De acuerdo con datos del MINVU[1], en Chile existen 802 campamentos originados en su mayoría por tomas de terreno, las que a su vez, han aumentado en un 25% desde el año 2011. Esto, se traduce en 47.050 familias viviendo en estas condiciones, las que solo en la Región de Valparaíso, alcanzan la alarmante cifra de 11.228.
El movimiento de pobladores y pobladoras fue una de las arterias del Movimiento Popular chileno previo al golpe de Estado de 1973, y sus orígenes lo podemos encontrar en las ligas de arrendatarios que se oponían a las constantes alzas de los precios de arrendamiento, generada por la masiva migración hacia centros urbanos -post crisis del salitre- y que generó escasez de viviendas.
A mediados del siglo XX, centenares de familias apremiadas por la falta de un techo, llevan a cabo una de las primeras tomas de terreno en Chile y Latinoamérica, esta toma, es hoy la histórica población La Victoria. Ese ejercicio de autonomía, en que los mismos pobladores/as construyen su destino, se replicó en múltiples lugares del país, dando lugar a asentamientos que, con su propia organización y petitorios al Estado, iban construyendo un lugar para vivir. El Estado, en ese entonces, ante la urgencia y presión social, respondía con la Corporación de la Vivienda (CORVI) que fusionó las instituciones previas que se hacían cargo de las políticas públicas hacia la vivienda. El DL 583 que crea la CORVI, establecía: “(…) Que uno de los más graves problemas del país es el de la carencia de viviendas, he integral para resolverlo; (…) Que para ello el Estado debe apoyar en forma eficaz a la industria nacional de la construcción; (…) Que para encarar este problema nacional es de primordial importancia la creación de un solo organismo estatal que construya y fomente la construcción de viviendas económicos de acuerdo con las necesidades del país y de sus regiones”. Cabe destacar que, para su financiamiento se consideraba, además del Presupuesto de la Nación, el que las Empresas Industriales y Mineras, entregaran anualmente a la Corporación, el 5% de sus utilidades.
La acción pública tiene un nuevo impulso en 1960, cuando el Estado crea el Programa Nacional de Vivienda, y la política de las “operaciones sitio”, que otorgaban terrenos fomentando la autoconstrucción, para posteriormente crearse en 1965, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Sin embargo, la acción del Movimiento Popular exigía una mejor planificación y solución a la problemática de la vivienda, la que estaba lejos de solucionarse, especialmente debido a la migración campo ciudad, que generaba cordones marginales en las periferias de los centros urbanos. Es así, como llegamos al Gobierno Popular, que construye una política habitacional fundada en “planes anuales, que fueron los motores de la política social de aquella época, y que tuvieron como principio básico la concepción de que la vivienda es un bien al cual tienen derecho todos los habitantes y su reparto no se puede regir por reglas económicas, sino por necesidad y condiciones sociales.” [2]
El Estado neoliberal y la política de vivienda.
El golpe de Estado, además de dar paso a una dictadura cívico militar que sostuvo la violación sistemática de DDHH, significó la refundación del capitalismo en Chile, lo que a la postre, significa que el patrón de acumulación varía a uno radicalmente distinto, en el cual el rol del Estado cede espacio a la acción privada y al libre mercado. Comúnmente, a este patrón de acumulación capitalista se le denomina neoliberalismo, y luego de décadas de reproducción, ha significado la privatización de prácticamente todas las esferas de la vida.
La vivienda, por tanto, no quedó exenta de este nuevo “paradigma”. Se da rienda suelta al libre mercado de los suelos, y se desmantela la organización estatal a cargo de la política habitacional. Este nuevo escenario, dio paso a una política “descentralizada” y “moderna”, que -dejando de lado eufemismos- se tradujo en que la Vivienda se adquiere con el esfuerzo individual y el ahorro; la familia y el Estado comparten la responsabilidad para producir este bien. Se da paso entonces a un mercado de la vivienda, en el cual el sector privado está a cargo de su producción, mediante el negociado de las inmobiliarias, y se reduce el rol del Estado a planificar, (lo que incluso hace de manera deficiente), controlar el acceso a la vivienda y, otorgar subsidios focalizados.
Atrás queda entonces la concepción de la Vivienda como un derecho fundamental, que no pueda regirse por reglas económicas, sino que por las necesidades comunitarias y las condiciones sociales. Ahora bien, esto impacta directamente en la calidad de las viviendas, lo que con el retorno de los gobiernos civiles sigue siendo una deuda pendiente; bastando solo comparar una vivienda construida en el periodo de la CORVI, con una vivienda social de la “época” neoliberal; las palabras y la precarización, sobran.
La vivienda y la ciudad como Derechos.
Hoy, en pleno debate constitucional, surge la vivienda y el derecho a la ciudad como cuestiones propias del Chile del siglo XXI. El “sueño de la casa propia” vista como un bien de consumo al cual se accede solo con el esfuerzo personal y el ahorro individual, cuestión enormemente dificultosa para muchas familias que tienen otras prioridades de subsistencia, va dando paso decididamente a recobrar la vivienda digna como un derecho para todos y todas, que anteponga el bienestar de la población antes que el lucro. Por lo demás, actualmente surgen nuevas problemáticas: el lugar donde se construyen las viviendas sociales, cada vez más alejadas de los centros urbanos donde las personas han vivido y se desarrollan; la calidad de estas, sacrificada muchas veces con tal de aumentar las utilidades de las empresas que construyen; la falta de áreas verdad y de esparcimiento; la amenaza inmobiliaria que irrumpe en sectores habitacionales tradicionales, aumentando la densidad poblacional sin planificación alguna; la amenaza medioambiental que significan estos proyectos; etc. Todo lo expuesto, lleva a la necesidad de consagrar el Derecho a la Ciudad, entendiendo por tal, la participación vinculante de la población en la organización y planificación de su propio hábitat, donde la sociedad civil participe activamente en la construcción de las ciudades que queremos. Hoy, la regulación en estas materias es débil y se requiere avanzar hacia la participación vinculante de la ciudadanía, de manera de asegurar el oportuno acceso a servicios básicos tales como abastecimiento, transporte público, educación, salud, seguridad, esparcimiento, etc.
De igual forma, es destacable la experiencia de los planes piloto de Cooperativas de Vivienda, los cuales escapan a la lógica vigente en materia de vivienda, permitiendo la participación activa e integral de los cooperantes beneficiarios en la construcción de sus futuros hogares. Este tipo de modelos deben replicarse y financiarse, toda vez que logran un sentido de pertenencia e identidad que la política habitacional debe considerar.
Recobrar entonces el sentido de comunidad, mediante la vivienda digna y el derecho a la ciudad, son materias candentes ante la realidad de la ciudad actual. El proceso constituyente nos invita a debatir al respecto, por lo que será fundamental contar con representantes que defiendan esta nueva visión, donde el Estado cumpla un rol activo, no meramente subsidiario, y cuyo financiamiento derive de los bienes naturales -nacionalización por medio- que hoy el capital arrebata a las grandes mayorías.
