Cuando el presidente José Antonio Kast intentó explicar una de sus promesas incumplidas, recurrió a una metáfora. Pero para describir estos primeros seis meses de gobierno quizás baste una palabra: miseria. La Real Academia Española reconoce entre las acepciones de miserable a quien es mezquino o avaro. Una definición que invita a cuestionar las prioridades de un gobierno dispuesto a perseguir el ahorro fiscal incluso a costa de quienes menos tienen.
Del denominado bencinazo al proyecto de Presupuesto 2027, que propone eliminar la entrega de computadores a estudiantes vulnerables y reducir recursos destinados a la Ley Ricarte Soto y al programa asociado a la Ley Cholito, se advierte una misma orientación: reducir la presencia del Estado allí donde más se necesita.
En nuestras poblaciones hay familias donde perder el empleo significa elegir qué cuenta pagar, pero también hogares donde ni siquiera trabajando alcanza para llegar a fin de mes. Madres que sostienen solas la crianza, trabajadores con empleos precarios y adultos mayores con pensiones insuficientes. Cuando el Estado recorta un apoyo, la necesidad no desaparece: simplemente se traslada a quienes ya viven con lo justo. Se les exige apretarse el cinturón cuando hace tiempo no queda otro agujero.
Lo preocupante es la aparente indiferencia frente a esa realidad. Cuando el ministro Quiroz relativiza el uso de la parafina para calefaccionar los hogares, previo a un sistema frontal, surge una pregunta inevitable: ¿cuánto conocen quienes gobiernan la vida cotidiana de las familias chilenas? Hay algo profundamente mezquino en exigir nuevos sacrificios sin comprender las condiciones en que estos deben asumirse.
Esta receta no es nueva. Bajo las promesas de austeridad, eficiencia y crecimiento reaparece la conocida teoría del chorreo: favorecer a quienes concentran la riqueza, esperando que sus beneficios lleguen algún día al resto. Pero las familias no pueden pagar sus cuentas con promesas. Si se propone aliviar la carga tributaria de las grandes empresas mientras se reducen apoyos sociales, cabe preguntarse quiénes deben sacrificarse y quiénes resultan favorecidos. En un país profundamente desigual, gobernar también implica decidir de qué lado se distribuyen los costos.
La desprotección, además, erosiona la confianza en las instituciones. Cuando el Estado retrocede, las familias y las organizaciones comunitarias deben ingeniárselas para resolver necesidades que requieren respuestas públicas. El problema no es solamente aspirar a un Estado más pequeño, sino subordinar el bien común a la terquedad ideológica, sin atender al daño social que puede provocar.
Seis meses no bastan para evaluar un mandato, pero sí para reconocer sus prioridades. Y las decisiones de este gobierno obligan a preguntarse qué lugar ocupa el bienestar de las mayorías en su proyecto de país.
