¿Qué ocurre cuando una sociedad logra expresar su malestar, pero sus instituciones no consiguen transformar esa diversidad de demandas en un horizonte compartido de futuro?
El 18 de octubre de 2019, Chile experimentó una ruptura que difícilmente puede comprenderse atendiendo únicamente a los acontecimientos que ocuparon las calles. La evasión del Metro, el saltar el torniquete, fue el detonante inmediato de un proceso que rápidamente desbordó su origen y puso en cuestión aspectos más profundos de la sociedad: las pensiones, el acceso a la salud, la educación, los salarios, el endeudamiento, la desigualdad y, especialmente, la percepción de que las oportunidades y los costos de vivir en sociedad se distribuían de manera profundamente desigual. Es así que bajo la consigna de la dignidad se expresó un malestar heterogéneo, sin una dirección política única ni un programa común capaz de representar a todos quienes se movilizaron. Quizás esa fue una de sus principales características: la capacidad de reunir experiencias y demandas diferentes, pero también la dificultad de convertirlas en un proyecto compartido de transformación.
Ese Chile que “despertó” el 18-O, no permaneció inmóvil, hubo algunas reformas sociales, procesos constitucionales, cambios de gobierno y sobre todo una profunda reconfiguración del escenario político, desde donde también emergieron nuevas tensiones y una disputa bipolar sobre el país que queremos construir. El desafío que se nos plantea a través de estos años consiste en distinguir entre las transformaciones que efectivamente ocurrieron y las expectativas sociales que continúan sin una respuesta suficiente.
Sin embargo, el estallido no fue únicamente una expresión de demandas sociales insatisfechas, también puso en evidencia una crisis de representación política que venía desarrollándose desde antes de 2019. Durante años, la disminución de la confianza en los partidos y las instituciones había revelado una distancia creciente entre la ciudadanía y quienes ejercían el poder. Se puso en evidencia una crisis de representación política, dando como respuesta alternativas políticas, en ambos extremos, que han ido más allá de romantizar lo violento del estallido social o el extremo contrario de acusar de un fallido golpe de estado. Se abrió un escenario en el que distintos proyectos comenzaron a disputar la interpretación del malestar y las respuestas que debían ofrecerse, abriendo espacios a proyectos contrapuestos que cuestionan, desde distintas posiciones, las formas de hacer política y las prioridades que deberían orientar al Estado.
Las disputas ideológicas y políticas, han llevado a la transformación del escenario en el que estos proyectos extremos compiten, generando el debilitamiento de las identidades partidarias tradicionales, así como la dificultad de construir mayorías estables y la disputa por representar a una ciudadanía que no necesariamente se reconoce en las categorías políticas en debate. Lo que muestra es que la existencia de un malestar compartido no garantiza un acuerdo sobre sus causas, las soluciones institucionales o el modelo de sociedad deseado. Una sociedad puede coincidir en que determinados problemas requieren cambios y, al mismo tiempo, discrepar profundamente sobre cuáles deberían ser esos cambios y quiénes deberían conducirlos.
La dificultad no reside únicamente en la capacidad de las instituciones para canalizar las demandas, sino también en la posibilidad de construir acuerdos legítimos entre grupos con experiencias, intereses y expectativas diferentes, donde los intereses del poder político despliegan más obstáculos y brechas, que puentes de acuerdos por las transformaciones pendientes.
No podemos obviar el desplazamiento de las demandas ciudadanas y las prioridades de las pugnas políticas nos llevo de tener un discurso sobre la dignidad y los derechos sociales, a una mirada centrada en la securitizarían y el control. Es desde acá que comienzan a coexistir con nuevas preocupaciones que modificaron la manera en que la ciudadanía evalúa la acción del Estado. Con ello quiero hacer énfasis que no es necesario entender la dignidad y el orden como demandas necesariamente incompatibles. La seguridad también constituye una condición importante para el ejercicio de los derechos y para la vida cotidiana de las personas. El problema aparece cuando el debate público presenta estas preocupaciones como alternativas excluyentes, como si atender la seguridad exigiera desatender las desigualdades o como si abordar las causas sociales de la delincuencia implicara desconocer la necesidad de protección.
La polarización política puede profundizar esta tensión cuando las diferencias dejan de expresarse como desacuerdos sobre políticas concretas y se convierten en una disputa sobre la legitimidad del adversario, sus intenciones o su derecho a representar a la sociedad. En ese escenario, los problemas públicos corren el riesgo de transformarse en símbolos de confrontación antes que en asuntos susceptibles de análisis y deliberación. Las cifras se interpretan desde posiciones previamente asumidas y las propuestas se evalúan según quién las formula. La pregunta relevante no es si el país debería eliminar sus diferencias, sino cómo puede procesarlas democráticamente sin convertirlas en obstáculos permanentes para la deliberación y la acción colectiva.
El malestar social no necesariamente desaparece cuando deja de expresarse en las calles. Puede permanecer latente, transformarse y coexistir con una creciente desafección política. Cuando las demandas no encuentran respuestas percibidas como suficientes, o cuando las instituciones pierden credibilidad como canales de transformación, puede debilitarse el interés por la política institucional, la confianza en sus actores y la disposición a participar a través de los mecanismos tradicionales.
El desafío es comprender la sociedad que emerge desde el estallido social. El desafío de Chile no consiste en regresar al momento anterior al estallido ni en reproducir indefinidamente sus disputas. Consiste en comprender qué reveló aquel proceso sobre las condiciones de vida, las instituciones y las dificultades de construir acuerdos en una sociedad diversa. Porque una democracia no se mide únicamente por su capacidad de contener el conflicto o de alternar gobiernos, también importa su capacidad para escuchar demandas, traducirlas en decisiones legítimas y evaluar si esas decisiones mejoran efectivamente la vida de las personas. La pregunta que permanece abierta es, entonces, tan social como política: ¿qué ocurre cuando una sociedad logra expresar su malestar, pero sus instituciones no consiguen transformar esa diversidad de demandas en un horizonte compartido de futuro?
Quizás la respuesta no se encuentre en una sola reforma, un liderazgo o un resultado electoral. Quizás debamos buscarla en la capacidad de Chile para reconstruir una relación entre ciudadanía e instituciones en la que las diferencias puedan expresarse, los conflictos puedan tramitarse y las transformaciones sociales puedan evaluarse más allá de las promesas que las originaron. En donde la voz de la ciudadanía, desde los lugares situados, emerja desde las propuestas y sea escuchada para la toma de decisiones en conjunto.
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Francisco Ramírez Varela, es Trabajador Social, Académico - Investigador
