Chile logró prolongar la vida, pero no construyó con la misma rapidez las condiciones necesarias para envejecer con dignidad. Mientras aumentan la dependencia, la multimorbilidad y la necesidad de cuidados, la respuesta continúa descansando sobre familias exhaustas, mujeres cuidadoras, pensiones insuficientes y una atención pública fragmentada y territorialmente desigual.
Chile envejece. No es una amenaza, una enfermedad ni una anomalía que deba corregirse. Es, en buena medida, el resultado de avances sanitarios, sociales y tecnológicos que permitieron disminuir la mortalidad y prolongar la vida.
Pero una sociedad no puede atribuirse el mérito de haber aumentado la esperanza de vida si después abandona a quienes alcanzan edades avanzadas.
El problema no es que existan más personas mayores. El problema es que Chile parece haber descubierto demasiado tarde que vivir más requiere algo más que sobrevivir. Requiere ingresos suficientes, viviendas accesibles, barrios seguros, transporte público, atención primaria fortalecida, especialistas, rehabilitación, salud mental, medicamentos oportunos, cuidados de largo plazo y comunidades capaces de acompañar la vida sin reemplazar las obligaciones del Estado.
Durante décadas conocimos las proyecciones demográficas. Sabíamos que disminuirían los nacimientos, que aumentaría la esperanza de vida y que crecería la proporción de personas mayores. Sabíamos también que la dependencia, las enfermedades crónicas, las demencias, la discapacidad y la necesidad de cuidados adquirirían una importancia creciente.
Sin embargo, el país continuó organizando sus ciudades, su sistema sanitario y su protección social como si envejecer fuera una situación excepcional.
El envejecimiento era previsible.
El abandono también.
Un país que envejeció antes de estar preparado
Los resultados del Censo 2024 confirmaron una transformación demográfica profunda. Las personas de 65 años o más pasaron de representar el 6,6% de la población en 1992 al 14% en 2024. Durante el mismo período, la población de 14 años o menos disminuyó desde 29,4% a 17,7%.
Por cada cien niños y niñas menores de 15 años existen actualmente 79 personas de 65 años o más. En 1992 eran apenas 22,3.
También cambió la composición de los hogares. El porcentaje de hogares integrados exclusivamente por personas de 65 años o más aumentó desde 4,3% en 1992 a 11,6% en 2024. Al mismo tiempo, el tamaño promedio de los hogares disminuyó desde cuatro personas a 2,8.
Detrás de estas cifras existe un cambio social de enorme magnitud: más personas llegan a edades avanzadas, pero lo hacen en hogares más pequeños, con menos integrantes disponibles para acompañar, sostener económicamente o asumir cuidados prolongados.
Las nuevas proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas indican que desde 2028 podría haber más personas mayores de 64 años que menores de 15. Para 2045, las primeras triplicarían a las segundas. Hacia 2070, si se mantienen los supuestos demográficos, las personas de 65 años o más podrían representar el 42,6% de la población nacional.
No se trata de una eventualidad remota. El futuro envejecido comenzó hace décadas y ya está presente en las salas de espera de los CESFAM, en los hospitales, en las viviendas rurales, en los cerros, en las poblaciones periféricas y en los hogares donde una mujer ha debido abandonar su empleo para cuidar a otra persona.
Chile envejeció rápidamente, pero su capacidad institucional continúa avanzando con lentitud.
El territorio decide cómo se envejece
Chile no envejece de una sola manera.
Valparaíso presenta 98,6 personas de 65 años o más por cada cien menores de 15; Ñuble alcanza 97,6. Tarapacá registra 43,9 y Antofagasta, 49,3. Estas diferencias muestran que el envejecimiento no es solo demográfico: es profundamente territorial.
Una región con una alta proporción de personas mayores necesita anticipar una mayor demanda de atención primaria, rehabilitación, transporte accesible, cuidados domiciliarios, especialistas, adaptación urbana, prevención de caídas y continuidad de tratamientos. Pero las necesidades no dependen únicamente de cuántas personas mayores viven allí. También dependen de sus ingresos, estado de salud, redes familiares, condiciones de vivienda, ruralidad, conectividad y exposición a amenazas.
Envejecer en una comuna urbana con un hospital cercano no es equivalente a hacerlo en una localidad rural donde el transporte pasa dos veces al día. Tampoco es igual vivir en una vivienda adaptada que en una casa levantada sobre un cerro, rodeada de escaleras irregulares, calles estrechas y accesos difíciles para una ambulancia.
En los territorios rurales, insulares y cordilleranos, una consulta médica puede exigir varias horas de desplazamiento, dinero para transporte y la disponibilidad de alguien que acompañe. Una indicación aparentemente sencilla —realizar un examen, retirar un medicamento o acudir a un control— puede convertirse en una operación familiar completa.
La misma enfermedad produce consecuencias distintas según el lugar donde se vive.
La hipertensión controlada en una comuna con acceso regular a medicamentos puede transformarse en una emergencia en un territorio aislado por un sistema frontal. Una persona con artrosis puede mantener su autonomía en una vivienda accesible, pero quedar confinada si vive en un segundo piso sin ascensor. Una persona con deterioro cognitivo puede permanecer integrada si cuenta con apoyo familiar y comunitario, pero perder rápidamente seguridad y autonomía si vive sola.
El territorio no es el escenario pasivo de la vejez. Es una de las condiciones que determinan cómo se envejece, cuánto se enferma, qué tan rápido se pierde autonomía y qué posibilidades existen de recibir ayuda.
Vivir más no significa vivir mejor
La Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento saludable como el proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar durante la vejez. No exige la ausencia absoluta de enfermedades. Una persona puede vivir con hipertensión, diabetes, artrosis o discapacidad y conservar una vida autónoma y significativa si dispone de atención oportuna, medicamentos, rehabilitación, vivienda adecuada, vínculos sociales y un entorno accesible.
La capacidad funcional no depende únicamente del cuerpo. Surge de la interacción entre las condiciones físicas y mentales de cada persona y el ambiente social, sanitario, económico y territorial en el que desarrolla su vida.
Esto obliga a abandonar una idea estrecha del envejecimiento como deterioro biológico inevitable.
Envejecer es también acumular las consecuencias del trabajo realizado, los salarios recibidos, la alimentación disponible, la contaminación respirada, la vivienda habitada, la violencia experimentada y la atención sanitaria a la que se pudo acceder.
La vejez no comienza a los 60 o 65 años. Se construye durante toda la vida.
Quienes envejecen después de décadas de trabajo informal, exposición ocupacional, pobreza, labores de cuidado no remuneradas o residencia en territorios segregados no llegan en las mismas condiciones que quienes pudieron alimentarse adecuadamente, ahorrar, descansar, prevenir enfermedades y pagar atenciones privadas.
La desigualdad social termina depositándose sobre el cuerpo.
Se expresa como enfermedad cardiovascular, dolor crónico, deterioro osteoarticular, pérdida dentaria, discapacidad, depresión, fragilidad y menor capacidad para enfrentar una enfermedad aguda. En la vejez, las biografías sociales se convierten en diferencias clínicas.
Hablar de envejecimiento saludable sin hablar de salarios, vivienda, género, trabajo, contaminación y protección social reduce un problema colectivo a una supuesta responsabilidad individual.
No todas las personas llegan a la vejez con la misma reserva física, económica y emocional. Pedirles que “se cuiden” sin transformar las condiciones que las enfermaron es convertir la desigualdad en una recomendación médica.
La medicina fragmenta lo que la vida presenta unido
El sistema sanitario suele organizar la atención por enfermedades, órganos y especialidades. Pero muchas personas mayores no presentan un problema aislado. Viven con multimorbilidad: hipertensión, diabetes, artrosis, enfermedad respiratoria, déficit visual, dolor persistente, síntomas depresivos, alteraciones del sueño y dificultades de movilidad que interactúan entre sí.
Una indicación puede contradecir a otra. Un medicamento puede agravar el efecto de un segundo. Una caída puede originarse en la combinación entre deterioro visual, debilidad muscular, hipotensión, barreras arquitectónicas y polifarmacia.
Sin continuidad clínica, cada profesional observa una parte del problema. La persona, en cambio, vive todas esas partes simultáneamente.
La fragmentación se vuelve todavía más grave cuando no existe una comunicación efectiva entre atención primaria, hospitales, especialidades, rehabilitación, salud mental y servicios sociales. Entonces la familia debe reconstruir por su cuenta la historia clínica, transportar documentos, recordar indicaciones y explicar nuevamente lo ocurrido.
La coordinación que el sistema no garantiza termina convertida en trabajo familiar no remunerado.
Envejecer dignamente requiere una atención integrada y centrada en la persona. Esto significa evaluar no solo diagnósticos, sino también funcionalidad, autonomía, cognición, estado emocional, alimentación, vivienda, redes de apoyo, capacidad económica y condiciones reales para cumplir un tratamiento.
Prescribir un medicamento que la persona no puede retirar no resuelve una enfermedad. Indicar reposo a quien debe continuar cuidando a su pareja tampoco. Solicitar controles frecuentes a alguien que vive a tres horas del hospital puede ser clínicamente correcto y territorialmente inviable.
La buena medicina necesita conocer el cuerpo, pero también el mundo en el que ese cuerpo intenta sobrevivir.
La espera también enferma
Al 31 de diciembre de 2025, el sistema público registraba 2.889.833 prestaciones pendientes en listas de espera No GES. Más de dos millones de personas aguardaban una consulta nueva de especialidad y 371.907 esperaban una intervención quirúrgica.
El Ministerio de Salud informó una mediana nacional de 226 días para una consulta nueva de especialidad y de 251 días para una intervención quirúrgica. La reducción de esos tiempos constituye un avance y debe reconocerse. Pero una mediana cercana a ocho meses sigue siendo una porción considerable de la vida cuando se atraviesa la vejez con dolor, deterioro funcional o pérdida progresiva de autonomía.
Además, las cifras nacionales esconden diferencias territoriales importantes. A fines de 2025, la mediana de espera para una intervención quirúrgica No GES variaba desde 128 días en el Servicio de Salud Araucanía Norte hasta 329 días en Aconcagua. En O’Higgins alcanzaba 317 días y en Biobío, 307.
El lugar de residencia continúa condicionando la oportunidad de tratamiento.
Esperar no es una situación administrativamente neutra.
Mientras una persona aguarda una prótesis, una cirugía de cataratas, una evaluación neurológica, una atención psiquiátrica o un procedimiento cardiovascular, su estado puede deteriorarse. Puede perder movilidad, dejar de cocinar, sufrir caídas, abandonar actividades, aislarse o desarrollar síntomas depresivos.
Una cirugía tardía no comienza a producir daño el día del procedimiento. Lo produce durante todos los meses anteriores, cuando el dolor limita el movimiento, disminuye la masa muscular y obliga a depender de otra persona.
Una catarata no tratada oportunamente puede aumentar el riesgo de caídas y aislamiento. Una hipoacusia sin resolver puede deteriorar la comunicación, aumentar la soledad y confundirse con alteraciones cognitivas. Una atención de salud mental postergada puede convertir un duelo complejo o una depresión tratable en una crisis grave.
Las listas de espera no son solo números acumulados en un registro. Son días de autonomía perdidos.
El sistema contabiliza la prestación pendiente, pero rara vez calcula cuánto costará recuperar la funcionalidad deteriorada durante la espera. Tampoco registra adecuadamente las horas de cuidado familiar adicionales, los ingresos que dejan de percibirse o el desgaste emocional que acompaña ese período.
Lo que se ahorra postergando una atención puede pagarse después en hospitalizaciones, dependencia, institucionalización y sufrimiento evitable.
Cuando la pensión debe financiar la supervivencia
El acceso a la salud no depende únicamente de estar afiliado a un sistema. También depende de contar con recursos para transporte, medicamentos no cubiertos, alimentación especial, ayudas técnicas, calefacción, conectividad y cuidados.
En diciembre de 2024, Fonasa concentraba aproximadamente 16,75 millones de personas beneficiarias, equivalentes al 83,4% de la población residente estimada. El sistema público sostiene, por tanto, la mayor parte de la demanda sanitaria del país y recibe a quienes con menor frecuencia pueden resolver sus necesidades mediante pagos privados.
En febrero de 2026, la Pensión Garantizada Universal alcanzó los 231.732 pesos mensuales. La cifra debe compararse no solo con el valor de una canasta básica, sino con el costo real de vivir con enfermedades crónicas, dependencia o discapacidad.
Una persona mayor puede necesitar pagar traslados, pañales, suplementos alimentarios, anteojos, audífonos, calefacción, reparaciones domésticas, copagos, medicamentos no disponibles y ayuda para actividades cotidianas. En territorios rurales o aislados, a estos gastos se suma el costo de llegar hasta donde se encuentran los servicios.
Las brechas de género acumuladas durante la vida laboral también persisten en la vejez. Un informe de la Superintendencia de Pensiones de 2025 registró, entre quienes recibían pensiones completamente autofinanciadas, montos promedio de 462.543 pesos para las mujeres y 872.231 para los hombres. Las medianas eran todavía más reveladoras: 287.434 pesos para ellas y 708.374 para ellos.
La diferencia no surge al momento de jubilar. Es el resultado de salarios menores, mayor informalidad, lagunas previsionales, interrupciones laborales y años dedicados a labores de cuidado no remuneradas.
Muchas mujeres cuidaron niños, personas enfermas y familiares mayores durante décadas. Ese trabajo sostuvo hogares, permitió que otros integrantes participaran en el mercado laboral y evitó que el Estado asumiera parte del costo. Sin embargo, al llegar a la vejez, esas mismas mujeres reciben pensiones menores y enfrentan mayores probabilidades de requerir cuidados.
El sistema utiliza su trabajo durante la vida y castiga previsionalmente haberlo realizado.
El país que descansa sobre mujeres cuidadoras
La Encuesta Casen 2024 estima que cerca de 770 mil personas de 15 años o más se encuentran en situación de dependencia funcional. De ellas, el 21,4% presenta dependencia leve, el 34% dependencia moderada y el 44,6% dependencia severa.
En el 9,8% de los hogares chilenos vive al menos una persona dependiente. Cerca de 85 mil hogares están constituidos por una persona que presenta algún grado de dependencia y vive sola.
Ocho de cada diez hogares con personas dependientes incluyen al menos una persona mayor. Seis de cada diez tienen jefatura femenina. La dependencia, además, aumenta a medida que disminuyen los ingresos.
Estas cifras describen un sistema de cuidados sostenido principalmente dentro de los hogares y mediante trabajo que continúa siendo informal, no remunerado y escasamente protegido.
Se habla de la familia como si fuera una infraestructura inagotable.
Pero las familias también envejecen. Se enferman, trabajan, se separan, migran y se empobrecen. Una hija que cuida a su madre puede ser también una mujer mayor con hipertensión, artrosis o depresión. Una pareja que cuida puede hacerlo mientras enfrenta sus propias limitaciones funcionales. En algunos hogares, una persona de más de 70 años cuida a otra de 80 o 90.
La persona cuidadora levanta cuerpos sin formación ni equipamiento, administra medicamentos, realiza curaciones, acompaña controles, limpia, cocina, contiene crisis conductuales y permanece en vigilancia permanente. Muchas reducen su jornada laboral o abandonan el empleo. Otras renuncian a sus propios controles médicos porque no tienen con quién dejar a la persona dependiente.
Cuando desarrollan dolor lumbar, insomnio, ansiedad, agotamiento o depresión, el sistema las atiende como pacientes individuales. Rara vez reconoce que su enfermedad es también el resultado de una organización social que trasladó al hogar una responsabilidad colectiva.
Chile dio un paso significativo con la Ley 21.805, publicada en 2026, que reconoce el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. La ley define al Estado como garante principal y reconoce como titulares tanto a quienes requieren cuidados como a quienes los proporcionan.
Es un avance normativo importante. Pero un derecho escrito necesita cobertura, financiamiento, trabajadores formados, coordinación territorial y prestaciones suficientes para convertirse en una realidad.
Una ley no baña, alimenta ni moviliza por sí sola a una persona dependiente. Tampoco concede descanso automático a quien lleva años cuidando.
El desafío no termina con reconocer el derecho. Comienza allí.
La salud mental que el sistema todavía no quiere mirar
La salud mental de las personas mayores permanece atrapada entre el subdiagnóstico, el estigma, las barreras económicas y la fragmentación asistencial.
La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente el 14% de las personas de 70 años o más vive con algún trastorno mental. La depresión y la ansiedad se encuentran entre los cuadros más frecuentes. Cerca de una cuarta parte de las personas mayores experimenta aislamiento social o soledad, factores relacionados con un mayor riesgo de deterioro físico y mental.
La pérdida de ingresos, el duelo, el dolor crónico, la jubilación no deseada, la disminución de autonomía, la institucionalización y la sensación de convertirse en una carga pueden producir un sufrimiento profundo.
Sin embargo, en la práctica, los síntomas depresivos todavía pueden ser interpretados como una consecuencia “normal” de la edad.
No lo son.
No es normal perder el interés por vivir. No es normal permanecer semanas sin hablar con otra persona. No es normal que el sufrimiento sea desestimado porque alguien es mayor, vive solo o padece enfermedades crónicas.
En algunos casos, las personas circulan entre niveles asistenciales sin encontrar una respuesta. Su condición puede ser considerada demasiado compleja para la atención primaria, pero insuficientemente grave para la especialidad. O pueden ser derivadas a consultas privadas cuyo precio resulta imposible de pagar con una pensión.
La persona queda entonces suspendida en una zona sin responsable clínico claro.
La atención primaria constituye un espacio fundamental para detectar depresión, riesgo suicida, deterioro cognitivo, consumo problemático de medicamentos y violencia. Pero para hacerlo necesita tiempo de consulta, personal suficiente, capacitación, continuidad y redes de derivación que efectivamente respondan.
La solución no puede reducirse a prescribir medicamentos. Se requieren intervenciones psicosociales, actividad física, rehabilitación, apoyo al duelo, participación comunitaria, visitas domiciliarias y acompañamiento a quienes cuidan.
La medicalización del sufrimiento no puede reemplazar la transformación de las condiciones que lo producen.
Soledad, maltrato y muerte social
Una persona puede estar viva y, sin embargo, haber sido expulsada de la vida social.
Ocurre cuando deja de ser escuchada, cuando su opinión es reemplazada por la de otros, cuando pierde control sobre sus ingresos o cuando se la excluye de las decisiones sobre su tratamiento y su lugar de residencia.
El maltrato hacia las personas mayores puede ser físico, psicológico, sexual, patrimonial o institucional. También puede expresarse mediante negligencia, abandono y privación de autonomía.
La OMS advierte que aproximadamente una de cada seis personas mayores sufre alguna forma de abuso. El problema permanece ampliamente subregistrado porque las víctimas pueden depender económica, afectiva o físicamente de quien las maltrata.
Denunciar puede significar perder al único cuidador disponible.
La violencia patrimonial adquiere especial relevancia en contextos de pensiones insuficientes y dependencia. Apropiarse de una pensión, presionar para transferir una vivienda o administrar el dinero sin consentimiento son formas de violencia que pueden permanecer ocultas bajo la apariencia del cuidado familiar.
También existe un maltrato institucional más silencioso: hablar frente a la persona como si no comprendiera, infantilizarla, minimizar su dolor, realizar procedimientos sin información suficiente o excluirla de decisiones que afectan su vida.
Llamar “abuelito” o “abuelita” a cualquier persona mayor puede parecer afectuoso, pero también puede ocultar una relación paternalista. Las personas mayores no constituyen una categoría infantil. Son sujetos de derecho, con trayectorias, opiniones, sexualidad, vínculos, capacidades y proyectos propios.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establece el derecho a la independencia, la autonomía, la salud, la seguridad y una vida libre de violencia. Estos principios obligan a superar una política basada exclusivamente en beneficios asistenciales.
No se trata de proteger objetos frágiles. Se trata de garantizar derechos.
Cuando la modernización se convierte en exclusión
La digitalización de los servicios públicos puede facilitar trámites, pero también crear nuevas barreras.
Solicitar horas médicas, revisar resultados, obtener certificados, realizar gestiones previsionales o comunicarse con una institución exige conectividad, dispositivos, habilidades digitales y, muchas veces, una clave que debe renovarse mediante otro procedimiento digital.
Cuando esas condiciones no existen, la supuesta modernización del Estado termina trasladando la responsabilidad al usuario.
“Debe hacerlo por internet” puede convertirse en otra forma de decir: busque a alguien que lo haga por usted.
La exclusión digital no depende únicamente de la edad. También está determinada por escolaridad, ingresos, discapacidad, ruralidad, conectividad y diseño de las plataformas. Una persona con deterioro visual, temblor, hipoacusia o dificultades cognitivas enfrenta obstáculos que no se resuelven entregándole un instructivo.
La digitalización debe complementar, no eliminar, la atención presencial. Un Estado accesible no obliga a las personas a adaptarse a una única vía de comunicación. Diseña múltiples canales según sus necesidades reales.
De lo contrario, la innovación tecnológica puede aumentar la dependencia que decía combatir.
Envejecer frente a incendios, inundaciones y olas de calor
El envejecimiento también debe incorporarse a la gestión del riesgo de desastres.
Las olas de calor, incendios, inundaciones, contaminación atmosférica y cortes prolongados de electricidad afectan con especial intensidad a personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias, movilidad reducida, deterioro cognitivo o dependencia de dispositivos médicos.
Una emergencia no comienza para ellas cuando se emite una alerta.
Comienza antes, cuando viven solas, no cuentan con transporte, tienen dificultades para caminar, desconocen la ruta de evacuación o dependen de medicamentos que requieren refrigeración.
Una evacuación diseñada para una persona joven y autónoma puede ser impracticable para alguien que utiliza silla de ruedas, bastón, oxígeno domiciliario o necesita ayuda para vestirse.
La preparación comunitaria no consiste solo en recomendar una mochila. Exige conocer quiénes viven solos, quién necesita apoyo, dónde se encuentran las personas electrodependientes, qué viviendas presentan barreras, qué vecinos disponen de vehículos y qué instituciones responderán si las redes familiares no están disponibles.
La Ley 21.805 reconoce expresamente la necesidad de coordinar el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados con el sistema de gestión del riesgo ante emergencias y desastres. Esa articulación debe traducirse en registros protegidos, protocolos, continuidad farmacológica, transporte adaptado, refugios accesibles y participación de las propias personas mayores en la planificación.
Desde la gestión del riesgo, el desastre no es el evento. Es el resultado.
Una ola de calor no produce por sí sola una tragedia. El daño aumenta cuando encuentra viviendas inadecuadas, pobreza energética, enfermedades crónicas, aislamiento social y vigilancia sanitaria insuficiente.
Un incendio no explica por sí solo la muerte de una persona que no pudo evacuar. También deben examinarse la accesibilidad, la planificación urbana, las redes de apoyo y la capacidad institucional para identificar anticipadamente a quienes necesitaban ayuda.
La amenaza activa el daño. Las vulnerabilidades acumuladas ayudan a explicarlo.
El edadismo como política silenciosa
El edadismo convierte la edad en una explicación suficiente para el sufrimiento.
Se manifiesta cuando el dolor se minimiza, la depresión se normaliza o la pérdida de autonomía se considera inevitable. También aparece cuando se asume que una persona mayor no comprenderá una explicación médica o que no tiene proyectos futuros.
Pero el edadismo no es solo una actitud interpersonal. También puede instalarse en las políticas públicas.
Está presente en las veredas intransitables, el transporte inaccesible, los trámites exclusivamente digitales, la escasez de especialistas, los tiempos de consulta insuficientes y los programas que tratan a las personas mayores como receptoras pasivas.
La OMS ha documentado que la discriminación por edad se asocia con peor salud física y mental, mayor aislamiento, inseguridad económica, menor calidad de vida y mortalidad prematura.
No es una simple descortesía. Es un determinante de salud.
Una sociedad edadista interpreta la enfermedad como destino y el abandono como consecuencia natural del envejecimiento. De ese modo, transforma decisiones políticas evitables en fatalidades biológicas.
Si una persona permanece meses esperando una cirugía, no es la edad la que la abandona. Si vive sola sin cuidados suficientes, no es la vejez la que decidió dejarla sin apoyo. Si su pensión no cubre medicamentos y calefacción, no es el paso del tiempo el responsable.
Son decisiones institucionales, presupuestarias y sociales.
Resiliencia no puede significar soportarlo todo
En los discursos públicos se suele elogiar la resiliencia de las personas mayores: su capacidad para sobreponerse, adaptarse, cuidar a otros y continuar adelante pese a las dificultades.
Pero existe una frontera ética que no debemos cruzar.
La resiliencia no puede transformarse en la obligación de soportar indefinidamente aquello que el Estado no resolvió. No puede utilizarse para romantizar a una mujer de 70 años que cuida sola a su pareja dependiente. Tampoco para celebrar que una comunidad se organiza porque los servicios formales no llegan.
La comunidad puede acompañar, detectar aislamiento, organizar visitas, facilitar traslados y fortalecer vínculos. Ese capital social es invaluable y debe ser protegido.
Pero la comunidad no puede fabricar geriatras, financiar ayudas técnicas, garantizar medicamentos, profesionalizar cuidados ni reemplazar la inversión pública.
Cuando la solidaridad comunitaria sustituye permanentemente las obligaciones institucionales, deja de ser resiliencia y se convierte en abandono administrado por los propios afectados.
El fortalecimiento comunitario debe ampliar derechos, no compensar silenciosamente su ausencia.
Preparar al país para envejecer
La Década del Envejecimiento Saludable 2021–2030, impulsada por Naciones Unidas y la OMS, propone cuatro grandes áreas de acción: cambiar la manera en que pensamos y actuamos frente a la edad; crear comunidades que fomenten las capacidades de las personas mayores; entregar atención integrada y centrada en la persona; y garantizar cuidados de largo plazo para quienes los necesitan.
En Chile, avanzar en esa dirección exige superar la lógica de programas aislados y construir una respuesta transversal.
Significa fortalecer la atención primaria, no solo como puerta de entrada al sistema, sino como espacio de continuidad, prevención, rehabilitación y acompañamiento familiar.
Implica formar a todo el personal sanitario en competencias geriátricas básicas, porque el envejecimiento no puede ser responsabilidad exclusiva de un número limitado de especialistas.
Exige integrar salud física, salud mental, rehabilitación y servicios sociales; desarrollar atención domiciliaria; garantizar medicamentos y ayudas técnicas; adaptar viviendas y barrios; fortalecer el transporte rural; asegurar canales presenciales para trámites; proteger a las personas cuidadoras y financiar cuidados de largo plazo.
También obliga a incorporar a las personas mayores en las decisiones.
No mediante una participación simbólica destinada a validar programas previamente diseñados, sino reconociendo su conocimiento sobre los territorios, los servicios y las barreras que enfrentan.
Cada comuna debería conocer cuántas personas mayores viven solas, cuántas presentan dependencia, qué redes comunitarias existen, qué sectores carecen de transporte y qué viviendas quedarían aisladas durante una emergencia.
No basta con disponer de una política nacional. Se requiere capacidad municipal, financiamiento estable, coordinación intersectorial y mecanismos para evitar que el lugar de residencia determine el acceso a la dignidad.
La vejez que estamos construyendo
Chile no enfrenta una crisis porque su población envejezca. Enfrenta una crisis porque sus instituciones, ciudades, sistemas de salud y redes de cuidado no se transformaron con la misma velocidad.
La pregunta no es qué haremos con tantas personas mayores.
La pregunta es qué clase de sociedad queremos ser cuando todos, si tenemos la fortuna de vivir lo suficiente, ocupemos ese lugar.
Podemos continuar administrando listas de espera, descansando sobre mujeres cuidadoras y celebrando que vivimos más, aunque esos años adicionales transcurran entre dolor, soledad y dependencia evitable.
Podemos seguir construyendo ciudades para cuerpos jóvenes, digitalizando el Estado sin alternativas y diseñando políticas desde escritorios alejados de la vida cotidiana.
O podemos comprender que envejecer con dignidad no es un privilegio, una concesión ni un acto de caridad. Es un derecho y una responsabilidad colectiva.
El abandono de las personas mayores no comienza cuando alguien muere solo.
Comienza mucho antes: cuando se normaliza su dolor, se posterga su atención, se fragmenta su tratamiento, se invisibiliza a quien cuida y se diseña el país como si nunca fuéramos a envejecer.
Chile envejece.
La verdadera crónica anunciada no es la del cambio demográfico. Es la de un Estado que conocía las cifras, dispuso de décadas para prepararse y, aun así, llegó tarde.
Fuentes
1. Instituto Nacional de Estadísticas. Primeros resultados del Censo 2024: envejecimiento de la población y composición de los hogares, 2025. INE
2. Instituto Nacional de Estadísticas. Síntesis de resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, 2025. INE, documento técnico
3. Instituto Nacional de Estadísticas. Proyecciones de población de Chile con base en el Censo 2024, 2026. INE
4. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Dependencia y cuidados en los hogares de Chile: resultados Casen 2024, 2026. Observatorio Social
5. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Informe de cuidados, 2024. Observatorio Social
6. Ministerio de Salud. Lista de espera No GES y garantías de oportunidad GES retrasadas, cuarto trimestre de 2025. MINSAL
7. Ministerio de Salud. Glosa N.º 6: lista de espera No GES, primer trimestre de 2026. MINSAL
8. Superintendencia de Salud. Análisis estadístico del sistema Isapre con perspectiva de género, año 2024, 2025. Superintendencia de Salud
9. Superintendencia de Pensiones. Informe de género sobre el sistema de pensiones y seguro de cesantía, 2025. Superintendencia de Pensiones
10. Superintendencia de Pensiones. Pensión Garantizada Universal: montos vigentes desde febrero de 2026. Superintendencia de Pensiones
11. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ley 21.805: reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, 2026. Ley Chile
12. Organización Mundial de la Salud. Envejecimiento y salud, actualización de 2025. OMS
13. Organización Mundial de la Salud. Salud mental de las personas mayores, actualización de 2026. OMS
14. Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre el edadismo, 2021. OMS
15. Organización Mundial de la Salud. Década del Envejecimiento Saludable 2021–2030. OMS
16. Organización Panamericana de la Salud. Década del Envejecimiento Saludable en las Américas 2021–2030. OPS
17. Organización Panamericana de la Salud. Cuidados de largo plazo para las personas mayores: intervenciones para promover el envejecimiento saludable, 2025. OPS
18. Servicio Nacional del Adulto Mayor. Envejecimiento en Chile: diagnóstico y consulta ciudadana. SENAMA
19. Servicio Nacional del Adulto Mayor. Quinta Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez: Chile y sus mayores, 2019. SENAMA
20. Servicio Nacional del Adulto Mayor. Informe estadístico anual del Programa Buen Trato a las Personas Mayores, 2024. SENAMA
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Pablo Andrés Guerra Cisternas
Médico General | Enfoque en Gestión del Riesgo y Trabajo Comunitario | Director del Instituto de Riesgo Territorial
