Las políticas públicas nunca son neutras. Expresan una determinada idea de país y del conocimiento que una sociedad decide cultivar. La actual redefinición de Becas Chile impulsada por el gobierno de José Antonio Kast no constituye un punto de partida, sino la profundización de una orientación que comenzó a instalarse durante el gobierno de Gabriel Boric. La incorporación de áreas estratégicas y la creciente priorización de determinados campos del conocimiento modificaron el espíritu original del programa, que había sido concebido para fortalecer el desarrollo científico y académico del país en toda su diversidad disciplinaria. Hoy esa lógica se radicaliza: el financiamiento se concentra aún más en las áreas consideradas estratégicas para el crecimiento económico, relegando progresivamente a las artes, las humanidades, las ciencias sociales y la educación a un lugar cada vez más marginal.
Pero sería un error leer esta medida como una simple reorganización técnica de recursos. La construcción del conocimiento nunca es neutral: es un acto profundamente político. Decidir qué se investiga, quién puede formarse y qué saberes reciben financiamiento estatal implica siempre una disputa por el tipo de sociedad que se quiere construir. En ese sentido, esta política pública no solo administra becas; también delimita los márgenes de lo pensable.
Al restringir el financiamiento a un conjunto acotado de áreas consideradas "prioritarias" para el desarrollo productivo, excluyendo las artes, las humanidades, las ciencias sociales y la educación, el Estado no solo modifica un programa de becas, también redibuja las fronteras de lo que considera conocimiento legítimo. Envía un mensaje profundo: solo merece ser financiado aquello que promete rentabilidad económica inmediata.
Cuando se desfinancian las ciencias sociales, las humanidades, las artes y la educación, no solo se recortan disciplinas. Se debilita la capacidad colectiva de comprender la realidad, de cuestionar el orden existente y de imaginar otros futuros posibles. Y una sociedad que deja de imaginar alternativas es una sociedad más fácil de gobernar, más predecible y menos democrática. Estas decisiones no solo organizan la economía del conocimiento; también moldean el sentido común desde el cual una sociedad interpreta sus problemas y sus posibilidades.
Resulta paradójico que quienes afirman defender la libertad busquen precisamente limitar uno de sus principales soportes: la libertad de producir conocimiento. Porque el conocimiento no florece cuando se le ordena qué investigar, sino cuando existen condiciones materiales e institucionales para formular preguntas incómodas, desafiar consensos y abrir caminos que todavía nadie considera rentables.
La redefinición de Becas Chile también debe leerse en el contexto de un ecosistema intelectual crecientemente debilitado. Chile vive una preocupante pobreza del debate público. Buena parte de la producción de ideas circula hoy a través de centros de estudios estrechamente vinculados a partidos políticos, grandes grupos económicos o intereses empresariales. En lugar de promover una comunidad intelectual plural y autónoma, se consolida un sistema donde gran parte de quienes producen conocimiento terminan respondiendo —explícita o implícitamente— a proyectos partidistas y económicos específicos.
No se trata simplemente de un problema de financiamiento, sino de hegemonía cultural. Cuando las ideas se producen desde espacios cada vez más homogéneos, disminuye la capacidad de una sociedad para imaginar alternativas al orden existente. Por eso resulta tan relevante fortalecer una formación académica independiente, capaz de formar intelectuales comprometidos con los problemas de su tiempo y con las mayorías sociales, antes que expertos dedicados únicamente a administrar el mundo tal como es.
Es precisamente ahí donde programas como Becas Chile adquieren un valor estratégico. No financian únicamente estudios de posgrado. Permiten formar nuevas generaciones de investigadoras e investigadores que dialogan con comunidades científicas internacionales, incorporan nuevas perspectivas y luego regresan —o colaboran desde redes globales— ampliando las capacidades intelectuales del país. Reducir ese proceso a una lógica de retorno económico inmediato equivale a confundir inversión pública con gasto corriente.
La continuidad entre las decisiones adoptadas durante el gobierno de Boric y las que hoy profundiza el gobierno de Kast debería abrir un debate más amplio sobre la política científica chilena. Con distintos énfasis y justificaciones, ambas administraciones han consolidado una lógica donde el Estado deja de promover la diversidad del conocimiento para orientar crecientemente sus recursos hacia aquellos saberes considerados más útiles para determinados objetivos estratégicos. Esa racionalidad puede parecer eficiente. Sin embargo, empobrece la función pública de la ciencia y reduce el conocimiento a un instrumento de utilidad.
Toda sociedad necesita intelectuales capaces de organizar sentidos comunes, disputar las ideas dominantes y abrir nuevos horizontes de comprensión. Cuando la formación de investigadoras e investigadores queda subordinada exclusivamente a las necesidades inmediatas del mercado o de la productividad, el país renuncia a construir una intelectualidad capaz de pensar desde las necesidades de la sociedad en su conjunto. En lugar de fortalecer una comunidad crítica, se privilegia la formación de especialistas que perfeccionan el funcionamiento del sistema existente, pero que difícilmente podrán imaginar uno distinto.
Por eso resulta tan preocupante que el Estado decida empobrecer deliberadamente el campo del conocimiento financiable. No solo perderán oportunidades cientos de estudiantes talentosos que jamás podrían costear una formación de excelencia por sus propios medios. Pierde Chile la posibilidad de construir una comunidad intelectual diversa, crítica y autónoma, capaz de pensar los grandes desafíos del país desde múltiples perspectivas.
Quizás el mayor riesgo de esta política no sea la exclusión de determinadas disciplinas. El verdadero peligro es instalar la idea de que existen saberes inútiles; que solo merece apoyo aquello que produce ganancias medibles; que pensar críticamente constituye un lujo que un país puede darse únicamente cuando sobra dinero.
Pero las disputas por el presupuesto nunca son solo disputas por recursos. Son disputas por el sentido común que una sociedad quiere construir. Renunciar a financiar las humanidades, las ciencias sociales, las artes y la educación es renunciar también a formar los intelectuales que toda democracia necesita para comprenderse, cuestionarse y proyectarse hacia el futuro.
Porque la educación no es únicamente un instrumento para el crecimiento económico. Es, ante todo, una forma de emancipación.
Un país que deja de formar a quienes producen conocimiento autónomo termina dependiendo de quienes producen ideas para defender los intereses del poder. Quizás ese sea el costo más alto de esta reforma: no el ahorro fiscal, sino el empobrecimiento deliberado de nuestra capacidad colectiva para pensar un Chile distinto.
