La reciente resolución de la Corte de Apelaciones de Copiapó de acoger el recurso de protección presentado por el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, en contra del ministro de Minería y Energía, Julio César Jobet, que determinó "que suspende el proceso de licitación de contratos de explotación, exploración y beneficio de litio"[1], significó un severo revés para la administración del presidente Sebastián Piñera que, en las postrimerías de su mandato, pretendió impulsar la concesión de yacimientos de este mineral, anticipándose a las determinaciones que a este respecto adopte la Convención Constitucional y seguramente ante la futura materialización de la propuesta programática del presidente electo, Gabriel Boric de crear una Empresa Nacional del Litio[2], la que luego de esta resolución adquirió una mayor notoriedad.
Durante las últimas décadas, se ha extendido la conciencia acerca de la importancia de los recursos naturales de carácter estratégico presentes en nuestro territorio, como un elemento fundamental para el desarrollo de un mayor valor agregado a las exportaciones y en la generación de empleos, sino también, sobre la ineludible responsabilidad de que su explotación asuma un carácter sustentable, particularmente, en relación al uso racional y equitativo de los recursos hídricos, especialmente frágiles ante el fenómeno del cambio climático que experimenta el planeta en el actual período del Antropoceno. Esta dualidad, considerada una hipótesis básica hasta hace algunos años, se ha transformado en una realidad concreta que ha obligado a esta industria a adoptar medidas de carácter forzoso para acceder al abastecimiento de agua, e incluso ha limitado sus proyecciones de producción[3] para los próximos años, dada la presencia de una persistente sequía.
A fin de sortear esta problemática, ha surgido como alternativa la instalación de plantas de desalinización de agua de mar para abastecer la demanda originada por parte de las faenas propias de la extracción minera. Este procedimiento, no obstante representar un procedimiento factible, resulta controversial toda vez que el proceso mencionado genera una elevada demanda de energía en base a originada mediante combustibles fósiles como la generada por parte de las cinco centrales térmicas presentes en la región de Antofagasta y que producen el 51% del sistema eléctrico[4] que opera a través de esta tecnología y cuyas emisiones de dióxido de carbono inciden directamente sobre el fenómeno del calentamiento global. Por otra parte, no podemos dejar de lado el efecto derivado del vertimiento de importantes volúmenes de salmueras, derivadas del proceso de desalinización, alterando el ecosistema marino.
Lo anterior, implica la existencia de una compleja problemática medioambiental que señala la configuración de una verdadera encrucijada para el modelo extractivista sobre el que se ha construido el actual esquema de desarrollo existente en Chile, del que son viva imagen las denominadas “zonas de sacrificio” presentes a lo largo del país. En tal sentido, la polémica despertada por la explotación del litio, en la actual coyuntura político-social, representa una oportunidad para generar un amplio debate público acerca de la definición de nuevas alternativas para nuestra economía en atención a la demanda de mayor dignidad expresada por la ciudadanía, como asimismo para su desarrollo sustentable dentro de las transformaciones en los ecosistemas derivadas del cambio climático en tanto condición inevitable.
En esa dirección, la creación de una empresa pública dedicada a este mineral, constituye un verdadero hito. En primer término, porque clausura un oscuro período en donde la hegemonía político-institucional construida por el neoliberalismo que relegaron al Estado a una condición definitivamente secundaria al impedirle contar con iniciativa empresarial. En segundo lugar, porque implica recuperar después de décadas, nuestra soberanía sobre los recursos naturales estratégicos, configurada no solo por su elevada demanda en los mercados internacionales, sino por la posibilidad de participar en ellos a partir de su procesamiento y manufactura tal como lo ha hecho Bolivia desde el año 2019, incluso incursionando en la fabricación de baterías. Finalmente, la necesidad de intervenir en dentro de este rubro, ofrece al Estado la oportunidad de implementar procesos productivos ambientalmente sustentables, contribuyendo a la utilización de energías renovables no convencionales, acelerando nuestra transición mediante la descarbonización a través de fuentes alternativas como el Hidrógeno Verde (H2).
Un Estado que recupera su potencialidad empresarial es solo un administrador si esta condición no se articula con la generación de conocimiento que permita desarrollar nuevas aplicaciones e incorpore valor a los bienes que genera. Ello expresa, por ejemplo, la urgente necesidad de recuperar el rol histórico de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), hasta ahora relegada a un segundo plano, en concomitancia con la investigación científica y tecnológica existente en las universidades. Como podemos advertir, el actual modelo de desarrollo ha alcanzado su frontera de posibilidades de producción en atención a su capacidad de generar empleos de calidad, respeto por el medioambiente y ha dado lugar a un dramático proceso de desindustrialización, como resultado de la sistemática aplicación de un esquema de extractivismo y de las rentas generadas por el capital, radicalizando nuestra dependencia de los ciclos experimentados por el precio internacional de las materias primas.
Pero también y con un carácter estructural, de no introducirse profundas correcciones en él, este modelo no es compatible con las condiciones impuestas por el fenómeno del cambio climático a escala global y que amenaza a los sectores punteros del aparato productivo del país haciendo evidente su completa fragilidad. A este respecto, basta solo señalar el ejemplo de la persistente sequía e imaginar sus efectos sobre el conjunto del sector silvoagropecuario y minero como anteriormente señalamos. La intención del actual gobierno de conferir viabilidad al sistema de administradoras de fondos de pensiones, de ratificar el Acuerdo TPP 11 y de licitar yacimientos mineros, representan el intento de perseverar en un modelo que ha perdido su legitimidad social y política ante la ciudadanía y plantea hoy en día la indispensable necesidad de recuperar el litio para Chile.
[1] https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/67845
