El Gobierno de Kast ha presentado formalmente una indicación que obligaría a instituciones públicas y privadas de salud, educación y beneficios sociales - Fonasa, hospitales, consultorios, AFP, Isapres, colegios, jardines infantiles - a entregar antecedentes de migrantes en situación irregular al Servicio Nacional de Migraciones. El propósito declarado, según el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, es "recabar la información de organismos donde los migrantes tengan alguna relación". El objetivo real, según el senador Andrés Longton, es claro: esta información es "muy valiosa para acelerar expulsiones".
Desde la ética del cuidado y los derechos humanos, me resulta incompatible transformar el trabajo social en un dispositivo de denuncia migratoria.
No porque desconozca el derecho de los Estados a regular la migración. Ese debate es legítimo y necesario. Lo que no es legítimo - ética ni jurídicamente - es transformar espacios de cuidado en instrumentos de persecución. Cuando una madre duda si llevar a su hijo enfermo a urgencias por miedo a ser denunciada, algo profundamente grave se rompe. No solo para esa familia. Para todos nosotros.
El médico y antropólogo Paul Farmer, en su obra Pathologies of Power (2003), describió con precisión este fenómeno: las estructuras institucionales pueden convertirse en agentes de "violencia estructural" cuando, en lugar de proteger, excluyen a las poblaciones más vulnerables del acceso a derechos básicos. No hace falta que nadie golpee a nadie. Basta con que el miedo sea suficientemente grande para que las personas dejen de consultar. El daño ocurre igual, solo que más silencioso y más tarde. Eso es exactamente lo que esta indicación produciría.
Lo que el derecho internacional ya zanjó
Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 2 establece que los derechos en ella reconocidos aplican a todo niño sin distinción alguna, independientemente de su condición migratoria o la de sus padres. El artículo 24 garantiza el derecho a la salud. El artículo 28, el derecho a la educación. Ninguno de esos derechos admite la condición de "regularidad migratoria" como requisito previo.
Transformar hospitales y escuelas en puntos de recolección de información para procesos de expulsión no solo vulnera el espíritu de esa Convención: la viola de frente.
Y más allá de los niños: la Ley 20.584 no es vaga en este punto. Su artículo 2° garantiza atención en salud a toda persona, sin discriminación arbitraria, sin exigir regularidad migratoria. Su artículo 5° obliga a los prestadores a respetar y proteger la vida privada de la persona durante su atención. Su artículo 12° declara que toda la información clínica es dato sensible, protegido por la ley de protección de la vida privada. Y su artículo 13° es categórico: los terceros no vinculados directamente a la atención de salud no tendrán acceso a la ficha clínica. Luego entrega una lista cerrada y taxativa de quiénes sí pueden hacerlo. El Servicio Nacional de Migraciones no está en esa lista. La indicación del Gobierno no solo es éticamente cuestionable: choca frontalmente con la ley vigente.
La Federación Internacional de Trabajadoras Sociales (FITS) establece en su Código de Ética que nuestra profesión tiene como principios fundamentales la dignidad humana y la justicia social, y que los trabajadores sociales debemos desafiar las condiciones que generan exclusión y desigualdad. No como opción política. Como mandato ético.
Convertir el Trabajo Social hospitalario en un eslabón de la cadena de expulsión migratoria no es solo una distorsión de nuestro rol: es una contradicción directa con los fundamentos de la profesión. Quienes trabajamos en salud pública no vemos "migrantes irregulares". Vemos niños con fiebre. Mujeres en situación de violencia. Personas en crisis de salud mental. Familias viviendo hacinamiento, abandono y miedo. Vemos seres humanos en sus momentos más frágiles.
Y sabemos - porque lo vemos - cómo se ve el miedo institucional. Se ve en personas que llegan demasiado tarde a urgencias. En madres que desaparecen de los controles prenatales. En niños que dejan de asistir al colegio. En adolescentes que pasan a ocupar el espacio de la calle porque los espacios protectores dejaron de sentirse seguros. El miedo no ordena. Expulsa, silencia, esconde. Y termina dejando a las personas más solas y más vulnerables de lo que ya estaban.
Quienes impulsan esta medida la presentan como una política de seguridad pública. Pero desde el Trabajo Social sabemos que la exclusión nunca ha sido una política efectiva de seguridad. Cuando niños y adolescentes quedan fuera de la escuela, fuera de redes comunitarias y fuera de sistemas de protección, aumenta la vulnerabilidad y el riesgo de captación por circuitos de violencia, consumo problemático o delincuencia. Los mismos que dicen querer más seguridad están debilitando los únicos espacios que históricamente la han producido: la escuela, la atención primaria, las redes de intervención temprana.
La escuela protege. El consultorio protege. El vínculo humano protege. Cuando esos espacios dejan de sentirse seguros, lo que crece no es el orden. Crece el abandono. Y el abandono siempre tiene costos humanos enormes, aunque tarden en aparecer en las estadísticas.
Hay algo que me resulta especialmente difícil de sostener en silencio. Estamos hablando de perseguir y amenazar a personas que, en la mayoría de los casos, ya están solas.
Quienes migran no llegan enteros. Llegan cargando lo que los especialistas llaman duelo migratorio: la pérdida del país, del idioma cotidiano, de la familia, de los vínculos, del lugar donde eran conocidos y reconocidos. Es un duelo silencioso, que no tiene funeral ni fecha, y que con frecuencia no tiene con quién compartirse porque la red de apoyo quedó al otro lado del continente.
Esa persona, que ya llega frágil, que ya llega sola, que ya está procesando una pérdida que la sociedad de acogida raramente reconoce, es la que ahora el Estado propone convertir en objeto de denuncia en el momento exacto en que se acerca a pedir ayuda.
Eso no es política migratoria. Es crueldad institucionalizada.
El senador Longton señaló que esta información será "muy valiosa para acelerar expulsiones". No dijo: para proteger vidas. No dijo: para reducir la violencia. Dijo: para acelerar expulsiones.
Esa honestidad, al menos, nos permite llamar las cosas por su nombre. No se trata de seguridad pública. Se trata de utilizar los cuerpos enfermos, los hijos con fiebre y los formularios de matrícula escolar como herramientas de control migratorio.
Eso no lo haré. No puedo. No debo.
Porque detrás de cada cifra migratoria hay personas. Niños. Mujeres. Familias enteras intentando sobrevivir. Y en el Trabajo Social aprendemos algo que no debería ser controversial: nadie puede comprenderse fuera de su contexto. Las trayectorias humanas también dependen de las oportunidades, del cuidado y de los espacios que una sociedad decide proteger.
La pregunta que esta indicación nos obliga a responder no es solo técnica ni administrativa. Es moral:
¿Qué clase de sociedad queremos ser?
¿Una que usa los hospitales para curar, o una que los convierte en el primer eslabón de la cadena de expulsión?
Yo, ya respondí.«»
