En numerosos países latinoamericanos, el viento de la victoria alza las velas de la derecha. Teniendo en cuenta el balance de Gustavo Petro (de izquierda) al cabo de cuatro años agitados a la cabeza de Colombia, ¿podrá el candidato Iván Cepeda mantener al país en el campo progresista?
Primer presidente de izquierda de la historia de Colombia, Gustavo Petro prestó juramento el 7 de agosto de 2022. Imperativamente profirió: “¡Tráiganme la espada de Bolívar!”. Unos minutos más tarde, cuando le entregaron la preciosa reliquia del héroe de las guerras de independencia latinoamericanas, el nuevo jefe de Estado se dirigió a la multitud de sus partidarios: “Es la espada del pueblo, y por eso la queríamos aquí, en este momento y en este lugar”.
Comentarios acalorados acompañaron el evento. Tras décadas de conflicto armado interno (450.000 muertos), tras años de uribismo —la extrema derecha de Álvaro Uribe (2002-2010) y más tarde de Iván Duque (2018-2022)—, tras la enorme explosión social de 2021, el injusto modelo político-económico finalmente va a devolver lo robado [1]. Petro —político curtido que ya había sido diputado, senador y alcalde de Bogotá— no tardó en enfriar un entusiasmo que consideraba desmedido: “Vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo en Colombia”.
En efecto: ¿cómo y con quién gobernar? El nuevo presidente sólo ganó con un 50,4% de los sufragios y su coalición, el Pacto Histórico, sólo obtuvo un 17,30% de los votos en las elecciones legislativas. Aunque contar con 24 representantes (de 182) en la Cámara de Representantes y con 26 (de 108) en el Senado constituyó un resultado sin precedentes para la izquierda, sigue siendo insuficiente para poder imponer sus puntos de vista. Por fortuna, en Colombia existe una tradición bien consolidada: a menudo con gran cinismo, muchos de los candidatos derrotados se suman al campo del vencedor, una vez que se concreta la derrota. De modo que, tras la conversión exprés de una parte de la derecha —Partido Liberal, Partido Social de Unidad Nacional (o Partido de la U), Partido Conservador— y de los centristas de la Alianza Verde, Petro terminó contando con una cómoda mayoría. Pero con total consciencia de la lógica que motiva a sus nuevos “amigos”, que él mismo resumió así: “Vamos a participar en el gobierno (…) para achicar y moderar sus reformas”. Sin embargo, Petro aseguró que va a surgir otra fuerza: “Son esos jovencitos y jovencitas que decidieron que van a pedir más reformas y más profundidad en las reformas”. Resultado: “El gobierno va a quedar en medio de esas dos fuerzas. Y quizás todo termine en un punto medio” [2].
“Gran acuerdo nacional”: el gobierno designó como ministros a personalidades procedentes de la derecha moderada, como Alejandro Gaviria (ministro de Educación) y José Antonio Ocampo (ministro de Hacienda). A fines de 2022, el Congreso —compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado— adoptó, reticentemente, una ambiciosa reforma tributaria que establecía un impuesto al patrimonio y a los altos ingresos. Presentados inmediatamente después, tres proyectos relativos al derecho laboral, las jubilaciones y la salud despertaron el ardor beligerante del sistema hasta entonces vigente. Algunos se acordaron de que sólo se encontraban en el campo presidencial para obstaculizar y, dentro lo posible, hundir sus veleidades.
El futuro del sistema de salud fue el que terminó desatando la contienda. El poder pretendía reducir la importancia de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), intermediarias del sector privado que mediaban entre el Estado, los hospitales y los pacientes. Resulta que los grupos Keralty (propietario de la EPS Sanitas) y Bolívar (a la cabeza de Salud Bolívar EPS) contribuyeron al financiar la campaña de los partidos de derecha durante las elecciones legislativas de 2022. En febrero de 2023 tuvo lugar una primera manifestación, con el eslogan “Fuera, Petro”. Los partidarios del presidente respondieron a su llamado cuando, a su vez, el mandatario decidió convocar a movilizarse en favor de la reforma. En diciembre, cuando la Cámara de Representantes finalmente la aprobó, varios ministros renunciaron, empezando por Gaviria. Los medios derramaron torrentes de información dudosa, la coalición parlamentaria se desmoronó y, en abril de 2024, tras un veto del Senado, el Congreso enterró el proyecto, y lo mismo ocurrió más tarde con la propuesta relativa al derecho laboral.
Este primer combate perdido fue un punto de inflexión. El jefe de Estado endureció indiscutiblemente el tono. Pero sus detractores —fuerzas de derecha y de centro, asociaciones profesionales, ciudadanos no afiliados— son acosadores expertos. Entonces Petro amenazó con convocar una Asamblea Constituyente si sus reformas seguían recibiendo trabas. En el diario español El País (28 de mayo de 2024), el constitucionalista Rodrigo Uprimny se alarmaba: “Este llamado a la constituyente es inoportuno porque incrementa la polarización corrosiva que vivimos. Sectores de la derecha lo ven como el asalto petrista a la democracia y sectores de la izquierda como el inicio de la revolución”.
Colombia se convirtió en el campo de una batalla indecisa, donde ni victorias ni derrotas son nunca definitivas. Aunque la ministra Gloria Inés Ramírez logró que se votara en julio de 2024 una reforma jubilatoria particularmente bien recibida (pero suspendida “provisoriamente” en junio de 2026 por decisión del Consejo de Estado), Petro, por su parte, tuvo que amenazar con convocar por decreto una “consulta popular” para que finalmente el Congreso cediera y aprobara la reforma laboral (20 de junio de 2025). Para obtener esta victoria, hizo falta que convocara una huelga nacional… ¡el jefe de Estado!
Igualmente insólito: el 15 de mayo de 2024, el presidente declaró que iba a denunciar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado colombiano, según él culpable de no respetar los acuerdos de paz firmados en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Juan Manuel Santos. En efecto, este acuerdo fue “hecho trizas” —en sus propias palabras— por el uribista Duque. Esta traición vuelve todavía más complejo el proyecto insignia de Petro: la “paz total”. Se iniciaron once negociaciones con los grupos armados presentes en el país, ya se trate de organizaciones guerrilleras —el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia (disidencias de las FARC)— o de grupos narcoparamilitares como el Clan del Golfo (también llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia). Entre treguas y rupturas del alto al fuego, hasta ahora ninguno de estos grupos se desmovilizó. Paradójicamente, en un contexto de hiperfragmentación de los actores y de pérdida de puntos de referencia ideológicos, la facción con la que Petro se muestra más intransigente es ni más ni menos que el histórico ELN, que sigue siendo el más “político” de estos grupos.
Como todo presidente, Petro suscita simpatías y antipatías, desata pasiones. Dotado de un ego que muchos consideran “estrepitoso”, puede alternar entre lo mejor, lo peor o lo muy ambiguo. Luminoso, lo vemos por un lado defendiendo el medio ambiente o condenando el “genocidio” —en sus propias palabras— de Benjamín Netanyahu en Gaza. Provoca tanto entusiasmo como burlas cuando, ante la Asamblea General de la ONU, evoca cual profeta narcisista su intención de “propagar el virus de la vida en las estrellas del universo”. Inunda de mensajes la plataforma X y las otras redes sociales. Se rodea mucho más de lo necesario de personajes que no tienen nada que ver con la izquierda, o incluso francamente dudosos, como el ministro del Interior Armando Benedetti (que formó parte de las administraciones de Uribe y de Santos). Provocador o suicida, lo vemos por otro lado transmitiendo en directo una reunión de gabinete durante la cual reprende a sus ministros y, más aun, los deja despedazarse entre sí públicamente. Aunque fustiga a Venezuela por “extractivista”, anuncia que Colombia (virtuosa) comprará… el gas de su vecino (destructor del planeta y del clima). Pese a que Colombia sigue siendo uno de los principales exportadores mundiales de carbón. Por otro lado, aunque critica duramente las maniobras del imperialismo, refuerza las afirmaciones de Washington al tratar de “dictador” a su homólogo venezolano Nicolás Maduro.
Sin embargo, y más allá de las tensiones que provoca, según el caso, tanto en la derecha como en la izquierda, el mandato de Petro marcó una ruptura con el pasado. Aumentó sustancialmente el salario mínimo (dos millones de pesos colombianos, o 546 dólares); reforzó el marco jurídico respecto de los derechos laborales; adquirió más de 600.000 hectáreas para el Fondo de Tierras y redistribuyó 258.251 hectáreas a 73.000 familias campesinas y de las comunidades indígenas [3]; aumentó la inversión social; redujo la pobreza (de un 36,6% en 2022 a un 31,8% en 2024) [4]. Desde las elecciones legislativas de marzo de 2026, el Pacto Histórico mejoró sus resultados, y Petro conserva un nivel de popularidad muy respetable. Suficiente para alarmar al campo conservador en vísperas de la elección presidencial del 31 de mayo de 2026, en la que Iván Cepeda, candidato de la coalición presidencial [cf. mensaje de Christophe] y favorito en las encuestas para la primera vuelta (la segunda, si hiciera falta, está prevista para el 21 de junio), se enfrentará a la representante oficial del uribismo, Paloma Valencia (Centro Democrático) y al exuribista —ahora antisistema [referencia a Milei]— Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria).
Para intentar invertir la tendencia, llueven golpes procedentes de distintos frentes. En junio de 2023, los diputados del Pacto Histórico tuvieron que solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emitiera un habeas corpus (“medidas cautelares”). En el marco de una persecución política, la Procuraduría General de la Nación —un órgano puramente administrativo dirigido por Margarita Cabello— había abierto investigaciones que podían causar la suspensión de dichos diputados (seis afectados) o su destitución (como fue el caso de María José Pizarro, la vicepresidenta del Senado, en marzo de 2024, por decisión del Consejo de Estado). Según los diputados en cuestión, Cabello —ex ministra de Justicia de Duque— actuaba “como miembro de la oposición más que como jefa de la Procuraduría” (La Radio del Sur, 1 de junio de 2023). En paralelo, y tras una campaña de la prensa conservadora, el Consejo Nacional Electoral (CNE) —otra instancia administrativa no habilitada para hacerlo— abría una investigación sobre la financiación “ilegal” de la campaña de Petro en 2022. A saber, donaciones de parte de un sindicado docente, no en el marco de la campaña, sino para pagar los gastos de los fiscales de mesa del Pacto Histórico presentes el día de las elecciones. Petro incluso llegó a denunciar un intento de golpe de Estado “light” de parte del fiscal general uribista Francisco Barbosa. Se interesa cada vez más por los BRICS [5] (Colombia integra su Nuevo Banco de Desarrollo) y por las nuevas rutas chinas de la seda; cortó relaciones con Israel; condena a la fuerza naval yanqui por los asesinatos de supuestos narcotraficantes en el Caribe desde 2025; denuncia el trato que reciben los inmigrantes… A Washington no le gusta nada. Empiezan a llover represalias. Las amenazas de imponer aranceles del 25% —y más tarde del 50%— sobre todos los bienes colombianos que ingresen a Estados Unidos provocaron un gran revuelo de parte de la oposición y de los agentes económicos en contra del “responsable”, es decir, del presidente Petro. Después de “descertificar” a Colombia en septiembre de 2025, acusándola de ineficacia en la lucha contra el narcotráfico, Washington le retiró su visa al jefe de Estado —a quien Trump considera un “magnate de la droga”— y luego lo incluyó en la “lista Clinton” del Departamento del Tesoro [6].
Como suele ocurrir con el mandatario de la Casa Blanca, los episodios altamente conflictivos van seguidos de súbitos momentos de calma. Algunas comunicaciones telefónicas y una visita a Washington el 3 de febrero de 2026 parecen haber relajado las tensiones. Pero cuando Petro acusó a Estados Unidos de atacar a Venezuela “sin base legal”, Trump le aconsejó que “se cuide el trasero”. Según afirma el New York Times del 20 de marzo, la Drug Enforcement Administration (DEA) lo designó como “objetivo prioritario”, y dos fiscales federales estadounidenses abrieron cada uno una investigación penal distinta contra él. En Colombia, en vísperas de una elección crucial, la derecha y sus medios de comunicación sonríen complacidos.
Además de la ofensiva del “jefe”, hay que sumar las de sus “auxiliares”. Muy de derecha, epígono de Trump, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa lanzó una guerra comercial contra Colombia. A los aranceles de enero del 30% sobre los productos colombianos les siguieron tasas del 50% y más tarde, el 9 de abril, del 100%. Según Noboa, Quito carga con el peso financiero del control de la frontera entre los dos países, mientras que Bogotá no colabora eficazmente en la lucha contra los traficantes. Petro denunció una reunión previa entre el jefe de Estado ecuatoriano y el tóxico ex presidente colombiano Uribe, y procedió a responder aumentando los aranceles en la misma medida y dejando de vender electricidad al país vecino. La crisis económica resultante afecta sobre todo al sur de Colombia, región clave en el apoyo a Petro y Cepeda.
En esta misma zona también ocurrieron unos treinta atentados, el más devastador a causa de una bomba, el 23 de abril (19 muertos y 48 heridos). El ministro de Defensa acusó al EMC, la más grande de las facciones disidentes de las FARC, que hace ya varios meses cortó las negociaciones con el gobierno. “Surge una inquietud legítima sobre si, además de causar daño y zozobra en la población, estos hechos buscan generar un clima de miedo que favorezca intereses de sectores de extrema derecha empeñados en desestabilizar el país y entorpecer el desarrollo democrático del proceso electoral”, reaccionó Cepeda en la plataforma X. Haciendo eco de estas declaraciones, tras afirmar que “la seguridad se recupera[rá] acabando con la ‘paz total’ de Iván Cepeda”, Valencia anunció que, si gana las elecciones, va a designar como ministro de Defensa a… Uribe.
NOTAS:
(1) Cf. Lola Allen y Guillaume Long, “Feu sur ‘l’ennemi intérieur’ en Colombie”, Le Monde diplomatique, junio de 2021.
(2) “Petro: Si nos aislamos, nos tumban” (entrevista), Cambio, Bogotá, 25 de junio de 2022.
(3) Servicio de Información de la Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra, 12 de septiembre de 2025, www.ohchr.org
(4) Banco de la República, Bogotá, 10 de marzo de 2026.
(5) Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
(6) “Treasury sanctions Colombian president Gustavo Petro and his support network”, US Department of the Treasury, 24 de octubre
