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Extensión del postnatal de emergencia: ¿y si hablamos en serio del derecho de los padres trabajadores?. Por Lorena Armijo

La reciente aprobación en general de la extensión del permiso posnatal de emergencia por la Cámara de Diputados y el retiro de la urgencia de discusión inmediata por parte del Gobierno debido a la necesidad de revisar el presupuesto asignado para incorporar la indicación hecha por la derecha de ampliar el plazo (hasta el 31 de diciembre), propuesto por el Ejecutivo (30 de noviembre), pone en discusión el derecho que lo cobija: el permiso posnatal parental (PPT).

Bajo la premisa de que el cuidado es central en nuestras vidas, las autoridades de gobierno han empujado la prórroga del permiso de emergencia, esperando que dicha extensión beneficie a 13.430 personas cuyos PPT concluyen entre octubre y noviembre de 2022, de acuerdo con la proyección de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). El PPT, desde el que se proyecta la extensión, siempre ha sido bastante exiguo. Sólo el 36,6% de las trabajadoras por año ha podido acceder a esta licencia por tener cobertura previsional, mientras que una cantidad menor a 1% de los PPT fueron traspasados al padre (SUSESO, 2016). En los últimos cinco años (2017-2021), el PPT ha tenido una caída sostenida, particularmente el año pasado; disminución que incluye el número de permisos traspasados al padre (SUSESO, 2022).

Para entender el bajo uso del PPT por parte de los padres, es necesario considerar la duración del permiso y su inscripción en el ciclo vital de los padres. La extensión de 12 semanas del PPT es mínima en comparación con los países OCDE. Una publicación reciente titulada “Working parent’s right to childcare in Chile” muestra que el PPT es una experiencia transitoria con escaso impacto en sus decisiones, que no logra asentarse como un derecho social (Armijo y Ananías, 2022). Es tan breve su duración que una vez terminado, los padres trabajadores no se muestran interesados en exigirlo; más bien corresponderá a los “nuevos” padres la demanda por su ampliación. Además, es un derecho que requiere recursos socioeconómicos menores, en comparación con el enorme caudal de recursos que este grupo deberá destinar a la educación de los hijos en el sistema formal, convirtiéndose esta en una real exigencia en sus vidas. La dificultad de contar con un derecho a la educación que sea universal y generoso en calidad, ha obligado a los padres trabajadores a priorizar la educación de sus hijos entre sus necesidades asociadas al cuidado, relegando a un segundo lugar el cuidado del recién nacido porque alguien cuida por ellos.

La actual discusión en el Congreso debiera empujar una actualización del permiso postnatal parental, no solo cubriendo el tiempo de pandemia, sino a la luz de las magras cifras del uso por los padres trabajadores. Este ajuste en la normativa requeriría abordar su duración e inscripción en el ciclo vital. Difícilmente avanzaremos en la provisión de recursos temporales y económicos asociados a este derecho si el cuidado del recién nacido no se considera como un momento importante dentro del ciclo vital de los padres trabajadores y no se conecta y afianza con el derecho a la educación. Se requiere aliviar la presión socioeconómica que sienten las familias y, particularmente los padres trabajadores, en la etapa escolar de los hijos para que cuenten con mayor certidumbre al enfrentar el futuro. Se requiere conectar el derecho al cuidado con el derecho a la educación como titularidades secuenciales, otorgándole igual valor ciudadano. De lo contrario, el permiso postnatal parental seguirá siendo el vagón de cola de los derechos de los padres trabajadores.

Lorena Armijo, investigadora Cisju Universidad Católica Silva Henríquez

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