ARISTOTELES TENÍA RAZÓN
Los seres humanos necesitamos vivir en sociedad y como tales aspiramos a ejercer poder dentro de ella, somos, como escribió Aristóteles, animales políticos. La tendencia electoral del domingo 7 de mayo pasado así lo comprueba, por cuanto la abstención, los votos nulos y en blanco son cerca del 40% del padrón electoral. Las encuestas muestran que Los partidos políticos tienen apoyo bajísimo, porque se les acusa de corruptos, de haber expropiado la soberanía popular según palabra del ex ministro socialista German Correa, o como denunció el Senador Bianchi, de aprovechadores al haber acordado un proceso constitucional que les permitiría obtener recursos del Estado por cada voto obtenido. Pero, paradoja, esta ciudadanía ha votado, sin embargo, mayoritariamente por uno, el Republicano, que es tan partido político como los otros. Cual es la ventaja de este partido: ser nuevo y mantener un discurso contra el caos ciudadano que se atribuye al octubrismo. En este proceso constituyente los partidos políticos en su mayoría se hundieron en el desprestigio por diferentes razones, ineficiencia, corrupción, inconsecuencia, falta de mecanismos para exigirles rendición de cuentas, entre otras cosas. Los Republicanos se salvaron de la critico por ser nuevos y no tener un curriculo conocido de los males que se le achacan a los otros.
LA VERDADERA REPÚBLICA
Ahora Chile deberá enfrentar una paradoja, se redactará una nueva constitución por quienes no la querían. Y si finalmente se aprueba una con los valores de ese 35% de ciudadanos, entonces se puede prever que no será aprobada en diciembre. Con el agravante que los que no querían una nueva constitución, la derecha en bloque, a pesar de su compromiso en contrario, tendrá dos tercios en el Consejo Constitucional para aprobar lo que quieran. El origen de todo es el acuerdo que permitió el monopolio de los partidos políticos en este proceso, ante lo cual es necesario escuchar a la Comisión Chilena de Derechos Humanos que ha sostenido invariablemente desde hace ya varios años, que entre las deudas de la Justicia Transicional, Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, está la de recuperar el ejercicio del principal derecho colectivo arrebatado al pueblo chileno mediante el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973: el derecho a su libre determinación, establecido en el Artículo 1º homónimo, tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos complementarios de la Declaración Universal de Derechos Humanos y suscritos y ratificados por el Estado de Chile y que si son valores republicanos.
SUPERAR LA RABIA
Durante los 50 años que han pasado desde el golpe militar se fue acumulando la rabia hasta llegar al estallido social, el que, sin embargo, se excedió creando un pánico en ciertos sectores de la población por el caos causado por el lumpen y los propios policías, a lo que se sumó una delincuencia arrebatada, fuera de control con asesinatos de policías, la actuación de anarquistas destructores de los bienes públicos, y la falta de liderazgos políticos, partidos incapaces de condenar con fuerza los desmanes, con lo que se creó un campo propicio para el miedo al cambio, lo que fue bien acogido por este nuevo partido.
Es posible imaginar que, con la creación de leyes denominadas de gatillo fácil, que ya ha dejado varios muertos en manos de policías, actualmente en investigación, en este nuevo contexto político se puede prever, también, la aplicación de una represión que puede alcanzará niveles de violación grave, masiva y sistemática a los derechos humanos, y también la eventual comisión de crímenes contra la Humanidad, como la Tortura y la muerte violenta si los protocolos y la dirección policial no los prevén.
El ejemplo de Buquele, presidente del El Salvador, es sin duda tentador, para un país que siente una sensación de inseguridad, aumentada por cierta prensa. La política represiva de Buquele la resuelve, pero tiene riesgos de excesos, toda vez que, así como tratas al peor de todos serás tratado tu, y no ataca el origen o las causas del problema.
RESOLVER O AGRAVAR LOS PROBLEMAS
La rabia tiene varias causas, no solo la desigualdad y la prepotencia de algunos, sino también la falta de seguridad ciudadana. La nueva constitución deberá abocarse a los dos, dando soluciones reales y no solo superficiales., pero sobre todo instalar una democracia sin los obstáculos que hoy existen. Aunque los nuevos constituyentes nada dicen sobre la grosera desigualdad, ni sobre el abuso institucionalizado, ni la democracia a medias, y la negación de derechos sociales básicos, como el derecho a la educación, a la salud y a la seguridad social, entre otros, estos graves obstáculos al desarrollo no han desaparecido. Es más, los republicanos expresamente se oponen a políticas sociales, a la educación y salud pública.
Recordemos que solo el 1% de la población en Chile, acumula el 26,5% de la riqueza generada en todo el país, mientras que, en contraste, el 50% de los hogares de menores ingresos concentra sólo el 2,1% de la riqueza neta del país. En cuanto a salarios, el 75% de los trabajadores del país percibe ingresos por trabajo iguales o inferiores a los 500 mil pesos mensuales (INE, 2019). Vivimos en un país de emprendedores, pero la mayoría son pobres y no pueden remunerar a sus colaboradores de una manera digna, ya que ellos mismos obtienen ingresos miserables. Esta desigualdad transversal viene desde el fin de la dictadura, en 1990. En efecto, en 2017, la diferencia entre los ingresos del 5% más rico y el 5% más pobre llegó a un récord de 252,4 veces, creciendo un 30% entre 2015 y 2017 (Fundación Sol, Gonzalo Durán, 2019) A su vez, en los primeros 6 meses de 2019, las AFPs registraron utilidades de $1.476.146.591, un 84,7% más que en igual período de 2018. En contraste, en julio de 2019, se jubilaron 11.532 personas bajo el sistema de cuentas individuales administradas por AFP, y el 50% sólo pudo autofinanciar una pensión menor a $48.080 pesos. Incluso, la mitad de las personas que cotizaron entre 30 y 35 años, pudieron autofinanciar una pensión menor a $249.000 pesos, lo que equivale a solo el 82% de salario mínimo vigente (Superintendencia de pensiones, julio 2019). Sin embargo, los electores que apoyan a ese 35% que gano provendría justamente de sectores sociales mas afectados por la desigualdad, pero también por la inseguridad. Esto ultimo es lo habría marcado la pauta.
UNA NUEVA OPORTUNIDAD
La tarea de nueva constituyente en la elaboración de una Nueva Constitución hubiera sido una oportunidad propicia para poner fin a tal desigualdad, lograr mejorar la calidad de vida de la población, y, por lo tanto, poner al día al Estado de Chile en el cumplimiento irrestricto de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos. Pero, las posiciones de los ganadores del 7 de mayo permiten pensar que ello no sucederá, entonces se puede prever que la mayoría de los ciudadanos buscará ahora a otro actor que encabece el rechazo para lograr una constitución que ponga fin a la desigualdad y a la inseguridad. y les permita la recuperación de la soberanía popular perdida, por cuanto es el pueblo soberano el que debe determinar las normas fundantes del nuevo Estado Social y Democrático.
La elaboración de una Nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente, como alternativa, se muestra como un mecanismo necesario para recuperar la soberanía arrebatada, para decidir libremente su destino avanzando hacia el establecimiento de un modelo de sociedad que ponga término a la desigualdad y el abuso institucionalizado, y también lograr la seguridad ciudadana atacando las verdaderas causas de la misma, sino al imperativo ético y normativo de contar con un nuevo texto constitucional que reconozca y garantice debidamente los derechos fundamentales, única forma de terminar con la actual crisis y de dar al mismo tiempo, cumplimiento estricto a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile, en virtud de la suscripción y ratificación de los diversos Tratados, Pactos y Convenciones sobre Derechos Humanos.
En el ámbito de los derechos humanos el derecho es progresivo, una vez reconocido un derecho no se puede volver atrás legítimamente. Ello se explica entre otras causas por el estado del derecho internacional, el estado actual de las relaciones internacionales y la universalización de la cultura. La efectiva vigencia, protección y fomento de los derechos humanos constituye el principio y fin básico de todo Estado de Derecho y en el estado actual del desarrollo cultural no solo se trata de la ley y el orden sino también de la solidaridad y la cooperación, de manera que el Estado pueda cumplir tareas de protección social para todos. Entonces es correcto definir al Estado como Estado Social de Derecho.
UNA ÉTICA CONSTITUCIONAL
No hay verdadero Estado Social de Derecho sin garantía efectiva, a través de recursos jurídicos eficaces, de la vigencia de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sus Pactos Complementarios de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos y Sociales y demás instrumentos internacionales vigentes, que ya constituyen normas obligatorias para el Estado y que son definidos como la tutela de los derechos humanos. El Estado Social de Derecho tiene como fin garantizar los derechos humanos, por cuanto se desprenden del necesario reconocimiento a la dignidad de la persona humana, tal como lo expresa la Declaración Universal de Derechos Humanos. En virtud de ello el Estado debe reconocer y amparar el respeto a dichas garantías, los que a su vez constituyen una limitación al ejercicio del Poder político, la soberanía limita en el respeto de los derechos de las personas.
Como sabemos, la actual Constitución Política fue en su origen una constitución llamada de seguridad nacional, fundada en la idea del enemigo del orden jurídico, de la libertad, de los principios fundamentales de la sociedad, y a ese enemigo había que excluirlo, y así se estableció en el Art. 8º la exclusión de ideas políticas y en el 9° de esa constitución el concepto de terrorismo y, por esta vía, la exclusión de los supuestos terroristas. Si bien va a desaparecer en la primera reforma (1988), donde se incorporó un artículo a la constitución (Art. 5, inciso 2°) que señala que los Derechos Humanos vigentes reconocidos en instrumentos internacionales son también parte de la constitución de manera que tienen rango constitucional y ello prohíbe la exclusión, consecuencia de la evolución del derecho (https://www.academia.edu/34876702/CARLOS_L%C3%93PEZ_DAWSON_Epistemolog%C3%ADa_jur%C3%ADdica.).
CULTURA CONSTITUCIONAL
Ahora no es aventurado afirmar que la ciudadanía ha logrado un conocimiento constitucional inédito, toda vez que desde la propuesta de nueva constitución hecha por la presidente Michelle Bachelet han pasado 10 años de conocimiento y reflexiones ciudadanas sobre constitucionalismo. Ahora muchos saben que la Constitución condiciona la vida cotidiana en todos los sentidos, toda constitución es incidente porque, como en el caso de la actual, permite la máxima concentración de poder económico, al limitar la función reguladora del Estado; no protege nuestros derechos humanos, a la salud, educación y otros, ni siquiera a acceder a remedios o fármacos elementales para la salud; concentra el poder político, vacía de contenido la representación, posibilitando que las minorías gobiernen, no resuelve la enorme desigualdad económica y social expresada en la distribución regresiva del ingreso, tampoco ataca la corrupción, entre otras consecuencias.
LA TAREA DE SER MEJOR
Los nuevos convencionales deberán enfrentar los problemas sociales desde la constitución y superar los enclaves o vacíos que la actual tiene, superándolos, como por ejemplo los siguientes:
Los de carácter político, ya que no es verdaderamente democrática y otorga capacidad de veto a las minorías instaladas desde la dictadura; los de carácter jurídico, por cuanto su origen es ilegítimo y no democrático, es arcaica y no corresponde a las concepciones del constitucionalismo contemporáneo por carecer de garantías los derechos fundamentales. Además, la creación de un Tribunal Constitucional (TC) cuya función es la protección de valores establecidos en la constitución y que corresponde a la de una minoría, descartar un TC con facultades para expropiar las facultades del poder Legislativo, transformándose en una tercera cámara. En lo económico, por imponer un modelo económico, político y social sin previa consulta democrática a la población y luego porque favorece la concentración del poder económico y político, inspirada en la doctrina neoliberal la que ha sido extremada mediante la mercantilización a través de la privatización de la totalidad de los servicios básicos: Agua, luz, gas, transporte, etc., de los servicios de Salud: Isapres y prestación privada al sistema de subvención pública; Previsión: AFPs; de Obras públicas: Infraestructura vial, transporte público; de Educación: subvenciones y privatización de todos los niveles de educación. La mantención de un Estado sin verdadera capacidad de perseguir la corrupción ni de fiscalizar. En seguridad pública sin instrumentos para garantizarla, y lograr que los índices de Inseguridad ciudadana y de inseguridad Humana disminuyan. (PNUD, 1998).
SUPERAR LAS CONTRADICCIONES
Si bien, los dos tercios que ahora controlan el Consejo Constitucional y que incluye al 35% de los ciudadanos del partido Republicano, que concurrieron a votar el 7 de mayo pasado, esta integrado por personas que nunca estuvieron de acuerdo con una nueva constitución, pero, ahora, sin embrago, deberán redactar una nueva. Ellos, como los demás consejeros constitucionales, deberán tener presente que no vivimos en una isla, que somos parte de una comunidad internacional que establece obligaciones jurídicas a todos y que hay demandas sociales y económicos que exigen respuestas. Por lo tanto, siguiendo los lineamientos de los instrumentos internacionales de derechos humanos, la nueva Constitución deberá recoger aquellos reconocidos en el derecho internacional y deberá garantizarlos debidamente con recursos eficaces y además aterrizar una propuesta constitucional que responda a la rabia acumulada.
Como sea, la nueva propuesta constitucional será sometida a plebiscito en diciembre próximo y dado el resultado electoral del 7 de mayo, hay una cantidad de ciudadanos que no está dispuesto ser burlado y probablemente votaran rechazo esta vez si se plasma una ideología determinada. En esa perspectiva una constitución que constituya un retraso o simplemente una repetición de la anterior, correrá el riesgo de ser rechazada, de manera lo que cabra será convocar esta vez a una convención constitucional sin amarras ni bordes ni ninguna pillería que trate de expropiar la soberanía popular, teniendo presente que la constituyente originaria es el pueblo, quien puede ejercer su derecho a la autodeterminación y no existe otro mecanismo democrático para ello que la asamblea constituyente.
Recogiendo los reclamos de las redes sociales, diremos que los partidos políticos de la transición tienen responsabilidad en lo que pasa por cuanto pactaron con Pinochet la “salida democrática” dejando esta constitución política, y desde el comienzo aceptaron una democracia en la medida de lo posible permitiéndole al Dictador entrar en el Congreso. Por ello hay que estar atento a las redes sociales donde se acusa a los partidos políticos de la transición de haber entregado los recursos naturales por nada y consolidar la privatización de las empresas del Estado, sin sancionar la corrupción, de hacerse socios de dichas empresas, de privatizar el agua y las empresas sanitarias, permitiendo bases militares extranjeras en el territorio, crear cárceles Vip a los violadores de Derechos Humanos, implementar sistemas que profundizaron el lucro en la educación, endeudar a los estudiante de la educación superior con el CAE, además de haber permitido que los partidos se llenaron de casos de corrupción, y que se las arreglen para sacar leyes rápidamente cuando se inscriben candidaturas erróneas, por ejemplo, que no permiten que se investiguen los casos financiamiento de campañas presidenciales, se legitiman a si mismos con el Re fichaje de partidos políticos, militarizan el Wallmapu. Además, crean leyes represivas para el control de la protesta, han logrado un acuerdo para continuar con un proceso constituyente que solo beneficia económicamente a los partidos políticos y excluye a independientes y a los movimientos sociales. Todo mal, salvo para los que realmente se benefician del modelo y que no son los militantes de tales partidos ni la mayoría de los ciudadanos. Por todo esto la tarea es difícil de por si, y es de esperar que posiciones intransigentes y retrogradas no la hagan más difícil hasta el punto que todo haya que repetirlo. Mayo 2023.
(El autor es Dr. en ciencia política, Director de Postgrado e Investigación de Universidad la República)
