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Fundación chilena entrega informe al Alto Comisionado de Derechos Humanos sobre graves violaciones a los DDHH en caso Haití con Canadá. Por André Grimblatt

Hasta las oficinas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra, llegó el Presidente de la Fundación chilena “Derechos Humanos sin Fronteras”, Juan Carlos Moraga, con el objeto de entregar un informe en el que un grupo de expertos, profesionales chilenos, analiza la situación de los Derechos Humanos en Haití y específicamente, en el caso de las sanciones económicas impuestas por Canadá a un grupo de haitianos que ocuparon funciones en importantes cargos en el gobierno del asesinado presidente Jouvenel Moise, como Jean Henry Céant y Laurent Salvador Lamothe, entre otros, a quienes, según señala el informe de la Fundación chilena “se les ha hecho imputaciones sin ninguna base legal, que han permitido al Gobierno canadiense congelar las cuentas bancarias de las víctimas en varios países, entre los que se cuenta Haití, por el hecho de tener en su territorio una cantidad importante de bancos canadienses e instituciones financieras ligadas a Canadá.

Derechos Humanos sin Fronteras es una Fundación creada por su propio presidente y desde sus inicios se ha abocado a la defensa de los Derechos Humanos donde quiera que estos sean violados en el mundo. Ha realizado misiones en diferentes lugares en donde existe problemas con la aplicación del Derecho y específicamente de la Declaración Universal aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1948 y ratificada por la casi totalidad de países del mundo, entre los que se cuenta Canadá. Derechos Humanos sin Fronteras participa anualmente en la 4ª Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y cuenta con reconocimiento internacional, entre otros organismos afines, como es el caso de la Fundación Baltazar Garzón con sede en Madrid.

Actualmente ha sido seleccionada para participar activamente en el próximo Encuentro Mundial de Derechos Humanos, organizado por UNESCO en el próximo mes de marzo en la ciudad de Buenos Aires.

Frente a las trágicas informaciones que llegaban desde Haití, país del cual unos 250.000 migrantes viven en Chile, Derechos Humanos sin Fronteras organizó una misión para investigar en terreno hechos que preocupan a la conciencia de los demócratas de la Tierra, a saber, las violaciones por parte del Gobernador de Canadá contra ciudadanos haitianos en diferentes países y específicamente en Haití.

El gobernador de Canadá es el representante del monarca británico. No es electo ni nombrado por el parlamento, sino que por el propio monarca. Si bien es cierto que el Primer Ministro; en la actualidad, Justin Trudeau; administra el espacio autónomo de Canadá y promulga, en conjunto con el Parlamento, las leyes que rigen a los individuos, las sociedades, las corporaciones y las fundaciones, entre otras; el Jefe de Estado es el monarca de Inglaterra, representado en la superficie del espacio canadiense por el gobernador. El gobernador de Canadá ordenó, haciendo uso de facultades exclusivas del rey Carlos III, que todos los bancos; canadienses, con capitales canadienses o que estén en relación con bancos e inversionistas canadienses congelen las cuentas y los haberes de un grupo de personas que figuran en una lista emitida por la gobernación de ese país monárquico. En esa lista figuran empresarios haitianos y autoridades del que fuera el gobierno del presidente electo y asesinado Jouvenel Moise.

En efecto, cabe señalar que el gobernador tomó esta medida y que los bancos canadienses la obedecieron. En la medida en que los principales bancos presentes en Haití son canadienses, estas personas, víctimas de la decisión, vieron sus cuentas bancarias y sus créditos congelados y tanto sus actividades como empresas se vieron completamente desprovistas de fondos para seguir existiendo.

La Fundación Derechos Humanos sin Fronteras no se pronuncia sobre las actividades anteriores de las víctimas, sean estas personalidades políticas o empresarios del país caribeño. Solamente reportan lo constatado en la investigación, hecha en el terreno, en Puerto Príncipe, en el sentido en que un Estado tomó medidas que, en el Derecho canadiense, así como en el Derecho Internacional quedan reservadas al Poder Judicial y que los acusados tienen absoluto derecho a defensa antes de que se tome medidas contra ellos. Además, los acusados, si tal fuera el caso, deben ser considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Ese es uno de los principios básicos de la Justicia en los países democráticos y Canadá hizo caso omiso, sobre todo por tratarse de individuos de un pequeño y pobre país.

La investigación fue realizada por el abogado internacional chileno Cristián Guzmán, y el presidente de la fundación chilena Derechos Humanos sin Fronteras, Juan Carlos Moraga, junto a otros analistas entre los que se incluye el firmante de la presente columna.

Juan Carlos Moraga declaró frente a la prensa presente en Ginebra: “Las acusaciones, que más parecen chismes que imputación de cargos, apoyadas en notas de prensa en medios electrónicos, sin fundamento ni pruebas, intentan vincular a estas personas con bandas armadas”, cuestión que llamó la atención de Derechos Humanos Sin Fronteras pues, han sido precisamente estas personas quienes, mientras ejercían cargos de autoridad, trataron de impedir el armamento sin control y el poder de organizaciones criminales en Haití”.

Claramente las descalificaciones personales buscan desprestigiar a quienes intentan, por la vía democrática, resolver lo que allí ocurre. Sin duda, tras las acusaciones se encuentran quienes tienen intereses mayores en ese país, a los que sirve anular cualquier tipo de oposición y principio de autoridad para mantener este clima de anarquía y violencia, donde la inseguridad y el poder de las bandas abre las puertas a mayores violaciones de los Derechos Humanos.

Con el subtítulo de “observaciones”, el informe demuestra que el ataque en contra de ex autoridades que efectivamente y con anterioridad se preocuparon de resolver en paz esta delicada situación, carece de argumentos y es completamente ilegal puesto que “este tipo de sanciones unilaterales han sido cuestionadas desde hace mucho tiempo por el alto comisionado de la ONU para los DDHH”.

En carta firmada por el presidente de Derechos Humanos Sin Fronteras Juan Carlos Moraga, quien entregó personalmente el informe en las oficinas de Volker Turk, señala: “Nos alegra confirmar que en lo central coincidimos con la oficina del Alto Comisionado sobre lo que ocurre en Haití; razón por la cual en este momento hacemos llegar a usted el informe final, entregado por quienes fueron parte de la delegación que visitó ese país; nuestra apreciación y conclusiones sobre lo que allí ocurre y en forma especial destacar la injerencia exterior en el atropello a los derechos personales y humanos de personas que, en el pasado reciente, fueron parte de la implementación de medidas para impedir, precisamente, lo que hoy allí ocurre”.

El informe concluye con siete solicitudes donde se pide que “La inclusión de las personas consideradas como víctimas en este informe sea publicado como una violación permanente de los derechos humanos”, y agrega “Solicitamos reparar los daños causados a la dignidad de las personas referidas en el presente reporte”.

Como dijo Juan Carlos Moraga ante la prensa en Ginebra “Hemos entregado todos los antecedentes que tenemos sobre Haití, relatamos lo que hemos visto en nuestra visita a ese país; hemos tomado nota de la opinión de las más importantes organizaciones de los Derechos Humanos en Puerto Príncipe y hemos conversado con todas las partes antes de aprobar el texto final de este informe. Ahora es el Alto Comisionado, que también ha visto esta situación en Haití, quien debe tomar medidas. Tenemos confianza que así será”.

Sin duda que la Fundación Derechos Humanos sin Fronteras ha emprendido la investigación y sus conclusiones relativas a un país con alto grado de reputación democrática y de respeto a los Derechos de sus ciudadanos y residentes. Sin embargo, no cabe la menor duda de que la Ministra de Relaciones Exteriores y el Gobernador de Canadá han cometido un grave error, que constituye una clara violación del Derecho de las Víctimas y todos esperamos que el gobierno de Canadá considere que ha violado los Derechos Humanos y rectifique su error antes de que el Alto Comisionado instruya el informe de la fundación chilena

Así, el Derecho Internacional podrá seguir siendo una ventana de esperanza para todos los humanos de la Tierra, sin excepción. Para lograrlo debemos recalcar de todo individuo al que se acusa de algún delito o falta, debe ser considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, debe respetarse su derecho a una defensa, privada o pública y toda acción penal debe esperar que un tribunal competente lo declare oficialmente culpable.

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