El pasado jueves 21 de noviembre, Amnistía Internacional hizo público el informe de su investigación (aún en proceso) sobre violaciones a los derechos humanos en Chile durante el período de movilización social iniciado a mediados de octubre. Las conclusiones fueron categóricas: el estado chileno ha vulnerado los derechos humanos de manera generalizada. De acuerdo a Pilar San Martín, investigadora para contextos de crisis de dicho organismo, luego de semanas de indagación en diversas regiones y comunas, “tenemos toda la convicción de que el Estado cometió graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional”. Dos aspectos claves del informe, más allá de afirmar que han existido transgresiones de los derechos humanos (constatación que también han sostenido a su llegada al país los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-), es que estos hechos representan un modo institucional de enfrentamiento de la crisis y que el objetivo es castigar deliberadamente a los manifestantes.
Los resultados del informe fueron tajantemente rechazados por el Gobierno del Presidente Piñera. Los Ministros de Defensa y Justicia, así como la Subsecretaría de Derechos Humanos (organismo dependiente de este último ministerio), han realizado severas críticas, señalando que existen “aseveraciones irresponsables” y justificando el accionar gubernamental en materia de orden público. Del mismo modo, el Ministro del Interior Gonzalo Blumel, sostuvo que en La Moneda no han recibido una solicitud formal de parte de Amnistía Internacional para reunirse y abordar la situación actual. La afirmación fue rápidamente desmentida por Érika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. Por su parte, Carabineros y las Fuerzas Armadas, éstas últimas, en un polémico comunicado conjunto, rechazaron la tesis del ataque generalizado e intencional.
Considerando las evidencias proporcionadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y la pronta entrega de los informes de Human Rights Watch y de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, es claro que la tendencia acusatoria contra el Estado de Chile continuará agravándose, al comprobar, con una alta probabilidad, que las violaciones a los derechos humanos han sido no sólo generalizadas, sino que también, sistemáticas. En una entrevista, el fallecido Director del Servicio Médico Legal Patricio Bustos señaló, en referencia a la defensa de los derechos humanos, que “en la vida hay que saber en qué lado de la vereda uno camina, yo he decidido ponerme en la vereda de los principios”. Esta cita es ilustrativa para aludir a la posición de la derecha chilena en el eje político-moral que representan los derechos humanos en el sistema político de post-dictadura, especialmente, a partir de las evidencias relativas a la política represiva del Gobierno del presidente Piñera en las últimas cinco semanas. Actualmente, no resulta sorpresivo afirmar que la relación de la derecha chilena y los derechos humanos ha sido un asunto complejo. Durante la década de los noventa, los partidos de derecha apoyaron y defendieron a Pinochet, aún en conocimiento de las múltiples denuncias contra su régimen por torturas y asesinatos, las que fueron públicamente reafirmadas a nivel internacional luego de la detención del ex dictador en Londres en 1998. La evidente relación de este sector con el gobierno dictatorial y su legado posibilitó que, durante aquel periodo, la ciencia política afirmara que, en el clivaje político contemporáneo, compuesto por un eje de “anti-dictadura” y otro de “defensa de la dictadura”, la derecha estaba en la “vereda” del autoritarismo.
Si bien Piñera fue un político que intentó marcar diferencias respecto de su sector, afirmando que había votado por el “No” en el plebiscito de 1988, durante su primer mandato (2010-2014), y en lo que va de su segundo, han existido muestras claras que el compromiso con el “Nunca más” es matizado y relativo. Por una parte, se critican las violaciones a los derechos humanos, pero se valora el sistema económico impuesto. Por otro lado, se acepta la memoria de las víctimas en el espacio público, pero se crítica la falta de “contexto” en las explicaciones por las vulneraciones de la dictadura. Esta postura, se ha materializado en diferentes situaciones: las críticas de la ex directora de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), Magdalena Krebs y del efímero Ministro de las Culturas, Mauricio Rojas, al Museo de la Memoria; el escaso apoyo a los sitios de memoria y; el retiro de la tramitación del proyecto de ley que otorgaría un aporte único de carácter reparatorio a víctimas de la dictadura.
Durante la explosión social de 2019, el Gobierno ha comunicado su compromiso con los derechos humanos, pero, en los hechos, no ha logrado materializar en acciones que frenen la violencia policial, la cual, de acuerdo al INDH, ha significado más de dos mil quinientas personas heridas, de cuales, doscientas veintitrés han sufrido daño ocular. En la audiencia de oficio de la CIDH sobre el caso de Chile, realizada en Ecuador el 10 de noviembre, los representantes del Estado centraron su argumentación en la violencia, la alteración del orden público y el alto costo de las reparaciones del transporte. La CIDH, en respaldo a las evidencias de los organismos de defensa de los derechos humanos, señaló que la defensa del orden no puede ser argumento para las vulneraciones de derechos fundamentales. En síntesis, al finalizar la cita, la sensación predominante fue que lo que son violaciones a los derechos humanos en estándares internacionales, en Chile parecen ser discutibles en función de cuestiones de “contexto”.
El proceso social de octubre de 2019, en este sentido, abrió un flanco que, para la derecha, en general, y para Piñera, en particular, es especialmente complejo: la articulación de demandas de derechos humanos civiles y políticos (relativos al uso desmedido de fuerza por parte de Carabineros y la justicia por sus crímenes) y de derechos sociales, económicos y culturales (en relación a la crítica social transversal acerca de la desigualdad y que se refleja en el rechazo a la Constitución Política de 1980). Por tanto, la política post-transicional chilena está frente a un reto doble. Por un lado, debe actualizarse rápidamente en materia de incorporación de los derechos humanos en la nueva Constitución y, sobre todo, en términos concretos de garantías de no repetición. Reformar Carabineros y las FF.AA. son medidas urgentes. Por otra parte, reformular el modelo económico, eliminando las inequidades en el derecho humano a la salud, educación y previsión social. De acuerdo al último Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, las garantías para la plena vigencia de los derechos fundamentales implican necesariamente el abordaje de las vulneraciones de los derechos sociales.
La pregunta que asoma es si el Gobierno de Piñera está en condiciones de asumir este proceso, enmarcado en un encuadre político y económico que no comparten.
Omar Sagredo Mazuela.
Docente de derechos humamos y derecho humanitario. Escuela de Ciencia Política de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
