Si tomamos como referencia la última encuesta CEP, es posible apreciar cómo el amplio respaldo ciudadano con el que inició el actual gobierno ha experimentado una rápida erosión, dando paso a un escenario caracterizado por el desinterés y la frustración ciudadana. Por ejemplo, un 67% de los encuestados manifiesta una baja o nula confianza en el cumplimiento de las promesas de campaña de la administración del Presidente Kast. Esto refleja un escepticismo estructural, explicado en gran medida por la centralidad que han adquirido las demandas en materia de seguridad pública y el empeoramiento de las expectativas económicas.
Bajo este contexto, resulta relevante analizar las dinámicas de fondo. Los sistemas presidenciales basados en balotaje suelen generar mayorías electorales contingentes que no necesariamente se traducen en mayorías políticas estables a largo plazo. La dificultad para sostener el respaldo popular a lo largo del mandato limita con frecuencia la continuidad de las coaliciones de gobierno, lo que en el análisis politológico se traduce en un desafío crítico de sostenibilidad de las políticas públicas.
El acelerado desgaste del apoyo oficialista puede explicarse por la brecha existente entre el discurso programático de campaña y la complejidad técnica de su implementación. Cuando las respuestas institucionales apelan a soluciones simplificadas frente a problemas complejos —como la gestión migratoria y la seguridad—, la baja efectividad de las medidas erosiona rápidamente la confianza pública. Esto quedó evidenciado cuando desde la propia administración se relativizaron compromisos de campaña al calificarlos como discursos de carácter conceptual o metafórico.
Sin embargo, este escenario no implica una recuperación automática de los espacios de representación por parte del arco progresista. Considerar que la sola autoidentificación política en el eje izquierda-derecha (que ronda el 21%) permite estructurar una coalición mayoritaria es un supuesto frágil. De mantenerse este vacío de representación, se consolidan las condiciones para que actores independientes o fuerzas como el Partido de la Gente capitalicen el descontento mediante discursos pragmáticos o desideologizados, reconfigurando el mapa de centro-derecha.
Aunque colectivos de la centro-izquierda y el progresismo (como el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista) se encuentran en procesos de revisión programática, la vinculación entre la ciudadanía y las estructuras partidarias tradicionales sigue siendo frágil. La encuesta CEP confirma que más del 70% de la población no se identifica con ningún partido político, registrando estas instituciones niveles de confianza extremadamente bajos (entorno al 4%). La ciudadanía opera, en su gran mayoría, al margen de la adhesión partidaria tradicional.
Por su parte, al analizar la pérdida de legitimidad en los sectores de derecha — entendidos aquí como la coalición de fuerzas que respaldó la candidatura presidencial oficialista—, se observa que estos cuentan con una base de identificación orgánica acotada (alrededor del 13%), frente a una amplia mayoría ciudadana desvinculada de la estructura partidaria tradicional. En este escenario, el dilema central radica en la dificultad para equilibrar de manera simultánea la priorización de la agenda de seguridad pública con la respuesta efectiva a demandas sociales estructurales, tales como la salud y la educación.
Lo expresado devela una paradoja relevante para la gestión pública y la política contemporánea: el distanciamiento respecto a los partidos coexiste con una sostenida demanda por mayor justicia e integración social. Como señala Joseph Stiglitz, las demandas por equidad no solo responden a criterios redistributivos, sino que resultan fundamentales para la eficiencia económica, en tanto buscan corregir fallas de mercado e insuficiencias en los modelos de desarrollo vigentes. A este desafío se suma la gestión de la seguridad pública, la cual, aun cuando constituye un «problema complejo» o transversal (wicked problem), exige ser abordada por las dirigencias políticas con la madurez y la altura de miras que la ciudadanía demanda.
Superar esta brecha requiere fortalecer la capacidad de las instituciones democráticas para conectar con las expectativas ciudadanas, desplazando el foco desde los debates puramente intra-elitarios hacia la efectividad y la empatía en la gestión. La sostenibilidad del sistema democrático depende de la capacidad de sus actores para construir legitimidad, entender que la política requiere generar horizontes de desarrollo compartido y evitar que la brecha ética o estratégica profundice el desencanto institucional.
Zoran Sfeir Barría
Abogado
Magíster en Gerencia Pública USACH
