Como integrantes de la Red de Universidades por la Infancia (RUPI), al cumplirse 36 años desde que el Estado de Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, queremos destacar el significado que esta conmemoración adquiere en el presente. Esta fecha invita a recordar, pero sobre todo a reafirmar que las políticas públicas del país deben situar de manera permanente y prioritaria a los niños, niñas y adolescentes en el centro de sus decisiones y acciones.
La Convención ha impulsado transformaciones legislativas e institucionales de gran relevancia para el Estado chileno. Entre ellas destacan la promulgación e implementación de la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la actualización de los sistemas de protección especializada y el fortalecimiento de ámbitos como la reinserción, los cuidados en entornos familiares y la adopción, en concordancia con los principios que orientan este tratado internacional.
Sin embargo, el reconocimiento jurídico e institucional constituye solo un punto de partida. Los derechos de niños, niñas y adolescentes no se garantizan únicamente mediante leyes, sino a través de decisiones, políticas e instituciones capaces de hacerlos efectivos. Respetarlos, garantizarlos y promover su ejercicio exige elevar de manera permanente los estándares de protección, cuidado y de restitución de derechos. Ese es el estándar, cada vez más exigente, con el que debe evaluarse el compromiso del Estado con la Convención.
Esta conmemoración también obliga a examinar decisiones recientes que representan un preocupante retroceso. Su efecto no solo debilita el papel del Estado, sino que compromete el cumplimiento de obligaciones asumidas en materia de verdad, memoria, reparación y protección integral. Avanzar exige mirar hacia el futuro sin renunciar al pasado, aprender de él y asumir las responsabilidades necesarias para impedir que las graves vulneraciones sufridas por niños, niñas y adolescentes vuelvan a repetirse.
Dos decisiones reflejan con especial claridad este retroceso: la disolución de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares y el desmantelamiento de la Comisión Verdad y Niñez, creada para esclarecer las graves vulneraciones cometidas contra niños, niñas y adolescentes bajo tutela estatal y proponer medidas de reparación.
Ambas instituciones surgieron como respuesta a acciones y omisiones de agentes estatales que, en connivencia con actores privados, hicieron posible la vulneración sistemática de derechos fundamentales. Durante décadas, pese a las denuncias de las víctimas, las investigaciones nacionales y las reiteradas observaciones de organismos internacionales, predominó una respuesta estatal fragmentaria, tardía o simplemente inexistente. Desarticular estos equipos significa interrumpir procesos de investigación y reparación aún inconclusos, debilitar la capacidad del Estado para responder por sus responsabilidades históricas e incumplir compromisos asumidos ante instancias nacionales e internacionales. También implica el riesgo de devolver a las víctimas al mismo abandono institucional que han enfrentado durante décadas.
Las personas afectadas por adopciones irregulares que hoy buscan reconstruir sus orígenes, así como quienes sufrieron graves vulneraciones bajo tutela estatal, esperaban de estas instancias verdad, participación y reparación. No pueden quedar sujetas a los cambios de gobierno ni a las prioridades circunstanciales de una administración. El derecho a la verdad, la memoria y la reparación no expira. Constituye una obligación permanente del Estado y no puede ser relegado bajo argumentos de eficiencia o restricciones presupuestarias. La niñez y la adolescencia no representan una promesa futura. Son ciudadanía en el presente y sus derechos merecen el mismo respeto y protección que los de cualquier otra persona: sus derechos a la verdad y memoria no son menos importantes que los de protección.
No es posible construir procesos genuinos de restitución sin reparar las heridas que han dejado la negligencia estatal, la indiferencia pública y el abandono de quienes más protección requerían. Cuidar las infancias también significa reconocer el daño cuando este ha ocurrido y asumir la responsabilidad de repararlo. Lejos de debilitar al Estado, este reconocimiento fortalece su legitimidad democrática.
Los informes nacionales sobre derechos de la niñez muestran que las condiciones actuales también generan preocupación. Persisten aumentos sostenidos en la violencia sexual y escolar, miles de niños, niñas y adolescentes continúan esperando acceso a programas de salud y educación, la pobreza multidimensional sigue afectando gravemente sus condiciones de vida. Todo ello confirma que garantizar derechos no constituye una tarea pendiente para el futuro, sino una urgencia del presente que requiere continuidad, recursos y una prioridad política sostenida.
En este contexto, hacemos un llamado a fortalecer los procesos de investigación y reparación comprometidos por el Estado chileno como una condición indispensable para consolidar una institucionalidad y una sociedad que sitúen efectivamente a los niños, niñas y adolescentes en el centro de su acción.
Reiteramos asimismo la necesidad de impulsar las reformas legales e institucionales que permitan hacer plenamente efectivo el marco de derechos consagrado por la Convención. Como Red de Universidades por la Infancia asumimos ese mismo compromiso, convencidos de que las universidades tienen una responsabilidad prioritaria en la formación
de profesionales con una sólida perspectiva de derechos humanos aplicada a la niñez y la adolescencia. Solo una formación de esta naturaleza permitirá contar con profesionales capaces de promover, proteger y hacer exigibles estos derechos en todos los espacios donde desarrollen su labor.
Treinta y seis años después, la Convención continúa interpelando al Estado y a la sociedad chilena. Conmemorarla no consiste únicamente en reconocer los avances alcanzados, sino también en asumir con decisión las deudas que permanecen abiertas. Los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes sólo adquieren pleno sentido cuando se reconocen como actuales, permanentes y universales: no cabe postergación alguna en este sentido. Ellos son sujetos plenos de derecho. Su ciudadanía les pertenece por derecho propio y el deber del Estado es garantizarla siempre, en concordancia con los principios que inspiraron el 4 tratado internacional.
Paulina Fernández Moreno — Académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH).
Beatriz Aguirre Pastén — Directora de Desarrollo Académico de la Universidad Santo Tomás.
Matías Marchant Reyes — Académico de la Universidad de Chile. Los tres autores integran la Red de Universidades por la Infancia (RUPI).
