En el ejercicio de la dirigencia sindical, a menudo nos enfrentamos a la encrucijada entre el conflicto y el entendimiento. Desde el sector de la Salud Pública sostenemos con convicción que la huelga no es el único camino; el verdadero motor de la democracia es la capacidad de buscar elementos de acuerdo y negociación. Negociar implica, por definición, saber que habrá cosas que se van a perder y otras que se van a ganar. Es esa suma de acuerdos y desacuerdos la que permite que las instituciones y la democracia avancen.
Hoy, nos encontramos en un momento crítico. Estamos en enero, un mes en el que tradicionalmente los trabajadores ya deberían haber recibido su reajuste. Sin embargo, los tiempos legislativos y un escenario político complejo —marcado por procesos electorales donde el presupuesto y las candidaturas presidenciales estaban en auge— han dilatado esta respuesta. Como dirigentes, sentimos la presión legítima de nuestros asociados; no ha sido fácil firmar este acuerdo teniendo a nuestra gente esperando por un reajuste de poder adquisitivo que debía igualarse en diciembre.
Nuestra decisión de suscribir este acuerdo fue responsable. Aceptamos una negociación en dos entendiendo que la tranquilidad para cumplir nuestra función es central. Pero esta responsabilidad debe ser recíproca. Debemos recordar que el Estado no es un ente abstracto; el Estado le pertenece a la República de Chile y es el motor de su desarrollo. Si Chile hoy ostenta índices de salubridad destacados internacionalmente, con una expectativa de vida de 81 años, es gracias a que el funcionario público es eficiente, eficaz y está entregado a sus usuarios.
Este acuerdo tiene, además, un profundo sentido de justicia social. Representamos a un sector donde más del 60% de los trabajadores percibe rentas de apenas 700.000 pesos. Por ello, asumir un 5% para las rentas más bajas es fundamental para acortar la brecha entre los que ganan más y los que ganan menos.
Finalmente, queremos ser claros en un punto crítico: la estabilidad laboral. No buscamos una "ley de amarre". Entendemos que los equipos de confianza deben irse con sus gobiernos, pero el trabajador permanente debe permanecer. En un sistema donde solo el 30% es planta y el 70% restante es contrata, la norma de los cinco años hace sentido con lo que ha planteado la Corte Suprema para dar dignidad y seguridad a quienes sostienen la salud pública.
Honrar la firma de los gremios que, en su mayoría, hemos suscrito el proyecto de Ley de Reajuste es, en esencia, honrar la democracia. Hoy enfrentamos la realidad de un proceso complejo que deja planteada una duda relevante ¿Cómo transformar el resultado de la votación de la Ley de Reajuste del sector público en una oportunidad de construir una ganancia futura?. La respuesta tal vez pase por renovar el concepto de unidad sindical entre todas las organizaciones sobre la base de una solidaridad inquebrantable ante la incertidumbre del gobierno que se avecina.
Ricardo Ruiz Escalona
Presidente de la Confederación FENATS Unitaria
