Lo sustancial en materia constitucional, está en pleno desarrollo, y los tiempos son acotados.
Son múltiples los entendimientos que se deben tener, y muchos quienes deberían comprenderlos, pero es requisito que sean auténticos sin calculadoras en mano. Está en juego no sólo una convivencia entre personas, sino que la esencia de una sociedad justa, opuesta a la que ha sido compartida por largos años, en que uno de los ejes principales tiene relación con la igualdad de oportunidades, causa de las desigualdades y que quienes han sido cercanos a los poderes gubernamentales, les ha costado comprender o bien no es materia de su interés.
Viene un camino colmado de acontecimientos, y aunque en época de pandemia los participantes del plebiscito sobrepasaron a algo más del 50% de los habilitados para votar, lo cual puede ser significativo, ello no es garantía para lo que viene.
En experiencias previas de actos plebiscitarios, como el año 1988, hubo una fuerte dosis de supuestos, en cuanto a que todos a quienes convocaba el NO, tenían la misma sensibilidad, pero ello no fue así, de lo contrario el tema de una nueva Constitución, no se habría instalado 32 años después, y a 40 años de su redacción en plena dictadura, sino que una real democracia se habría impuesto y tal vez ni siquiera habríamos experimentado una revuelta durante el año 2019.
Ha sido un tiempo extenso, en que se observa la ausencia de criterios comunes, hay dispersión por todos lados, lo que no son augurios de una madurez para llegar a la redacción de una Constitución medianamente decente, si más aún ya viene normada desde la Constitución del 80 con la reforma que se generó el año 2019 y que entrega las bases para el proceso constituyente hoy en desarrollo, estableciendo un piso de partida. El proceso habría sido “sano”, si no hubiese tenido condiciones impuestas obligando a un puente entre la Constitución actual y lo que en teoría debería venir, lo cual le resta poder de decisión a la ciudadanía mayoritariamente lejana al acuerdo del 15 de noviembre del año 2019. Se parte con dos cerrojos.
Además, nadie puede aducir algo crucial para este paso que se “abrió”, en cuanto a una recomposición de confianzas, que emanen del acuerdo llamado “acuerdo por la paz”, de una guerra inventada en Palacio, cuando lo real era y es una problemática social profunda, en que se identifica como responsables, ese 1% de poder económico del cual forma parte un personaje que tiene nombre y apellido.
En este contexto, se observa que hay personas a las cuales, les da lo mismo las temáticas de las confianzas, ya que viven de las ventajas del individualismo y forman parte de los poderes que le han producido un daño enorme al país y a sus habitantes.
Momento histórico de origen.
Si el momento histórico tiene claramente su origen desde las estructuras que provienen del gobierno militar, para determinados efectos resulta propicio mirar los orígenes en otro lado, sin ni siquiera ser necesario un análisis tan extenso.
Es la convicción de que nunca hemos estado viviendo en democracia, sino en la extensión de aquello planeado sigilosamente en dictadura, que a sus autores les dio resultado y otros se embarcaron en calidad de administradores, con el paso de los años.
Podrá haber muchas definiciones de democracia, y a la cual confiero valor es a la voluntad de mayorías para el bienestar de todas y todos. El hecho de votar, no es lo que determina la existencia de una democracia, la profundidad de ésta habría sido no alcanzar un momento de tensión como lo fue el denominado estallido social, junto a la participación masiva en la construcción del país por parte de muchos, con un sentido de humanidad y sin privilegios en aspectos esenciales de la vida.
La aseveración realizada, se basa en dos cuestiones, una es cuando en la oposición se habla de la Constitución de Pinochet, la otra cuando en la derecha de nivel UDI, hacen mención a los designios de esa época como las “reglas del juego”, dos aspectos que corroboran la inexistencia de una democracia, y mayor cantidad de raíces en dictadura que ahora se dejan ver alrededor de la base del árbol.
Identificada una visión de este tipo, nunca se puede ocultar una estimación e inquietud del accionar de poderes facticos en los tiempos actuales, sin caer en la categoría de un pájaro de mal agüero, pero no hay que olvidar la forma en que se han fraguado las últimas dos Constituciones, la de 1980 y la de 1925. Hasta podría estar instalada una convicción, en que el narcotráfico opere como elemento beneficioso para una estructura política, y forzando a un desmedro de la sociedad.
Una vez más, se entra en el terreno de una interpretación de la historia, con la claridad que no se pueden dejar de lado hipótesis que el tiempo comprobara su veracidad.
Algo sobre lo que rodea el proceso Constituyente.
Pero un cambio Constitucional proveniente del acuerdo por la Paz, no empieza ni termina en las normas ya fijadas, y otras aún en desarrollo para tener lo que va ser el proceso constituyente totalmente definido.
Ya tuvimos una partida de un plebiscito de entrada, donde por alguna razón el voto no era obligatorio. Lo interesante y que abre posibilidades es que el plebiscito de salida se determinó con voto obligatorio.
De lo anterior, es que finalmente concurre toda la ciudadanía en edad de sufragar, pero nadie tiene la obligatoriedad de seguir lo formal de un acuerdo del cual no fue parte, que en absoluto se validaba con el plebiscito del 25 de octubre, donde las alternativas en las papeletas eran otras y no estaba implícito una aceptación a los términos en que el acuerdo fue redactado, de lo contrario tendría que haberlo mencionado de manera transparente.
Así la posibilidad queda abierta, para que una parte de la ciudadanía se pueda organizar y hacer una contrapropuesta de texto constitucional, que en el momento indicado se haga público, sin constituir un acto de rebeldía sino dar relevancia a un acto asimilado a democracia y por una vía diferente a la Constitución del 80, insistiendo nuevamente en su redacción de dictadura.
Otro aspecto que algunos han sacado a relucir, como lo afirmado por el ex presidente Lagos, es que no hay que hacerse grandes expectativas con una nueva Constitución, podría tener razón. No obstante, lo que no es expectativa por el lado constitucional, sí lo es en otros ámbitos de la construcción de una sociedad diferente, necesidad que debe cubrirse de forma paralela, considerando que un país debe estar determinado por canales de decisiones y cambios que transcurren por vertientes diferentes, y tratándose de la vida con beneficios para el ser humano, las vías, deben ser múltiples. Para que nadie se asuste, no se trata de la acción violenta, es la acción del pensar y la culminación con decisiones de cambios.
La violencia sólo se produce cuando habiendo sido utilizada como mecanismo de justificación de fines, instaura una forma de vida indigna y está se perpetúa en el tiempo, con una reacción natural determinada por rabias contenidas. En síntesis, en el acontecer de hechos, el proceso constituyente es sólo una parte del todo y no sirve para nada sin elementos condicionantes que también deben ser materias de modificaciones profundas.
Entendimiento Social y Cambio de Actitud.
Si no se manifiesta un entendimiento de lo social junto a un cambio de actitud, los procesos conducentes a una sociedad diferente, pueden quedar truncados. Por supuesto, y esto ha quedado evidenciado en tiempos de pandemia, los ADN de la autoridad no logran adecuarse al sentido humano de la vida, y la demostración de actitudes negativas van quedando en evidencia. En la actualidad esto está más latente, pero también ha sido el reflejo de una condición de arrastre post gobierno militar. La mantención de estructuras de manera sostenida en el tiempo, es reflejo de una actitud y convicción de aceptación a lo impuesto desde la dictadura militar.
Esto va mucho más allá de las frases desafortunadas de autoridades gubernamentales que transmiten de vez en cuando, se trata de la imposibilidad e insensibilidad de comprensión de la vida misma, centrada en la individualidad.
Son muchas las materias que pueden ser materia de análisis, pero en lo más reciente el tema de lo previsional postergado por tantos años, ha dado que hablar, producto de las iniciativas del retiro del 10%, por parte de los afiliados a las AFP.
Claramente el gobierno y sus autoridades no alcanzan a mirar la realidad de las familias, que no pueden ser comparables a sus círculos en que hay mayor cercanía con ese segmento del 1% más rico, y un concepto de la necesidad de la defensa al negocio de lo previsional, blindado por el discurso del supuesto resguardo de las personas para su vejez.
Es claro que una persona en plena actividad laboral y situado en el éxito, si es que se le puede llamar así al bienestar económico holgado, puede atender los parámetros que otorgan resguardos de “seguridad” a sus vidas: el ahorro previsional obligatorio, márgenes de ahorro previsional de voluntario, ahorros de otro tipo no con vistas a lo previsional y bienes que constituyen inversión. Para redondear esta condición, podemos agregar que para la satisfacción de las necesidades de una “vida digna”, no requieren endeudarse y el complemento perfecto es un plan de salud. Es decir, estamos en presencia de fuertes pilares de apoyo.
Abordando otro extremo, no necesariamente de una persona situada en un nivel tan bajo, no estará en condiciones de aportar “a su ahorro previsional voluntario”, en materia de salud está determinado a lo más cercano a lo que le alcance con el 7% de su sueldo y deberá recurrir para satisfacer medianamente una condición de dignidad, a la capacidad de endeudamiento, entrando así a un círculo vicioso. Resulta vital en este contexto la estabilidad laboral y la responsabilidad del empleador de efectivamente pagar las cotizaciones previsionales. Los pilares de apoyo son débiles y sujetos a grandes riesgos, que influyen en la condición de vida.
Bajemos un peldaño, llegamos así a los niveles socioeconómicos más postergados, donde lo previsional y la salud no es motivo de asignación de recursos para solventarlos, se trata de un contexto de escasas oportunidades, condiciones de precariedad acentuadas, inestabilidad extrema y grandes carencias por condiciones de vida insatisfechas.
Estamos en los dos últimos grupos con aquellas personas, en que los gobernantes desconocían su desplazamiento en las mañanas y en una ocasión no supieron, en el marco de pandemia, hacer coincidir el horario de partida del transporte público con la apertura del Metro en Santiago.
Pero y para no dejar de lado la situación que se pueda dar en otros lugares del país, a un ministro que ya no es parte del gabinete, le llamó la atención el darse cuenta de las condiciones de hacinamiento en que viven las personas. Si el gobernante no conoce la forma de vida de sus gobernados, no tiene las competencias necesarias para ejercer el cargo, pero ese es otro tema que surge de rebote, y sencillamente habrá que respetar la democracia reglamentada en dictadura.
Volviendo a lo esencial, el país ha sido doblemente sorprendido, por un lado, aquello que operaba bajo contención, condiciones de vida indignas, pero que no eran materias de hacerles caso, sino que postergar y perpetuar lo indigno, hasta que vino la inevitable reacción. El segundo hecho tiene el nombre de coronavirus, y con ello se evidencia la indolencia del gobierno en tratar estas materias y su defensa férrea al modelo y a los intereses de los cuales forman parte.
No hay que hacer un análisis tan profundo para darse cuenta, que estamos en uno de los riesgos mayores que puede afectar a un país y a sus habitantes, la mayoría no pertenece al segmento que tiene más pilares de resguardo. El problema lo tiene ahora y no se sabe por cuánto tiempo más, ya que nadie puede garantizar estabilidad en el corto plazo. Consecuencia lógica es ante una adversidad del hoy, es recurrir a los ahorros disponibles, al no tener otra posibilidad, la única parte donde se podría tener ahorros provenientes de un trabajo ya realizado, es en el ahorro previsional, ya que ayuda a aliviar problemas del presente como único camino.
La autoridad, en su razonamiento interno, no ve con mucho agrado comenzar a quitarles dineros de la AFP, se esmera en ponerle trabas, como lo conocido el día de hoy, domingo 22 de noviembre de 2020, de acudir al Tribunal Constitucional.
El gobierno, alude en reiteradas oportunidades al daño en lo previsional que tendrán las personas si retiran su 10%, y más aún dicen que hay personas que con el primer retiro ya se quedaron sin fondos, esto se puede observar con un ejercicio simple según rangos de edades.
Si la persona se encuentra entre los 25 y 30 años, y se ha quedado sin fondos, la lectura es que por un escaso tiempo trabajado no logró acumular una suma significativa, pero aún le quedan entre 30 y 35 años laborales por delante. Si pertenece al tramo entre los 45 y 50 años, y se le han ido sus fondos, el futuro en lo previsional no era muy promisorio, seguramente permaneció mucho tiempo bordeando bajos ingresos.
Por último, si quien retiró se encontraba entre los 60 y 65 años, y también se le ha ido todos sus fondos con el primer 10%, estamos en presencia de un candidato o candidata a una pensión de miseria.
Enseguida, sigue un análisis que apunta a lo racional e inteligente, y entramos nuevamente a la visión que debería tener un gobernante en su sano juicio. Si los ciudadanos tienen problemas económicos que les impacta en su sobrevivencia, y son situaciones del hoy, ¿es el momento para inducirlos a resguardar su futuro sin dejar como preponderante el atender el presente.? Si una persona está en una edad muy cercana a la edad de pensionarse, sin trabajo o con trabajo de bajos ingresos, ¿el gobierno podrá asegurarle un repunte laboral en el período que le resta para llegar a obtener su pensión? Cuando al gobierno le preocupa mucho el tema de los impuestos, ¿será el momento de legislar sobre una modificación a las disposiciones que permiten donaciones con fines tributarios?
Si el gobierno piensa que es el momento de avanzar hacia una reforma previsional, ¿quienes se pensionen en no más de 2 años, tendrán un beneficio significativo al momento de pensionarse?
Ante una insensibilidad social, se recurre a la tercera cámara no elegida, con ello la duda es si su decisión será política con tendencia de favorecer a los grupos económicos, o mostraran una faceta humana en defensa de la problemática social de las personas, aduciendo que la Constitución nunca tuvo previsto un escenario de derechos en tiempos de pandemia, ratificado de manera oficial en que no había precedentes de algo similar en los últimos 100 años. Esto puede ser un argumento para la excepción de la norma y la atención al hecho a que cada persona pueda retirar su 10%, ya que más aún se trata de un acto voluntario de la posibilidad de recurrir a su dinero, no constituyendo algo obligatorio. Había un vacío que no advertía la posibilidad de riesgos de envergadura.
Por último, y seguramente en el imaginario legal, al firmar Sebastián Piñera la primera reforma que permitió el retiro del 10%, no se podría presentar una suerte de jurisprudencia constitucional. O estaríamos frente a un abandono de deberes en el ejercicio de su cargo al no advertir con la celeridad actual, de algo que tampoco se ajustaba a mérito.
Estos son los temas latentes y urgentes de estos tiempos, que requieren reacciones rápidas y la claridad que los descontentos no se hacen esperar. Esto y mucho más, es lo candente en el Chile actual, no en el oasis que ya quedó atrás.
22 de noviembre de 2020
