Desde el año 2020 en el contexto de pandemia, el combustible fluctuaba por debajo de los $800/lt en el caso de la gasolina de 93 octanos, mientras que el diésel no superaba los $500/lt. Años posteriores, los conflictos internacionales, marcaron la pauta económica. Durante la invasión a Ucrania en el año 2022, el Ministerio de Hacienda en Chile — entonces liderado por Mario Marcel— utilizó el MEPCO para amortiguar el alza de los combustibles y así, frenar la inflación que alcanzaba el 14%, protegiendo la economía doméstica de las familias chilenas. Al inicio de gobierno, además de vociferar un supuesto “Estado en quiebra”, el Ejecutivo liderado por el presidente Kast y el ministro Quiroz decidió no intervenir, permitiendo que el mercado internacional dañe directamente los procesos productivos y a las familias.
Al día 12 de noviembre, los combustibles oscilan apenas debajo de los $1800/lt. Sin duda este aumento progresivo afectó el ciclo económico nacional y, por tanto, la temida inflación que castiga de manera transversal a los consumidores se profundiza en aquellos grupos más vulnerables. Todo lo anterior, agravado por una paralización nacional por parte de diversos transportistas y gremios. Por ello, no da lo mismo el rol del Estado en los vaivenes del mercado y la protección de las familias.
El capricho de instalar el discurso de emergencia por el Presidente Kast y el ministro Quiroz al inicio de gobierno, se tradujo en la decisión política y económica de no aplicar de manera efectiva el MEPCO sobre los combustibles. Así vemos un ejecutivo errático, con especial dedicación a sus intereses corporativistas dirigiendo y correspondiendo su trabajo a las grandes fortunas. El desbalance es evidente, un gobierno desinteresado en la protección a las pymes o familias emprendedoras y, por otro lado, servicial y apostando a la apertura económica de las inversiones, sin producción local, ni sostenibilidad, sólo la inversión inmediata, que tampoco ha sido efectiva.
El ministro de Hacienda Jorge Quiroz reconoce un momento económico nacional marcado por una recesión técnica con cifras de crecimiento del PIB en -0,3% durante el primer trimestre y con una variación de 0% en el segundo, a partir de lo informado por el Banco Central. Esto se complementa con el ingreso de un presupuesto nacional que tiene impacto negativo directo con programas relevantes para las familias y grupos de trabajadores. Por nombrar ejemplos, se evidencia la disminución de los fondos en el programa de Asentamientos Precarios del MINVU. Además, en el área de empleo el gobierno quita apoyo a las políticas de trabajo y de capacitación a través de SENCE, algo ilógico en el contexto de una ascendente crisis laboral focalizada en las juventudes y mujeres.
Es imperante que el gobierno tenga consideración por las familias de la clase trabajadora. Consideración por quienes empiezan a emprender, con quienes trabajan en el campo, en educación, en salud, en definitiva, con quienes mueven al país. El interés real del gobierno ya es algo transparentado en favor de quienes concentran la riqueza, pero este actuar daña la vida económica, la salud mental de las personas y de esas familias que prometieron defender en el periodo de campaña. Finalmente, llegar tarde con la aplicación del MEPCO, es apagar el fuego con bencina.
