La noche y la rebeldía siempre vuelven
(Grafitis)
A la elite política no le quedó más que rendirse a la realidad. La fuerza del movimiento social doblegó a la costra gobernante. Se impuso la idea de construir lo necesario sin aceptar sólo “lo posible”. De madrugada, se consensuó un proceso que puede tener resultados inciertos y, en lo inmediato con declaradas contradicciones. Los firmantes creen que por primera vez se vislumbra la posibilidad de una real transición hacia la democracia que garantice derechos fundamentales. El campo de los no firmantes se expresa en dos vertientes: los no invitados que valoran con reparos el proceso pero que, con el objetivo de influir, decidieron participar de él; y, los automarginados que no sólo cuestionan el procedimiento consensual, sino además los contenidos que encierra.
El itinerario constituyente (plebiscito de entrada, redacción del documento constitucional y plebiscito ratificatorio) y el tiempo que involucra ofrece un propicio escenario de movilización, debate y propuestas de derechos sociales y concepto de Estado. Dicho de manera distinta, sería un estimulante tablado para intensificar la politización de la sociedad y de esta forma dar paso a una ciudadanía más activa con algunas perspectivas de controladora del Estado. Sin duda que la actual situación podría evocarnos lo ocurrido en 1988 con el plebiscito del “SI” y el “NO” y por tanto desconfiar de los agentes políticos intervinientes. No creemos estar en el mismo escenario. Aseveramos esta sentencia por las siguientes razones:
a.- La ciudadanía cambió política y culturalmente. Se está lejos de la gerontocracia. Los jóvenes desconfían total y absolutamente de quienes, desde arriba y desde fuera de la sociedad, fueron incapaces de resolver los problemas sociales y políticos engendrados por la dictadura militar. Hoy los miles de hombres y mujeres jóvenes se saben capaces de construir sus futuros. Igualmente, la planetización social genera intercambios de conocimientos y experiencias políticas que influyeron en las nuevas generaciones. Por consiguiente, la visión constructiva incorpora imaginarios democráticos diferentes. Ya no es solo un problema económico; también es el conflicto de género, la plurinacionalidad, las restricciones a la diversidad sexual, la adultocracia que invisibiliza y abusa de los niños, etc.
Además, sin bipolaridad y Guerra Fría, queda obsoleto el alegato derechista: una lucha entre totalitarismo y libertad. El asunto se traduce en justicia social garantizada por derechos sociales básicos. Sin el vilipendiado socialismo real el problema se sintetiza en democracia social y económica. Dicho de otro modo, lo cuestionable es el capitalismo, especialmente su versión más cavernaria: el neoliberalismo.
b.- Los sectores “domesticados” por el autoritarismo y proclives a “lo posible” no tienen control directo sobre la ciudadanía. Están reducidos a una minoría insignificante, sin representatividad parlamentaria, sin influjo intelectual y varios actuando como “furgón de cola” de la derecha. Es decir, esta Gerusía transicional ya no es un riesgo para las pretensiones y horizontes de la mayoría social.
Pero, y está comprobado empíricamente, que en la ex concertación y/o ex nueva mayoría radica el peligro para emprender la construcción de un Estado de nuevo tipo. Las prácticas cotidianas de la casta política, con sus reyertas internas y externas; sus acuerdos soterrados, sus individualismos, sus inconsistencias éticas, etc. han construido una desconfianza más o menos generalizada en la sociedad chilena. Ser “político” o “política” impresiona más como un estigma que como una tarea noble y necesaria.
La última irrupción de un segmento del arco político partidista, que llama a la paz y a una nueva constitución, más que esperanzas ha generado desconfianza, malestar y divisiones. Una buena parte de los ciudadanos y ciudadanas, especialmente en la juventud, ve salir de sarcófagos de la historia a quienes no supieron (o no quisieron) cambiar el orden pinochetista para (nuevamente) montarse en el movimiento social, ciudadano y popular, con el único fin de no perder protagonismo y poder.
Por consiguiente, cualquier tarea que asuma la “clase política” en el actual período, abierto por la evasión y multiplicación de la rebeldía, estará permanentemente en entredicho.
c.- Estas censuras a la clase política radican en el manido consenso traído al escenario nacional por el “neopatriciado político”. A saber y “en comento”:
1.- Ausencia absoluta de la forma en que la base social participará en la construcción de los contenidos de la nueva Constitución. No hubo mención alguna a lo que miles de chilenos y chilenas se han dado para autoeducarse cívicamente: cabildos, encuentros, conversatorios asambleas territoriales y sectoriales, escuelas constituyentes, etc.
Reconocer estas deliberaciones, movilizaciones y sacrificios ciudadanos debe ser una obligación de los consensuados. No basta con un reconocimiento testimonial, agradeciendo a la ciudadanía. Tampoco es suficiente creer que el convenio es darle un cauce a la crisis.
Menos cabe la posibilidad de licenciar a los ciudadanos y “mandarlos para la casa” porque ahora sería tarea de los políticos. La historia inmediata debiera notificarlos que no será así. La revuelta social y ciudadana no se inició y continua por iniciativa político-partidista. La propia casta dirigente lo reconoce: “no nos dimos cuenta”, “no supimos escuchar”, “no alcanzamos a ver las inequidades”, “llegamos tarde”, etc. son centenas las frases lastimeras y seudo flagelantes las que arrojan políticos y algunos empresarios.
El mundo social y ciudadano ya inició un camino. Se ve difícil una reversa. Podría, eventualmente, tener una detención en esta marcha, pero nunca repetir el inmovilismo transicional iniciado en los noventa bajo la lógica de “lo posible”.
2.- La suspicacia en el contrato político por la Constituyente se incrementa al ver cómo rápidamente se desactivó un proceso que impresionaba menos negativo: la iniciativa de los Alcaldes: una mera consulta comunal quedó fuera de cualquier consideración. Es evidente la desautorización hecha por el alto patriciado político.
3.- Se acordó una “mesa técnica” (es decir de “sabios” y “expertos”) para decidir cómo será la participación ciudadana en los eventos electorales programados. Más aún y sin “mesa técnica, ya se determinó que el segundo plebiscito será de participación obligatoria. Es decir, si no “me legitimas, te castigo”. Nada de tecnócratas, pero sí de gran sabiduría han tenido pobladores, artistas, estudiantes, trabajadores, vecinos barriales, mujeres, deportistas amateurs, etc. en construir espacios de debate y propuestas. Ha sido en plazas, centros culturales, sedes deportivas, salas de clases, sindicatos, laboratorios de ciencias, calles e incluso bares los sitios de reunión social y ciudadana. Así vista la realidad, las decisiones elitistas surgen como alucinaciones febriles causadas por el miedo a perder sus cuotas de poder y beneficios. Lo anterior sin considerar el chantaje gubernamental de reinstalar un Estado de excepción. Un llamado a la serenidad es forzoso porque ese hipotético miedo puede extenderse al proceso constituyente.
4.- Convención o Asamblea la diferencia no es solo semántica. Aquí radica la sustancia de las disensiones con el acuerdo. Se trata de un nudo a desatar: ¿cómo se elegirán los constituyentes y cuáles serán sus facultades y contravenciones?
a.- Lo primero es el monopolio de los Partidos Políticos y Parlamentarios como intervinientes en el proceso constituyente. La tentación de un traje a la medida es muy imaginable. El pasado condena a la clase política. No se trata de un pretérito lejano. Es memoria viviente los múltiples hechos de corrupción, componendas endogámicas y prebendas vergonzosas las que rodean la imagen del “político”. Obviamente que el colectivo ciudadano desconfía y desconfiará (de seguir tal cual el Consenso Constituyente) de la participación de partidos y dirigentes políticos.
Quizás sea bueno, para evitar entrampamientos, pensar que la mesa política sea una primera etapa. Para luego dar paso a un estadio superior de debate, con la incorporación de los pueblos, de las asociaciones de trabajadores y estudiantes, de las juntas de vecinos, de agrupaciones culturales y de todos aquellos nichos sociales, interesados en participar. Más aún, es deseable que los niños y niñas mayores de catorce años tengan la oportunidad de participar, debatir y elegir en el proceso constituyente. Es impresentable que un niño a esa edad sea responsable penalmente y no políticamente. Es indecente que pueda ser recluido en prisión y tratado como criminal y no se le reconozca como ciudadano.
Dicho lo precedente los delegados constituyentes deben ser elegidos en un 100% por la ciudadanía en un torneo electoral de carácter obligatorio. De esta forma la legitimidad del proceso, de los delegados y de los contenidos constituyentes estarán plenamente legitimados.
Así sería reconocible la Asamblea Constituyente y no sólo la Convención. Ésta última obliga a convenir, es decir a ajustar, a acordar, a pactar. Y este rasgo está estrechamente ligado, más allá de la “hoja en blanco”, a los dos tercios o el “guzmanismo” encubierto.
b.- De participar la franja de políticos de oficio, ésta debería ser absolutamente minoritaria y todos sus acuerdos evaluados por el resto de la Asamblea. No se debe dejar de lado que la dirigencia partidista, parlamentaria y gobernante son mandatados por el soberano y éste es la sociedad ciudadana.
Otra restricción razonable para los parlamentarios: los diputados con más de dos períodos en ejercicio y senadores con solo uno no deben participar en ninguna iniciativa constituyente. Ocho años en el poder político-legislativo es suficiente para crear redes de influjo y poder. A esta situación se le tiene recelo.
A lo anterior caben obvias inhabilidades. Resulta de toda obviedad que el político de oficio partícipe del proceso quede inhabilitado a lo menos por cinco años para incursionar en el mundo de la política.
c.- Los dos tercios o el guzmanismo encubierto, impuesto por la derecha extrema y aceptado por buena parte de la oposición pragmática, será el principal obstáculo para construir una real y efectiva democracia. Dicho con palabras distintas, los dos tercios serán la matriz de futuras revueltas sociales. Se alega que los dos tercios obliga a los grandes acuerdos. La pregunta obvia es ¿qué posibilidad de gran arreglo existiría en torno al concepto de Estado o al de propiedad?
Por una parte, el bloque empresarial -poderoso actor político- no se presenta monolítico. Se podría identificar a dos abigarradas corrientes.
Los “sensatos” y “pragmáticos” que valoran el acuerdo para “lograr la paz”. Son emblemáticas las opiniones de Andrónico Luksic, diciendo que se había concluido una “semana con esperanza por un Chile que dialoga y mira más unido al futuro. Dimos un paso importante; ahora debemos con urgencia resolver los problemas sociales pendientes” o los dichos de Alfonso Swett, declarando a la prensa que había “ganado la ciudadanía. Ha ganado la democracia. Ha ganado la buena política".
Probablemente este segmento apuesta a su capacidad de influencer tanto en el mundo político, como en el social y; de este modo apoyar cambios que impliquen un gatopardismo remozado. La idea sería “meterse la mano en el bolsillo, y que duela” para calmar los ánimos, pero sin tocar la médula del sistema.
La otra fracción, también heterogénea, es bastante más transparente. Ya hay notificaciones del empresariado neoliberal más obstinado. El presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena, declaró que existían hoy “algunos elementos que dan garantías económicas que no se pueden alterar. Entre ellos, la autonomía del Banco Central y respetar el derecho a propiedad” . A esta amenazante advertencia agregó “un posible foco de conflicto en la discusión podría ser el principio de subsidiariedad del Estado” . No olvidemos que las AFP, directa o indirectamente, están ligadas al mundo financiero. Entonces, cualquier cambio a la sustancia del modelo será rechazado por el capitalismo financiero internacional. Otro segmento empresarial -el comercio- colocó sus fichas en la reconstrucción, permitiéndose la granjería de desprestigiar tácitamente las movilizaciones. En paralelo al empresariado está la agrupación de varias organizaciones sociales: de trabajadores. de género, de estudiantes, de derechos humanos y de medioambientalistas, entre otros. Nos referimos a la mesa de “Unidad Social”, organismo responsable de las movilizaciones más contundentes. Para la coordinadora social la alianza de parte de la Oposición y Derecha para desatar un proceso constituyente nace espurio. El pecado original: ser un pacto a espaldas de la ciudadanía. Esta imputación no es menor porque revela la legítima desconfianza hacia la clase política. En conjunto con el desconocimiento al pacto y, por consiguiente, la desautorización a la clase política para que ejerza la “representación” ciudadana, “Unidad Social” levanta con fuerza sus reivindicaciones que, a una rápida lectura, trasluce la necesidad de desmontar el modelo económico.
En el mundo partidista la situación es criptica, confusa, vacilante, contradictoria y en ocasiones derechamente impopular. Poquísimos pueden comprender que en menos de dos días de haber suscrito un acuerdo unitario (desde el FA hasta la DC) por una Asamblea Constituyente y un referéndum vinculante, parte de los suscriptores lo desconocieran. Lo asombroso es que iconos de la izquierda embrionaria también lo desecharan.
No debería sorprender que lo hiciesen sectores de la ex Concertación. Sería esperable que tanto el PPD, el PR y el PS junto a la DC borrarán con el codo lo firmado con la mano. Pero ver a feministas, a contumaces rebeldes y vigorosos autonomistas firmando acuerdos y abrazándose con miembros del partido del orden y con neopinochetistas fue una postal fantasmagórica.
Pero el ímpetu experiencial no se detuvo. Los no invitados se mostraron dispuestos a participar y, ex concertacionistas -ahora miembros de la opositora Federación Regionalista Verde Social al igual que el PRO- rechazaron el acuerdo por tramposo . Ambas colectividades coinciden en el quorum (los 2/3) y el procedimiento establecido para rechazar la participación. La derecha, en cambio, se muestra más o menos sólida. Salvo el exabrupto y provocación de van Rysselberghe que habló de “votar NO” y que esta sería la “Constitución Piñera”, el resto mantuvo una relativa cordura.
Así, hasta el momento, cuesta encontrar propuestas de futuro. Todo debate se ha centrado en mecanismos y fechas del evento constitucional. Poco o nada dice la clase política sobre el tipo de Estado que desearía. Sin duda que esta ausencia conceptual incrementa la desconfianza ciudadana y avizora un nuevo gatopardismo.
POLITIZAR EN TODO LUGAR.
La oportunidad de iniciar un nuevo período político no radica en el mañanero consenso constituyente. Decirlo es una falacia y un intento de expropiar a la ciudadanía de la iniciativa política. Ello debe tenerlo muy claro la clase política. El primer evasor del Metro se lo notificó y no habrá reversa. Cada día que pasa se hace patente la autonomía del movimiento social. Y, más allá de la nueva Constitución, con o sin veto de minoría, el movimiento social está lo suficientemente maduro como para subordinarse a los ritmos e ideas de la clase política.
La democracia representativa está resquebrajada, quizás camino a la huesera de la historia.
Sin embargo, hoy, la tarea se presenta compleja y desafiante. No obstante, es certero la emergencia de un propicio escenario para aumentar e intensificar la politización de la sociedad. Para ello no podría desecharse o negarse ninguna oportunidad o escena. Hoy, nadie podría cerrarse a una deliberación política en todo lugar.
Ello permitirá no sólo politizar a la sociedad chilena. Además, recogerá y socializará el verdadero imaginario colectivo. Ello permitirá no sólo conectarse con un Proyecto Histórico, sino igualmente configurar un Programa y un Plan Político. En el primero se recogería todos los saberes construidos en la lucha por una sociedad más justa.
El segundo lo imagino como el conjunto de aspiraciones, formas y mecanismos que permitirán construir relaciones sociales, políticas y económicas que terminen con la desigualdad de todo tipo en Chile. El mayor riesgo es que el patriciado político y empresarial, supuestamente ilustrado, nos imponga sus criterios e intereses. No deberíamos sorprendernos o lanzar acusaciones: esa es su misión y necesidad para mantener el poder. Lo que debiera asombrarnos es que permitiéramos que ello ocurriera. La llanura social no es ignorante. Por decenios ha sabido resolver sus problemas; por tanto, es capaz de levantar respuestas a escala nacional a los problemas que le aquejan. En este aspecto la autoeducación es fundamental.
Por último, el tercero nos dotará de las herramientas para incidir directamente en el acontecer. Para lo anterior son necesario tres elementos: la movilización, la organización y la deliberación.
Durante las semanas transcurridas, en barrios, calles, talleres, escuelas, liceos, avenidas y plazas, se ha desatado la creación de múltiples formas de expresarse y relacionarse: los Cabildos, las Asambleas territoriales y sectoriales, los conversatorios, los petitorios sociales y políticos, las marchas, las barricadas de contención y la acción directa contra la agresión policial han ido marcando un camino.
Carlos Sandoval Ambiado
La Florida. Santiago.
Noviembre. 2019
