La crisis actual ha puesto en evidencia que la administración del presidente Sebastián Piñera no solo adolece de serios problemas de gobernabilidad, sino también que ésta ha comprometido los principios más básicos que rigen a un Estado: la seguridad y la protección de los habitantes de la nación. A la vez, se ha dañado la imagen internacional del país, atentado contra la democracia y se han vulnerado los derechos humanos fundamentales de la población. Todo esto, si bien se ha evidenciado en la actual coyuntura, se ha ido construyendo a lo largo del año y medio de mandato de “Chile vamos”.
El fin primordial del Estado es asegurar la protección de su población, así como también promover el bienestar de la persona humana. Incluso, la pseudo legítima Constitución Política de la República de Chile establece ambas dimensiones, por un lado, señala que el “Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común” y, por otro, sostiene que “es deber del Estado resguardar la seguridad nacional”. En consecuencia, un gobierno debiese actuar bajo estas premisas, buscando mantener la seguridad del conjunto de la población y, a su vez, contribuir a su pleno desarrollo. El problema se produce cuando el gobierno sobrepone una dimensión sobre otra de manera sistemática.
Hace solo un par de meses, varios especialistas advertíamos sobre los riesgos que podría conllevar el decreto 265 promulgado por el gobierno, el cual faculta a las FFAA para colaborar en tareas policiales vinculadas al narcotráfico. La evidencia comparada ha mostrado que el involucramiento de militares en tareas policiales no solo es ineficiente en términos de disminución de la actividad criminal, sino que también puede contribuir a aumentar los niveles de violencia y conflictividad, poner en riesgo los avances democráticos y abrir la posibilidad de vulnerar los derechos fundamentales, como ha ocurrido en todos los casos similares registrados en América Latina.
A lo anterior, se suman diversas acciones del gobierno que han privilegiado la dimensión seguridad y orden por sobre otras consideraciones. A finales de 2018 el gobierno promulgó el Decreto Nº 1341, que creó el Consejo Asesor de Coordinación en Materia de Prevención y Control del Crimen Organizado, el cual incorporó formalmente a las FFAA, con derecho a voz y voto, en una instancia de carácter civil, transgrediendo así el principio democrático básico de subordinación de los militares al poder político y de definición constitucional de estas instituciones como no deliberantes. A esto, se adiciona la participación efectiva de las FFAA, a través del Plan Frontera Segura, el cual apunta a potenciar la acción de la policía mediante el uso del instrumento militar.
Como se constata, la tendencia a una agenda securitizadora no es solo exclusiva de la reciente crisis. Sin embargo, es en esta coyuntura donde se ha evidenciado con mayor fuerza la preeminencia del gobierno por hacer valer esta dimensión por sobre otras consideraciones -previstas en la Constitución- igualmente importantes que debiesen orientar el accionar gubernamental. De esta manera, el gobierno de Piñera, además de decretar un estado de excepción constitucional y de establecer mecanismos como el toque de queda, que restringen las libertades fundamentales de la población, ha manejado su desarrollo, y la crisis en general, de forma unidireccional e irresponsable con los fines mismos que constituyen la razón de ser de un Estado. Paradójicamente, en lugar de propender a generar seguridad, se ha tendido a provocar todo lo contrario. En este sentido, la máxima autoridad del país ha declarado estar “en guerra contra un enemigo poderoso” (interno), se ha utilizado a las FFAA (sin preparación para estos efectos, ni control normativo, ni político) en tareas que no le competen, y en general se ha seguido una retórica y acción que pone por encima el uso de la violencia por parte del Estado por sobre de otras facultades gubernamentales para hacer cumplir sus fines. Los resultados, de a poco, se han ido conociendo: violaciones flagrantes a los derechos humanos de sus habitantes, los cuales han incluido torturas, apremios ilegítimos, violaciones, e incluso la muerte de personas manos de agentes del Estado de Chile y mandatados por el gobierno.
Por otra parte, este accionar del gobierno no solo está teniendo efectos inmediatos (y de seguro en el largo plazo) en la sociedad nacional, sino que también posee repercusiones en el ámbito internacional. La declaración de guerra interna del presidente ha sido rechazada por parte de Naciones Unidas, así como también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado el "uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad". El accionar del gobierno ha sido destacado negativamente por los principales medios extranjeros, clasificadoras de riesgo han alertado sobre la situación inestable de Chile, y se ha puesto en duda la capacidad y legitimidad del país para organizar importantes encuentros internacionales. Todo esto ha dañado seriamente la imagen internacional de Chile, lo cual podría limitar las oportunidades de un país pequeño en el ámbito global, al aumentar el riesgo país en el plano económico y sobre todo al dañar la imagen de estabilidad política y de respeto a los derechos humanos que Chile ha buscado proyectar desde el reinicio de la democracia.
En definitiva, la respuesta del gobierno al estallido social que atraviesa el país ha evidenciado lo que ha sido el actuar sistemático de la administración encabezada por el presidente Sebastián Piñera. Un accionar que ha buscado instaurar la función del orden por sobre el bienestar de los habitantes del Estado, y que lo ha hecho utilizando instrumentos de carácter excepcional, mediante medidas represivas, y a través de la utilización de las FFAA en funciones para las cuales no son competentes. Paradojalmente, el énfasis en el orden, por sobre otras consideraciones, ha puesto en entredicho uno de los fines principales del Estado: el proveer seguridad a su población. Asimismo, este accionar ha dañado la imagen internacional del país, y, ante todo, ha socavado la democracia y vulnerado los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Cabe preguntarse entonces si este accionar sistemático del gobierno ha comprometido la honra y la seguridad de la nación, y si debe asumir su responsabilidad.
Gonzalo Álvarez Fuentes es investigador del Instituto de Estudios Internacionales (INTE), Universidad Arturo Prat. Doctor en América Latina Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid
