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Gobernar la contracción. Por José Miguel Salazar[1] y Mario Alarcón[2]

Las universidades chilenas acaban de tener su mejor año en mucho tiempo. Es la principal conclusión que emerge de la revisión de sus estados financieros 2025, publicados recientemente por la Superintendencia de Educación Superior. El excedente del sistema fue el más alto de los últimos siete años y, de las 51 que analizamos, sólo tres cerraron con pérdidas, la cantidad más baja del periodo. En estas mismas semanas, el Congreso discute un presupuesto para el próximo año que reduce los aportes basales a las universidades del Estado, como ha alertado el Consejo de Rectores.

 

Ambas noticias han sido discutidas como asuntos independientes, propios del ciclo anual: cuánto ganó el sistema en 2025 y cuánto se proyecta su recorte presupuestario en 2027. Pero si uno se toma la molestia de leerlas juntas, es probable que anticipen el principal problema del sector durante la próxima década.

Durante treinta años, las políticas públicas estimularon la expansión de la matrícula, y nuestras universidades aprendieron a crecer. Ahora que dominan esa agenda, tendrán que aprender a gobernar su propia contracción. Creemos que todavía no están preparadas para enfrentar esa contingencia, pero los resultados que hemos conocido les permiten contar con el tiempo necesario para prepararse.

En 2025 nacieron en Chile 146.446 niños, según las cifras provisionales del INE. En 2014 habían nacido cerca de 251 mil. Es una caída de más de 40% en poco más de una década. Esas generaciones, mucho más pequeñas que las actuales, comenzarán a llegar a la educación superior durante la próxima década y con ellas, seremos testigos de un deterioro de la matrícula.

La expansión se financió con una regla simple: el dinero público sigue al estudiante. Esa regla atravesó los créditos, las becas y la gratuidad, y permitió ampliar de manera significativa la cobertura. Cuando las cohortes comiencen a reducirse, la misma regla operará en sentido inverso: cada estudiante que deje de ingresar significará menos recursos para un importante número de instituciones.

Las universidades llegarán a ese escenario sin reservas acumuladas. Descontada la inflación, sus ingresos se mantuvieron prácticamente constantes entre 2019 y 2023. Aunque ellos crecen en 2024 y 2025, lo hacen al mismo ritmo que la matrícula. En la práctica, disponen de los mismos recursos por estudiante que hace seis años, sólo que ahora atienden más estudiantes. Así miradas, las cifras de 2025 dan cuenta de una recuperación y nada más que eso.

Muchas operan con márgenes que no admiten sobresaltos. En 2025, el margen operacional conjunto de las universidades del Consejo de Rectores fue inferior a 6% y varias de ellas, algunas entre las más grandes del país, cerraron el año casi en equilibrio. Las universidades del Estado tuvieron márgenes aún más estrechos que el resto en cada uno de los últimos siete años. Entre las regionales, los años con pérdidas fueron más frecuentes que en cualquier otro grupo durante el periodo.

Los costos, además, son rígidos. De cada 100 pesos que recibe una universidad, cerca de 60 se destinan a remuneraciones, y en algunas la proporción supera los 75. Son compromisos de largo plazo, que no se ajustan cuando cambia la matrícula. Los gastos suben al ritmo de los ingresos y bajan con rezago cuando estos disminuyen. La aplicación del Estatuto Administrativo en las universidades estatales agrega más dificultades al ajuste de las dotaciones cuando se requiere.

Cada parte del sistema universitario enfrentará la contracción con una vulnerabilidad distinta. Varias instituciones estatales dependen en más de 40% de aportes fiscales, los mismos que hoy se recortan. Las privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores dependen casi por completo de la matrícula y operan con balances más apalancados. El promedio esconde además una concentración que debería inquietar: en 2025, cinco universidades generaron casi la mitad del excedente del sistema universitario con menos de un cuarto de los ingresos. El conjunto tiene menos capacidad para resistir un período prolongado de menor matrícula de lo que sugieren las cifras agregadas.

Las universidades regionales enfrentarán, además, la migración de sus jóvenes hacia Santiago, dada la dinámica de estratificación por prestigio de la matrícula, fenómeno de general ocurrencia en los países que presentan sistemas terciarios de alta participación como Chile.

El escenario que emerge de estas cifras es exigente y nuestras universidades poseen poca o ninguna experiencia en él. Sus estructuras de gobierno fueron diseñadas para crecer y saben asignar recursos adicionales mejor que administrar la escasez. Concentrar la actividad, definir prioridades compartidas y proteger lo que define a cada institución exige otras capacidades, que muy pocas han desarrollado. Cuando los recursos disminuyen, las universidades tienden a repartir el ajuste en partes iguales, porque así evitan decidir qué se protege y qué se reduce. Es una estrategia que posterga las decisiones y termina por debilitar a todas las unidades por igual.

El marco legal tampoco ayuda a anticiparse. La Ley 20.800, de 2014, entrega herramientas pensadas sobre todo para instituciones que ya están en crisis, como la administración provisional o el cierre. Para actuar antes, las alternativas son limitadas. En las universidades estatales, cualquier reorganización profunda obliga además a modificar sus estatutos por ley, una por una, en una tramitación parlamentaria cuyos tiempos difícilmente coinciden con los de las instituciones.

Quienes hemos trabajado en la regulación y en la gestión de universidades sabemos que las decisiones difíciles rara vez se toman cuando las cuentas están en azul. Por eso mismo, creemos que este es el momento de empezar al configurar el nuevo escenario tomando las decisiones necesarias para avanzar en esa dirección. Proponemos cuatro líneas de acción.

La primera es complementar el subsidio a la demanda con acuerdos plurianuales de financiamiento. Esto parece especialmente importante ahora que el Plan de Fortalecimiento de las Universidades Estatales empieza a llegar a su fin. Los aranceles financian la docencia, pero una universidad cumple además funciones que la matrícula no alcanza a cubrir. Así ocurre con la oferta de carreras que la región necesita aunque atraigan pocos estudiantes, o investigar los problemas propios del territorio, su desarrollo y su cultura. Los acuerdos podrían financiar esas tareas, sea estatal o privada la universidad que las asume, y su continuidad dependería del cumplimiento de metas verificables en esas mismas funciones. Diversificar los ingresos puede ayudar a algunas instituciones, pero un estudio reciente sobre salud financiera universitaria no encontró evidencia concluyente de que mejore su posición. Para la mayoría, difícilmente será la solución. Aún en una época de restricciones presupuestarias, no considerar esta alternativa puede poner en riesgo la sostenibilidad del sector y menoscabar la función crítica que muchas universidades desarrollan para las comunidades y territorios que sirven.

La segunda es crear mecanismos para que las instituciones puedan reorganizarse o integrarse antes de llegar a una crisis. En las privadas, significa fortalecer los procedimientos que hoy permiten a la autoridad acompañar una reestructuración, para que puedan activarse antes de que las finanzas se deterioren, lo que podría requerir de una regulación de naturaleza reglamentaria que defina las etapas del proceso y proteja los derechos de las personas afectadas. En las estatales, esto requiere una reforma legal que cree un procedimiento permanente de integración o fusión, con garantías de continuidad para los estudiantes y que evite cambiar los estatutos caso a caso.

La tercera es revisar la arquitectura de títulos y grados. Hoy un estudiante elige una carrera especializada desde el primer día y el sistema supone que ingresará una sola vez. Una estructura con una formación inicial más general, diplomas con un valor propio mejor definido y una especialización progresiva abriría más puertas de entrada a la universidad justo cuando la cohorte joven se reduce, facilitando que los adultos vuelvan a estudiar en una lógica de formación a lo largo de la vida. Al mismo tiempo, avanzar en esta dirección permitiría que el reconocimiento de estudios previos o incompletos se vuelva más sencillo, facilitando que las personas puedan desarrollar su formación de manera más eficiente y con un menor costo para el Estado y las familias.

La cuarta es integrar las decisiones académicas con su sostenibilidad económica. Abrir un programa o renovar una planta académica suelen ser decisiones de naturaleza disciplinaria. Sus efectos financieros se revisan después y las posibilidades de ajuste, en caso de necesitarse, son limitadas. En un escenario de contracción, esa separación se vuelve costosa. Con información sobre costos y demanda, y el desarrollo de criterios para evaluar la sostenibilidad de los programas existentes, los gobiernos universitarios podrían definir qué priorizar y evitar los recortes parejos. Tomar esas decisiones mientras los resultados son positivos permite hacerlo con mayor serenidad.

Gestionar la expansión fue la tarea de las últimas tres décadas. Gobernar la contracción será la de la próxima. La discusión presupuestaria de estas semanas es la primera ocasión para asumirlo, con decisiones cuyo horizonte vaya más allá del ciclo anual. Las cifras de 2025 ofrecen lo que ese aprendizaje requiere y que pronto será escaso: tiempo.


[1] Departamento de Educación, Universidad de Tarapacá

[2] Director del Magíster en Gestión de Instituciones de Educación Superior, UDP

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