Las organizaciones y grupos de la sociedad civil y de derechos humanos, así como los colectivos chilenos de Quebec y de Canadá, que firman la presente declaración, hacen un llamado a la solidaridad internacional para exigir la liberación de las prisioneras y prisioneros políticos y a denunciar la represión y criminalización de la protesta social de parte del Estado chileno, que se sigue agravando desde el estallido social en octubre 2019.
Diversas misiones internacionales de observación de derechos humanos en Chile1 han denunciado las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden del Estado en contra de la población, particularmente el derecho a protestar, a la vida y a la integridad personal. Sin embargo, esta situación no es nueva, como lo demuestran las recomendaciones emitidas al Estado de Chile en el curso de las últimas décadas sobre la utilización excesiva de la fuerza, la ausencia de un mecanismo de prevención de la tortura y la abstención de la aplicación de la ley antiterrorista contra los procesos de reivindicación de los derechos del pueblo mapuche2. Estas violaciones se han vuelto generalizadas en el marco de las manifestaciones masivas en Chile.
Nos unimos a las acciones que se realizan en Chile y a nivel internacional con el fin de mantener la presión política en el marco del proceso electoral del 15 y 16 de mayo próximo - que va a elegir las y los miembros de la convención constituyente que participarán en la redacción de la nueva constitución, así como los alcaldes, gobernadores regionales -, que se desarrollará en un contexto de crisis de derechos humanos, de impunidad y con la existencia de prisioneras y prisioneros políticos.
Según cifras oficiales3 (que no son exhaustivas), 27.000 personas han sido detenidas y 2.500 personas están encarceladas con motivo de su participación en las manifestaciones masivas que se han realizado desde el estallido social de octubre 2019. Las misiones internacionales de observación, así como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile han corroborado que la mayoría de las detenciones han sido ilegales, asociadas a casos de tortura, maltratos, violencia sexual y la ausencia de acceso a una defensa jurídica.
Desde este tiempo, en el transcurso del año 2020, se implementaron varias leyes que han intensificado la criminalización de la protesta social, como la ley anti-barricadas y anti-saqueo, entre otras, que agravan las condenas de las personas que participan en las manifestaciones.
 Esto fue denunciado por diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que también condenan las iniciativas que buscan otorgar nuevos poderes a Carabineros, como la excepción de la responsabilidad penal para garantizar el orden y la seguridad.
A un año del encarcelamiento de las prisioneras y prisioneros políticos - en su gran mayoría jóvenes pero también menores de edad -, la investigación sigue en curso, por lo tanto, estas personas están encarceladas sin haber recibido una condena efectiva por el delito del cual están acusadas. Los procesos judiciales empezaron en los últimos meses: algunas personas fueron liberadas por falta de pruebas; otras fueron condenadas a penas de tres a cinco años; algunas arriesgan una condena de más de 20 años y fueron acusadas por la Ley de seguridad interior del Estado. Al día de hoy, el número de prisioneras y prisioneros políticos sigue aumentando ya que las manifestaciones continúan y, en consecuencia, la represión y la persecución penal de parte de agentes del Estado se mantiene. Varias personas prisioneras políticas están actualmente en huelga de hambre (entre 15 a 80 días de huelga hasta el momento) en diferentes cárceles de Chile, con el fin de denunciar las irregularidades del proceso, la utilización masiva de la prisión preventiva y las situaciones de tortura vividas durante la detención y en la cárcel.
También es importante destacar la situación de las prisioneras y prisioneros políticos Mapuche que existe desde hace décadas. “Desde los años 2000, la Ley Antiterrorista se utilizó como medio principal de criminalización de la protesta social Mapuche por lo cual el Estado de Chile fue condenado en el 2014 por la CIDH”4. Actualmente, el gobierno militariza el territorio mapuche gracias al Estado de excepción constitucional, enviando y manteniendo las fuerzas armadas en la región de la Araucanía. El pueblo Mapuche sufre de manera permanente, de parte del Estado de Chile, el no respeto de las obligaciones internacionales suscritos con la firma de pactos y convenciones de derechos humanos.
Diversos informes y recomendaciones fueron emitidas al Estado de Chile y al gobierno de Sebastián Piñera, para implementar mecanismos que aseguren el acceso a la verdad, a la justicia, la reparación y garantías de no-repetición. El 2 de febrero 2021, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile confirmó que las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado no han cesado durante el año 2020 y que aún las recomendaciones más básicas no se han implementado de manera íntegra.
Los casos de violencia sexual, de lesiones oculares y de lesiones causadas por disparos de fusiles de parte de Carabineros no han cesado y el uso de agentes químicos para lesionar y quemar a la población ha aumentado.
El 22 de febrero de 2021, la Corte Suprema de Justicia rechazó una serie de recursos de protección vinculados con las violaciones de derechos humanos. Además, la corte de justicia de Chile no ha dado respuesta a las demandas de alrededor de 3.000 personas que denuncian la violación de sus derechos y ha procedido con lentitud en los casos de más de 2.500 detenciones entre los cuales más del 50% se han demorado más de 365 días.
Desde el comienzo de la COVID-19, en marzo 2020, con solo 238 casos confirmados y 8 personas hospitalizadas, el presidente impuso el toque de queda enviando los militares a las calles. Esto hace que el país lleve un año viviendo en un “Estado de excepción constitucional de catástrofe” que se inscribe en una lógica coercitiva más que de salud pública que busca controlar la población y preservar el pequeño margen de apoyo popular que posee, de alrededor de un 6%.
Además de las leyes que han reforzado la persecución penal y el poder represivo de las fuerzas del orden, Chile invirtió cerca de $ 19 millones de dólares canadienses en solo 3 meses, comprando vehículos antimotines de última generación, destacando los lanza gases blindados, los mismos que utilizan Israel y Estados Unidos en diferentes conflictos militares. También invirtió cerca de $3 millones de dólares para construir un centro de entrenamiento para operaciones policiales y militares en territorio Mapuche. A esto se suma las inversiones a los servicios de inteligencia del Estado. Por otra parte, Sebastián Piñera, como presidente de Chile, tiene más de 40 acciones judiciales en su contra, por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos y en la alarmante cantidad de contagios y muertes por Covid-19.
Desde el estallido social de octubre 2019, se ha interpelado en diversas ocasiones al gobierno canadiense para que se pronuncie y condene las graves violaciones de derechos humanos perpetrados por el gobierno de Piñera contra el pueblo chileno. Como organizaciones de la sociedad civil y colectivos chilenos de Quebec y Canadá, consideramos que el silencio del gobierno de Justin Trudeau puede ser interpretado como una complicidad, poniendo en evidencia que Canadá prioriza sus inversiones en perjuicio de los derechos humanos. No hay que olvidar que Canadá es el primer país que más invierte en Chile, principalmente en el sector minero.
1 Amnistía Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch (HRW), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Misión Internacional de Observación de derechos humanos de la sociedad civil, Misión Quebequense - Canadiense de observación de derechos humanos.
2 Comisión contra la Tortura (CAT) 2018, Observaciones finales concerniente al sexto reporte periódico de Chile:https://acnudh.org/comite-onu-contra-la-tortura-realizo-observaciones-a-chile/
3 Fiscalía Nacional de Chile: www.fiscaliadechile.cl
4 CIDH, (2014). Caso “Norin Catriman y otros vs Chile”, 29 mayo 2014, p.168-177.
Organizaciones y grupos que adhieren a la declaración:
- Alternatives, Montréal, Canada
- Andrés Fontecilla : Député de Laurier-Dorion à l’Assemblée nationale du Québec (QS)
- ARO Coopéraction internationale, Montréal, Canada
- Association québécoise des amis de Cuba (AQAC), Boischatel, Canada
- Caravane d’amitié Québec-Cuba, Québec, Canada
- Centrale Syndicale du Québec (CSQ), Montréal, Canada
- Centre des femmes d’ici et d’ailleurs, Montréal, Canada
- Centre international de solidarité ouvrière (CISO), Montréal, Canada
- Chaire de recherche du Canada en Sociologie des conflits sociaux, Université du Québec à
- Montréal (UQAM), Montréal, Canada
- Chapitre québécois du réseau pour la défense de l’humanité (REDH), Montréal, Canada
- Chile Informa, Montréal, Canada
- Coalition pour la Paix en Irlande, Montréal, Canada
- Coletivo Brasil- Montréal, Montréal, Canada
- Coletivo Brasil-Québec, Québec, Canada
- Collectif Chili s’est réveillé, Montréal, Canada
- Collectif Le droit de vivre en paix, Montréal, Canada
- Collectif Non à l’impunité au Chili, Montréal, Canada
- Collectif Place de la dignité, Montréal, Canada
- Collectif Solidarité Québec-Haïti, Montréal, Canada
- Comité chilien pour les droits humains-Montréal, Montréal, Canada
- Comité d’action des personnes sans statut, Montréal, Canada
- Comitê de Luta Contra o Golpe - Canada, Canada
- Comité de solidarité de l’Estrie, Waterloo, Canada
- Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL), Montréal, Canada
- Comité Québec-Irlande, Montréal, Canada
- Comité S.O.S El Salvador, Montréal, Canada
- Commission altermondialiste et de solidarité internationale, Montréal, Canada
- Confédération des Syndicats Nationaux (CSN)
- Conseil central de Montréal métropolitain - Confédération des syndicats nationaux (CCMM-
- CSN), Montréal, Canada
- Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Montréal, Canada
- Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)
- Forum diaspora africaine-Canada (ADF/FDA-CANADA), Montréal, Canada
- Frente Farabundo Martí para la liberación nacional (FMNL),
- Montréal, Canada
- Groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine GRIPAL, Université du
- Québec à Montréal (UQAM), Montréal, Canada
- Mining Watch Canada, Ottawa, Canada
- Mission québécoise-canadienne d’observation de droits humains au Chili, Montréal, Canada
- Mouvement for social justice, Vancouver, Canada
- Mouvement québécois pour la paix (MQP), Montréal, Canada
- New England Human Rights Organization, Boston, EEUU
- Simon-Pierre Savard-Tremblay : Député à la Chambre de communes du Canada (BQ)
- Observatoire violence, criminalisation et démocratie (OVCD), Université d’Ottawa, Ottawa,
- Canada
- Palestiniens et juifs unis (PAJU), Montréal, Canada
- Syndicat des travailleuses et travailleurs (SST) du Centres intégrés universitaires de santé et de
- Services sociaux (CIUSSS) du NÎM, (CSN), Montréal, Canada
- Table de concertation et de solidarité Québec-Cuba, Montréal, Canada
Ver el original de la declaración en pdf:

