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Carta al presidente Piñera sobre la violación de los derechos humanos de niños y adolescentes

PARÍS, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

A: SR. SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CHILE. PRESENTE.

DE: AGRUPACIÓN DE EX MENORES VICTIMAS DE PRISIÓN PÓLITICA Y TORTURA.

RF: Carta sobre la violación de los derechos humanos de niños y adolescentes forma sistemática en Chile

La agrupación de ex menores víctimas de prisión política y tortura de la dictadura cívico militar, vemos con preocupación la violación sistemática de los derechos humanos de los niños y adolescentes en Chile. Reconocemos que en el plano institucional se han dado pasos hacia el reconocimiento y la importancia de los derechos humanos para la sociedad chilena. Estos se remiten a la creación de la subsecretaria de Derechos Humanos en 2015, como también al rango ministerial que se le ha dado desde 2016 con la creación del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. No obstante, hemos sido testigos de cómo la situación jurídica, educativa, social y recreativa de los niños y de los adolescentes, se ha degradado en estos últimos años. No dejamos de recalcar que el Gobierno de Chile tiene una obligación legal a nivel internacional puesto que firmó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 1990. Nuestra agrupación constata con amargura que el Estado de Chile solo se ha quedado en estas formalidades burocráticas e institucionales, sin cambiar el paradigma llegado desde el siglo 19: encerrar, castigar, humillar y amedrentar, lo que denota que para el estado el niño es un problema. Las medidas que han sido tomadas en los últimos 50 años no han servido para proteger a la infancia y a las familias, más vulnerable de nuestro país. Las últimas leyes dictadas por el actual Gobierno, como las leyes: “anti saqueo”, “anti barricada”, “anti capucha”, “aula segura”, etcétera, no han servido para evitar las violaciones a los derechos de los niños niñas y adolescentes, sino por el contrario estas han permitido mayor represión frente a los menores y la desestabilización de muchos núcleos familiares por la defección económica y afectiva en los cuáles los ha dejado el estado al encarcelar de forma arbitraria a uno de sus miembros.

Nosotros vemos cuando horror como la historia se repite en lo que, respecta a la violación a los derechos humanos utilizando como ayer todos los métodos de un terrorismo de Estado. Nosotros que fuimos víctimas directas de la dictadura cívico militar sabemos cómo se creó un engranaje jurídico político para criminalizar a los disidentes políticos del régimen de facto. Unas de las terribles secuelas que podemos mencionar es la arresto de unos 2200 niños y adolescentes sin que hasta el día de hoy haya habido reparación y justicia tomando en cuenta la situación particular de los que fuimos menores de edad. Otra estrategia represiva fue la desaparición y muerte de menores de edad. Se ha constatado que 73 menores de edad resultaron detenidos desaparecidos durante este periodo. Y cómo lo señala el informe Rettig, 232 niños, niñas y adolescentes fueron ejecutados en el contexto de represión política, que han quedado en su gran mayoría sin justicia y sin verdad histórica. Los hechos actuales que nos remiten al 18 de octubre del 2019, qué marca el inicio de un movimiento social contra la política económica, educativa y cultural del Estado chileno en los últimos 30 años y en particular de la segunda gestión presidencial de Sebastián Piñera. Gobierno que ha dejado un saldo importante de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en general y en particular a los niños y a los adolescentes. Esta ola represiva dirigida desde La Moneda, se transformó en muerte, mutilación, tortura, vejámenes, cárcel, etcétera. Siendo esta última la forma de represión la más utilizada por el gobierno, ayudándose al igual que durante la dictadura de una legislación ad hoc. Esto le ha permitido mantener sistemáticamente en prisión preventiva a miles de personas que han pasado por las cárceles. La presunción de inocencia de los investigados es inexistente. Los nuevos presos políticos o los presos de la revuelta son privados de libertad y pasan largos periodos de reclusión antes de conocer las causas reales de su encierro, los que deben enfrentar un juicio que se aplaza constantemente para poder probar su inocencia, frente a los montajes perpetrados por las policías con la anuencia del poder judicial. En esta situación se encontraron aproximadamente 3818 niños y adolescentes quiénes fueron objeto de privación de libertad. Nosotros entendemos que la privación de libertad no significa la privación de derechos y es con preocupación vemos como en Chile los jóvenes bajo el cuidado del estado no solo sufren te las distintas formas de violencia ya mencionadas, sino que también de sobre medicación. Ella consiste en la prescripción de fármacos que crean una rápida dependencia. Estos fármacos nos preocupan de sobremanera pues son administrados para todos los internos infantojuvenil es sin tomar en cuenta las necesidades individuales de cada uno de los menores y lo que nos parece aún más grave es que estos medicamentos son suministrados diariamente en un cóctel de cuatro o más medicamentos entre los que podemos mencionar: el diazepam y la sertralina, sin que los padres o la familia sea informada de esta situación. La utilidad de tantos medicamentos nos parece abusivo y no sé condice con la obligación que tiene el estado de garantizar a los niños y adolescentes una vida sana y feliz. Y por otro lado nos parece irregular y arbitrario que los adolescentes privados de libertad luego del 18 de octubre del 2019 fueran al igual que los adultos sometidos a la prisión a pesar de la pandemia de covid-19 que imponía la liberación del mayor número de las personas no condenadas que estaban encarceladas hasta ese momento como lo recomendara la Organización Mundial de la Salud, así como también la alta comisionada para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Nosotros como una agrupación que defiende y promociona el respeto de los derechos humanos no podemos soslayar la grave situación que vive el pueblo mapuche en Chile, en particular las comunidades que se han organizado para que se repare la deuda histórica que tiene el estado de Chile con ellos, a través de la recuperación territorial, cultural y educativa. A esta reivindicación política, cultural y económica el Estado de Chile ha respondido militarizando el territorio mapuche, criminalizando a las comunidades en conflicto con el estado además de reprimir a través de la cárcel como así también de los allanamientos que sirven de intimidación en contra de una parte de la población que es vista desde el estado de Chile como un enemigo interno. En lo que respecta a los niños y adolescentes la violencia les ha tocado directamente, ya sea a través de los allanamientos, ya sea a través de la prisión o como víctimas de heridas con munición de guerra, balas y balines. Lo más grave de esta situación es que ella se ha ido perennizando en el tiempo, sin que las autoridades correspondientes se alarmen de las terribles secuelas físicas, psicológicas y educativas, que estos hechos van dejando en la población infantojuvenil mapuche. Los niños y adolescentes víctima de la violencia de Estado sufren de estrés postraumático, angustia, rabia e impotencia lo que va creando una brecha entre ellos y el estado chileno. Ningún estado que se digne de ser una democracia moderna puede continuar a maltratar de esta manera a sus pueblos originarios.

Los niños pobres de Chile son otra población que ha sufrido históricamente la vulneración de sus derechos humanos, los más esenciales. Está población infantojuvenil se encuentra recluida en centros de privación de libertad, ya sea por infracciones a la ley, ya sea por su condición socioeconómica. El organismo estatal que debe velar en proteger y salvaguardar la integridad física y psicológica de los menores en Chile es el Sename. Para su efecto estos establecimientos son verdaderas cárceles para niños, niñas y adolescentes pobres. Dentro de estas instituciones que en su gran mayoría son privadas, a tal punto que representan el 98% de los centros de acogida para menores en Chile. Este último hecho ha significado que al igual como ha ocurrido con las prisiones concesionadas a privados en el caso de los adultos, el margen de ganancia que generan estas empresas va en detrimento de las prestaciones obligatorias que deben estar garantizadas por el Estado a las personas privadas de libertad en dichos establecimientos. El estado no tiene, ni se ha dado los medios para fiscalizar a las instituciones de acogida y de internamiento de los menores que están bajo su responsabilidad. Situación que ha dado pie para que al interior de estos centros los niños sufran todo tipo de vejámenes, que se producen a lo largo y ancho de todo el país, tanto en instituciones públicas como privadas, además en todas sus modalidades de acogida. Las violaciones más corrientes que podemos enumerar son: poca alimentación, malos tratos, violaciones, prostitución forzada, constricción a la drogadicción y muertes, las que no han podido ser explicadas por ninguna institución del estado en ningún Gobierno. Existen varios informes oficiales emitidos principalmente emanados desde el poder judicial que acreditan la vulneración total de los derechos de los niños y adolescentes que están bajo el cuidado el estado. Sólo en los últimos 13 años han muerto dentro de estas instituciones más de 1300 niños sin que nadie sea responsable, ni culpable. Hoy se pretende terminal con el Sename, pero nada está más lejos de la verdad, pues los mismos actores privados continuarán a participar en el nuevo diseño institucional que prevé el Gobierno de Sebastián Piñera, lo que nos parece inaceptable.

Lógicamente existen otras soluciones a la manera que ha tenido hasta hoy el Estado de tratar a una parte importante de los niños y adolescentes en Chile, pues esta ha generado graves violaciones a los derechos humanos. Consideramos que para el Estado de Chile es de suma urgencia el respeto irrestricto de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, comenzando dentro de todas las instituciones del Estado, desde el nivel de los párvulos y la sala cunas hasta liceo, en lo que respecta el ámbito educativo y cultural. Chile debe respetar el derecho de los niños a vivir libres y en paz, garantizando la acogida de la población infantojuvenil en centros abiertos bajo control del Estado, en los cuales se preserve los lazos familiares que son tan importante para los niños en su etapa formativa y no es cerrados en cárceles como hoy en día. Debe abandonarse de forma definitiva la política represiva, los controles de identidad abusivos, las leyes en contra de las reivindicaciones estudiantiles de los colegiales y los liceanos, la violencia policial en contra de los niños mapuches y de los barrios populares en Chile, que luego del 18 de octubre de 2019 se ha ido intensificando. La cárcel y el encierro no pueden continuar ser el único futuro de miles de niños y jóvenes en Chile.

NATACHA MONROY RODRÍGUEZ

C.I. 12.219.662-3

VOCERA DE LA AGRUPACIÓN DE EX MENORES VÍCTIMAS PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA

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