la creación de empleos, tal como ha sido difundido por la prensa estos días.
Estos anuncios contradicen los altos niveles de desigualdad, de precarización de la vida y de problemáticas laborales que vive el país, agudizados con la pandemia de COVID-19. Aspectos que se profundizan en el Informe sobre Desarrollo Humano en Chile publicado en 2024, en donde se explicita que la principal problemática que vive el país es la desigualdad (https://www.undp.org/es/chile/publicaciones/informe-sobre-desarrollo-humano-en-chile-2024).
En cuanto a los aspectos laborales que definen la calidad del empleo de los trabajadores, se muestra que el 23,3% de las personas, según la encuesta ENCLA de 2023 (Encuesta Laboral de la Dirección del Trabajo), tenía relaciones laborales flexibles. Esto se refiere a trabajos que no garantizan estabilidad a largo plazo. Tal es el caso de las modalidades a contrata, a plazo fijo o emitiendo boletas de honorarios a una entidad.
Mientras que la realidad de las trabajadoras/es del conocimiento no se aleja de esa realidad de precariedad, más bien es más aguda y compleja. Según los datos de la encuesta sobre caracterización social y laboral de las personas postgraduadas en Chile, el 47,1% manifestó que desarrollaba sus funciones bajo modalidades contractuales "flexibles" (46% quienes poseían grado de magíster y un 55% los egresados de doctorado). Dentro de la flexibilidad en la modalidad contractual, se consideran los contratos a plazo fijo en el sector privado, los a contrata en el sector público y los honorarios en ambos sectores. También se contemplan los convenios de becas de posgrado, tanto del Estado como de las universidades. En este caso, el 15% de los encuestados mencionó que su principal forma de apoyo económico eran las becas.
En relación a las becas de postgrado de ANID, estas aparecen en los listados de programas que el Ministerio de Hacienda propone “descontinuar”, según lo planteado por el medio de comunicación The Clinic (https://www.theclinic.cl/2026/04/24/el-listado-de-quiroz-revisa-aqui-la-lista-completa-de-programas-que-hacienda-propone-descontinuar-o-rebajar-presupuesto/amp/). De ser concretada una medida de este tipo, el salario del 15% de los posgraduados vería afectada su principal vía de ingreso por desarrollar la labor investigativa (según los datos de la encuesta de caracterización social y laboral de las personas posgraduadas o residentes en Chile). En la actualidad, las becas de postgrado nacional de ANID no alcanzan a cubrir a la mayoría de las personas que desarrollan magíster y doctorados en Chile. A tal punto que el número de matriculados en doctorados en Chile durante 2025 sobrepasó los 8000 estudiantes (Informe de Matrícula de Educación Superior SIES, 2025). Mientras que cada año aproximadamente se asignan entre 900 y 1000 becas de ANID. Si bien las becas ANID no alcanzan a cubrir a la mayoría de las personas que se dedican a la investigación mientras cursan postgrados, estas son una forma de financiamiento al trabajo investigativo en el país. Su eliminación generaría una precarización del sistema, aún mayor a la existente en el presente. A tal punto de empeorar sistémicamente el ejercicio investigativo de quienes se desempeñan en este rubro en sus etapas formativas e iniciales, más aún considerando que las becas de universidades, en general -no siempre- tienen montos menores a los asignados por ANID.
En ese sentido, en un corto plazo, son justo las becas nacionales otorgadas por ANID las que deberían aumentar en su número, para cubrir las investigaciones en sus etapas iniciales. Becas que deberían incorporar recursos para sostener la seguridad social (salud y previsión). Mientras que en un largo plazo las becas deberían aspirar a convertirse en contratos laborales de investigación para aquellos que cursan estudios doctorales, tal como acontece en países del centro norte de Europa. Sumado a lo anterior, se propuso “descontinuar” los Centros de Excelencia en Investigación y Desarrollo en Áreas de Focalización Estratégicas y los Programas Iniciativa Científica Milenio (ICM) (https://www.theclinic.cl/2026/04/24/el-listado-de-quiroz-revisa-aqui-la-lista-completa-de-programas-que-hacienda-propone-descontinuar-o-rebajar-presupuesto/amp/). Aspecto que, de ejecutarse en un futuro, agudizará las problemáticas de inserción de las y los investigadoras/es en sus etapas iniciales, ya que habría una disminución de los potenciales lugares de empleo y de trabajo.
Lo mencionado es solo ejemplo de las problemáticas que afectarían a las y los trabajadoras/es del conocimiento con esta propuesta de “descontinuar” o “reducir” el presupuesto de una serie de programas públicos. No obstante, una posible "rebaja" o "discontinuidad" de otros servicios sociales también afectaría a las y los trabajadores del conocimiento más precarizados. Sus familias, al igual que el Chile real, acceden a programas de alimentación de niños en las escuelas o a programas gratuitos de salud mental, ya que también tienen acceso a estos beneficios.
La ciencia también crea valor social y comunitario, y ayuda al progreso de la sociedad. No debería enfocarse solo en hacer dinero o en "generar empleo" solo desde un punto de vista empresarial, sino que debería ampliar sus funciones y propósitos desde una mirada integral que incluya el desarrollo social y comunitario. Es decir, la empleabilidad del trabajo científico se manifiesta en todas las disciplinas, con el sentido de influir y generar nuevos saberes que produzcan un impacto significativo en el conocimiento científico y en las comunidades. El objetivo es promover un progreso continuo en el corto, mediano y largo plazo.
Estamos en la sociedad del caos, donde reina el miedo y la incertidumbre, más aún cuando hay inseguridad sobre lo que pasará mañana y en algunos años más. Aspecto que llama a apelar a la solidaridad y a la protección entre las y los trabajadoras/es de los distintos sectores y rubros en el país. La unidad de lo social es fundamental para hacer frente a vientos que anuncian disminución de derechos sociales, más aún cuando está en la mira una posible reforma tributaria, que podría reducir los recursos que financian los programas sociales del Estado.
Las y los trabajadoras/es del conocimiento no debemos estar ajenos a esta coyuntura, más aún si consideramos que investigar es trabajar. La ciencia es política y, por ende, debe involucrarse en el debate para visibilizar y difundir su importancia. Esto explicita la necesidad de empujar un nuevo modelo de desarrollo basado en el conocimiento, en conjunto con las y los trabajadores de otros rubros y la ciudadanía.
Autores:
Marianela Aravena Garrido, estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires; Magíster en Ciencias Sociales, Mención sociología de la Modernización UCH; Magíster en Historia UCH.
Rodrigo Torrealba Ríos, Magíster en Sociología PUC; Sociólogo Universidad de Artes y Ciencias Sociales. Magister en Política Educativa Universidad Alberto Hurtado.
Andrés Vargas Fernández, estudiante egresado Dr. en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias; Magíster en Ciencias Animales y Veterinarias. Magíster (c) en Innovación en Ciencia y Tecnología MIE Universidad de Chile.
