Dada nuestra historia política reciente en la que un Golpe de Estado dirigido por civiles y militares causó unos de los capítulos más horrorosos de los que tengamos memoria nacional y mundial, pero también por las distintas violaciones del Estado en los años de recuperación de la democracia, es fundamental establecer un orden político en favor de la democracia y los derechos humanos. Esto es una condición necesaria para que la ciudadanía tenga garantías reales para participar en política sin temor.
Creo que el artículo 16 se hace cargo de eliminar el recurso de recurrir a la pseudo legitimidad del Estado para imponer la violencia. Cuestión fundamental para una cultura de la paz inherente a la convivencia democrática. Señala el punto número 3 de este artículo: "Ninguna magistratura, persona ni grupo de personas, civiles o militares, pueden atribuirse otra autoridad, competencia o derechos que los que expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución y las leyes, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias".
Volviendo a nuestra historia, este artículo hace posible el "para que nunca más" lema que reunía los anhelos más profundos después del trauma ciudadano provocado por los golpistas. Ningún poder del Estado podrá imponerse a los procesos democráticos de la ciudadanía. Si es que estos poderes quisieran servir al poder de las oligarquías y de los Partidos Políticos que suelen estar a su servicio tendrán que hacerlo lejos de la institucionalidad constitucional.
Esto representa un salto cuantitativo en el orden político impuesto por la ilegítima Constitución del 80, más tarde consensuada por Longueira y Lagos. Las razones de Estado no serán fundamento para el uso de la violencia que traspasa los límites de los derechos humanos y ciudadanos. Será fundamental comprender que las relaciones en lo político sólo son legitimas en el diálogo, cuestión básica en la convivencia democrática como bien lo han desarrollado en varios de sus escritos los filósofos Jorge Millas y Humberto Giannini, y figuras como el Cardenal Silva Henríquez.
Como bien se dice al inicio del artículo 16: "El Estado se funda en el principio de supremacía constitucional y en el respeto a los derechos humanos". Ningún Gobierno, ni organismo del Estado, ni Partido Político, podrá avalar la violencia del Estado para ser usada en sus intereses para atentar contra la ciudadanía.
Este tipo de práctica política violenta y represiva la hemos visto presente en varios de los Partidos Políticos y figuras públicas que hoy están comprometidos en una campaña de bloquear la instalación de un nuevo orden político más democrático apoyando la campaña del rechazo. Esa actitud es la que sigue defendiendo el legado facista del pinochetismo.
Un país democrático es aquel que renuncia a los totalitarismos y enfrenta el poder de la élite económica, en favor de un orden político que permita la legitimidad de la organización social en demanda de los derechos fundamentales orientados a una mayor justicia social.
Un país democrático es aquel que entrega garantías para la soberanía popular que está llamada a regir responsablemente el orden político. La Nueva Constitución permite el fortalecimiento del Estado desde la ciudadanía que venía siendo excluida por quienes le robaron y traicionaron su representación.
Alex Ibarra Peña.
Dr. en Estudios Americanos.
