Los abajo firmantes, quienes trabajamos desde distintas perspectivas el patrimonio cultural del país, deseamos compartir algunas apreciaciones con respecto a las recientes intervenciones sobre éste. En tal sentido, declaramos que la mayoría de las intervenciones que se han registrado en edificios y monumentos patrimoniales a lo largo del país en el marco de las movilizaciones sociales, no constituyen “actos vandálicos” como ha querido promover el gobierno, sino expresiones tangibles de la voz de una sociedad que despertó y que utiliza estos soportes como el lienzo sobre el cual materializar su descontento.
Las intervenciones en esculturas, rayados, carteles, letreros, murales, stencil, afiches, stickers, tag y graffitis en fachadas patrimoniales y otros, llevan un mensaje claro, dinámico y funcional, que nutre al movimiento social, denunciando lo que muchas veces los medios de comunicación no quieren mostrar. En este sentido, dichas expresiones no pueden reducirse a la retórica del “daño”, ya que éstas son contundentes y reflexivas, dando contenido al bien llamado “diario del pueblo”. En una sociedad históricamente contenida como la nuestra, estas expresiones son verdaderos “gritos” que expresan la rabia acumulada por tanta injusticia, y entregan también orientaciones claras de la sociedad que queremos construir.
En particular, las intervenciones sistemáticas de las estatuas, incluso destrucciones y cambios de lugar, que conmemoran a conquistadores españoles, militares y otros héroes republicanos, plantean un claro mensaje de abolir los símbolos del colonialismo europeo, sobre todo los genocidios étnicos, y también las relaciones de poder derivadas de éste, que se perpetúan hasta hoy. Es evidente que muchos de estos monumentos representan ideales que atentan directamente contra algunas colectividades de nuestra sociedad, tales como pueblos originarios, comunidad LGTB+, afrodescendientes, feministas, extranjeros, etc., y que en muchos casos refuerzan versiones de la historia que ocultan la violencia perpetrada contra estos grupos.
Al mismo tiempo da cuenta de una patrimonialidad monolítica, monumental e impuesta desde el Estado para sus ciudadanos, y en tal sentido, las distintas acciones realizadas sobre dicha materialidad son análogas y refuerzan el sentido del “nunca más sin nosotros/as”. En tiempos de un despertar social, es natural que los elementos materiales patrimoniales de una nación sean cuestionados con respecto a su representatividad y legitimidad, y que emerjan de manera espontánea nuevos íconos.
Por lo anterior, como trabajadores y trabajadoras vinculadas con el Patrimonio Cultural, consideramos desafortunados las convocatorias que ha hecho la Municipalidad de Santiago y Providencia a la ciudadanía, con el objeto de promover la limpieza de fachadas y monumentos, y también la acción de la propia Intendencia Metropolitana de facilitar materiales para la reposición y pintura de algunos lugares de Santiago, específicamente los ejes Alameda (Baquedano-Las Rejas), Parque Bustamante, Gran Avenida y Vicuña Mackenna.
Hacemos un llamado enfático a las autoridades a frenar y evitar, a toda costa, la conformación de grupos voluntarios no-especialistas para esto, sin antes reconocer técnicamente los mensajes entregados por la ciudadanía. Se deberá considerar, además, las implicancias de conservación negativas e invasivas que puede causar una limpieza o borrado inadecuado para el propio bien patrimonial. Aquellos monumentos que cuentan con declaratorias o que lo son por el solo ministerio de la ley (Ley 17.288 de Monumentos Nacionales), deberán ser evaluados por organismos técnicos especializados (como el Consejo de Monumentos Nacionales y el Centro Nacional de Conservación y Restauración), mediante protocolos estrictos y adecuados que aseguren la salvaguarda de estos bienes patrimoniales, antes de cualquier intento de borradura o limpieza.
La institucionalidad patrimonial no debe pretender restaurar totalmente los bienes patrimoniales intervenidos o destruidos, de forma tal de intentar volverlos a su estado anterior, ni regresarlos a sus sitios originales. Estas acciones contravienen una serie de normativas y consensos disciplinarios dados por protocolos internacionales. Por el contrario, se debe buscar un equilibrio de labores de conservación patrimonial que consideren tanto criterios técnicos de mínima intervención, reversibilidad y autenticidad, con los valores de memoria e historia actuales, la participación de grupos de interés y diversos significados que hoy tienen los lugares y monumentos en cuestión. Una respuesta adecuada requiere entender cómo estas intervenciones interrogan a nuestros referentes históricos de país, proponen nuevas formas de memoria social y expresan la diversidad de pueblos y colectivos que lo integran. Es preciso entonces comprender los significados históricos y culturales de estas intervenciones, para lo cual se requerirán participaciones ciudadanas y/o mesas de trabajo, que orienten los planes de manejo y aporten contenido al nuevo pacto social. El patrimonio cultural de un país, al igual que su Constitución, debe construirse desde la ciudadanía.
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