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Hacia una dictadura civil. Por Rodrigo Karmy Bolton

Los regímenes políticos latinoamericanos están transitando velozmente hacia una dictadura civil. Chile no es la excepción a este proceso. Sobre todo, después del plebiscito del 4 de septiembre de 2022 en que, bajo el triunfo de la opción Rechazo en el plebiscito de salida, las fuerzas reaccionarias iniciaron una ofensiva importante que ha contado con la pasividad y contubernio del propio gobierno que ha terminado por reconstituir el “fantasma portaliano”, formación imaginaria –código oligárquico del ejercicio del poder- que convierte a la política en mera administración favorable al capital monopólico que, al igual que ha ocurrido en diversas partes del planeta, ha intensificado su régimen de acumulación al punto de no necesitar más los límites por la democracia burguesa y su clásico horizonte liberal. Asistimos, pues, a un capitalismo que se desprende del liberalismo y que comienza a rechazar los mínimos triunfos democráticos que han quedado después de la primera oleada de contrarrevolución neoliberal. En el caso latinoamericano el escenario parece muy claro: salvo algunas excepciones, la deriva peruana al fujimorismo con el gobierno de Dina Boluarte, la argentina con la elección de Javier Milei o la ecuatoriana con Daniel Noboa muestran que, en nombre de la “defensa de la democracia” los diversos gobiernos están dejando entrever la estructura de su dictadura civil que no ha sido sino una dictadura de clase.

Sin necesidad de poner a los militares en el poder, pero apoyados por el southcom estadounidense, sin requerir de dictaduras militares, tan típicas del continente, basta con el marco de las propias y maltrechas democracias para que las grandes corporaciones intensifiquen su nueva fase de acumulación. Una fase apuntalada en una verdadera revolución mundial “legal” –como diría Schmitt- en la que los derechos civiles, políticos y culturales cada vez más débiles y anodinos. Las poblaciones son cada vez más arrastradas a la posición que otrora ocupaban los pueblos colonizados que sino prescindían de todo derecho, vivían con miles de ellos restringidos. Poblaciones sometidas a estados de excepción permanentes que operan como dispositivos normales que, si no conciben a militares en las calles actuando como la compensación de policías excedidas, todos los días no dejan de aprobarse leyes que refuerzan la impunidad policial. Con todo, la agenda de todos los gobiernos, sean progresistas o conservadores, se reduce a un solo problema: seguridad. Justamente, la “seguridad” está funcionando como un operador orientado a contrarrestar las diversas contestaciones populares frente a la intensificación de la nueva fase de acumulación. Fase que supone la precarización de poblaciones a favor del fortalecimiento de una pequeña oligarquía militar y financiera que debate su dominio planetario.

Es fundamental comprender que, en este escenario, estamos lejos de la estrategia del “lawfare”. Este último fue el dispositivo utilizado para contrarrestar el avance de ciertas reformas sociales importantes –o incluso la excusa de algunos. Pero en la actualidad no se trata de la activación de “lawfare” como de la constitución de una “dictadura civil”: el primero era un dispositivo, la segunda es un régimen. El “lawfare” devino “dictadura”, la oligarquía latinoamericana, en nombre de la “defensa de la democracia” y la “crisis de seguridad” que ella misma ha producido, no tendrá ningún problema en recurrir a todos los mecanismos de excepción habidos y por haber que terminen por consolidar una dictadura propiamente civil. Por supuesto, no se trata de contraponer ingenuamente democracia a dictadura, sino de entender que, en el caso latinoamericano, esta última ha sido siempre la verdad de la primera. En este sentido, lejos de la tesis de la contraposición entre dictadura y democracia, tan típica del imaginario liberal, es necesario pensar la tesis de la “co-existencia fáctica” en que la dictadura ha estado siempre inscrita en la misma estructura de la democracia.

Por eso, el problema hoy no puede ser simplemente abogar por el “fortalecimiento de la democracia” o por su “defensa”, dado que precisamente es el neofascismo quien está realizando ese trabajo: la “defensa” de la democracia es la performance de la dictadura. Cuestión clave en este sentido: en cuanto democracia y dictadura son una misma maquinaria política, la “democracia” resulta tan solo una modulación de la “dictadura” que, bajo las condiciones actuales, deberíamos concebir bajo el adjetivo “civil”. La dictadura co-existe tras la fachada del “Estado de derecho” y se ejerce, precisamente, en nombre de ese mismo Estado.

Bajo este marco, la situación chilena exhibe lo siguiente: el pacto oligárquico de 1980 que, después de décadas de luchas, terminó destituido en la revuelta popular del 2019, permanece como matriz desahuciada y, en este sentido, exhibe la forma de un pacto vacío. Frente a ello, el “partido portaliano” (es decir, el progresismo y el conservadurismo neoliberal actual) ha sustituido la apuesta por la conformación de un nuevo pacto oligárquico de tipo “constitucional” por un pacto “performático” articulado en la seguridad. En otros términos, el cierre del proceso constitucional consensuado por el partido portaliano posibilitó la apertura del proceso securitario. Y si los progresismos no rescataron su experiencia constituyente (tanto la de la revuelta como la de la Convención) sino más bien, rechazó si quiera discutir qué había sucedido en estas dos únicas experiencias recientes de sublevación frente a la oligarquía después de la Unidad Popular, entonces el único resultado posible –y previsible- era sumarse al discurso de la seguridad como única política posible.

Al renunciar a hacer suyo el proceso de sublevación devenido y rechazarlo bajo el epíteto reaccionario de “farra” –por tanto, hablando la lengua del Amo- ese progresismo no podía sino mantener intacto el talante trágico, triste y resentido de las izquierdas de los últimos 50 años. Ese talante la volvieron “progresista”. Renunció a la fiesta, precisamente, tanto de la fiesta popular de la revuelta como de la fiesta constitucional de la Convención. Reprochó a la “tía Pikachú” el haber sido “tía Pikachú” y de manera totalmente sacerdotal, criticó a la Convención el haberse convertido en “farra”. Nada más que pasiones tristes que solo pudieron devenir política gracias a la agenda de seguridad que llegó a poner “seriedad” a un país que hace años había irrumpido en la fiesta de la sublevación. Haber abandonado la cuestión constitucional (rechazando su discusión interna) y sus múltiples pasiones alegres implicó tapar el vacío con la metonimia de la seguridad que convirtió a esta última no en un tema de la agenda sino en la agenda misma.

A esta luz, ha sido el progresismo, formación trágica y triste de la política, la que nos ha conducido a la dictadura civil. Y no solo en lo que se refiere a las grandes estructuras políticas sino a la micropolítica de las relaciones afectivas. En esa materialidad se apuntala todo el edificio institucional y la dominación oligárquica general. La transformación micropolítica de los afectos que hizo mutar la pasión alegre en pasión triste, es lo que en Chile llamamos “el peso de la noche”. En el peso de esa “tragedia”, nuevamente nos encontramos.

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