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Inclusión sin aforo: el derecho a la educación en la propuesta de nueva Constitución. Por René Valdés Morales

En Chile existe una contundente acción pública sobre educación inclusiva. Esto es un logro en un país que ha sido internacionalmente reconocido por tener un sistema educativo mercantilizado y con altos niveles de segregación. Sin embargo, la inclusión en nuestro país se centra fundamentalmente en un grupo de estudiantes bajo subvención focalizada y por lo tanto es restringida. Por eso cobra especial interés preguntarse por la educación inclusiva en la propuesta de nueva Constitución, pues se espera que una nueva carta magna sedimente un terreno llano de posibilidades para materializar los anhelos de una educación comprometida con la equidad, con la diversidad y con la justicia social.

Si revisamos el apartado sobre el derecho a la educación en la propuesta constitucional es posible encontrar un conjunto de artículos e incisos que, por separado o en su conjunto, conforman cinco dimensiones claves que la literatura especializada, las organizaciones internacionales y los movimientos sociales han señalado como troncales en el tránsito hacia una escuela inclusiva.

La primera dimensión es una categórica declaración de principios sobre una educación no excluyente. En el texto de propuesta constitucional se establece que la educación se regirá, entre otros, por los principios de inclusión, no discriminación, justicia y pluralismo (Artículo 35, inciso 4). La segunda dimensión guarda relación con el acceso y presencia de todo el alumnado en la escuela. En el documento constitucional se establece que las instituciones escolares no podrán discriminar en su acceso, se rigen por los fines y principios de este derecho y tienen prohibida toda forma de lucro (Artículo 36, inciso 3). La tercera dimensión trata sobre la participación y la vida democrática en la escuela. En la propuesta constitucional se establece que quienes integran las comunidades educativas tienen derecho a participar en las definiciones del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento (Artículo 42). Esto, además, se fortalece cuando se reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de los derechos establecidos en la Constitución y que es deber del Estado promover su participación (Artículo 26, inciso 2). La cuarta dimensión tiene relación con la necesidad de avanzar hacia un sistema escolar que promueva el aprendizaje integral y no la preeminencia de un solo tipo de saber. En el texto constitucional se señala que uno de los fines de la educación será la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico, la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas, considerando sus dimensiones cognitiva, física, social y emocional (artículo 35, inciso 3). Asimismo, el Estado promoverá la diversidad de saberes artísticos, ecológicos, culturales y filosóficos que conviven en el país (Artículo 36, inciso 4). La quinta dimensión refiere a una atención prioritaria de los grupos históricamente excluidos en el ámbito escolar. También la propuesta de nueva constitución señala que el Estado brindará oportunidades y apoyos adicionales a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión (Artículo 36, inciso 6).

Existen otros elementos en la propuesta de texto constitucional que son altamente relevantes desde punto vista educativo; como la garantía de calidad en la educación superior, el derecho a recibir una educación sexual integral, el derecho de los padres a elegir escuelas, la libertad de enseñanza, el reconocimiento constitucional del profesorado, entre otros. Sin embargo, las cinco dimensiones antes señaladas han sido, al menos en los últimos 30 años, preocupaciones tangibles de los colectivos que han luchado históricamente por una educación inclusiva.

En palabras del autor, la propuesta de nueva constitución celebra la diversidad y defiende la inclusión. Porque una inclusión genuina es una inclusión sin aforo: amplia, multidimensional, que piensa en todo el alumnado, en todos los niveles escolares, con diversidad de proyectos educativos, que acoge y respeta los tratados internacionales y que avanza en calidad educativa con un enfoque basado en los derechos humanos.

René Valdés Morales
Facultad de Educación y Ciencias Sociales
Universidad Andrés Bello

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