En el último siglo se ha acumulado en el continente cuantiosa información sobre la criminalización, violencia, prejuicio y discriminación basadas en la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales. Las personas LGBTQIA+ suelen verse expuestas a situaciones de extrema vulnerabilidad, siendo la violación de sus derechos humanos prácticas que se observan -en mayor o menor medida- en todos los países. Estas prácticas están basadas en el deseo de “castigar” a las identidades, expresiones, comportamientos o cuerpos que difieren de las normas y roles de género tradicionales, o que son contrarias al sistema binario hombre/mujer; entre otros hechos, se pueden señalar la violencia sexual (homofobia, transfobia); así como actos de discriminación y prejuicio que obstaculizan o impiden a las personas de este colectivo social el ejercicio de su derecho a la identidad, a la justicia, salud y educación.
Una expresión preocupante de esta situación es la exclusión, la cual parece muchas veces estar legitimada por agentes del Estado y por sociedades que aún conservan y normalizan prejuicios sociales contra las personas trans y de género diverso, la cual tiene como efecto práctico que no se dé la debida importancia y consideración a la grave situación de vulneración de los derechos humanos a que están expuestas. En los últimos años, algunos estados han ido tomando medidas que buscan revertir esta situación preocupante y avanzar progresivamente hacia la reparación de violaciones de derechos humanos en contra de las personas trans y de género diverso; los avances observados están íntimamente relacionados a la labor de organizaciones de la sociedad civil, que trabajan de manera incesante y que han logrado que se presenten avances en materia legislativa, en políticas públicas y en materia judicial.
En Chile, en 1991, cuando la homosexualidad era considerada como un delito por el Estado, surgió el MOVILH - Movimiento de Liberación Homosexual – organización de la sociedad civil que ha desarrollado una intensa y fructífera tarea en la protección de las personas de los derechos de las diversidades sexuales. 20 años después, el año 2011, se organizó la Fundación Iguales, para trabajar por la igualdad de derechos y la no discriminación de la Diversidad Sexual y de Género.
A fines de 2019, entró en vigor la Ley de Identidad de Género, la cual permitió cambiar de nombre y sexo registral (‘nombre social’). Adicionalmente, en su Informe Anual 2022, el MOVILH consideró que este año se ha logrado en el país la igualdad legal para las personas de la diversidad sexual y de género. Los profesionales de la salud pueden jugar un rol fundamental en la atención de las personas trans y de la diversidad sexual, respetando las decisiones e identidades de las personas. Este proceso requiere de un dialogo respetuoso entre los equipos de salud y las personas que presentan alguna expresión de diversidad sexual.
Sebastián Lavanderos Bunout, René Castro Santoro y Gabriel Carreño Provoste, Programa Salud de la Mujer Medicina UDP.
