En medio del actual clima sociopolítico, caracterizado por una creciente tensión con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe militar en Chile, las declaraciones de diversas personalidades públicas en torno al debate sobre la revelación del secreto de la Comisión Valech han ido en constante aumento. Por esta razón, era previsible que el miércoles pasado (30 de agosto), cuando el presidente Boric firmó el decreto que oficializa la implementación del “Plan Nacional de Búsqueda”, se abriera la posibilidad de hacer pública esta información. Sin embargo, este hecho no se materializó.
Este debate, que se ha disputado con gran intensidad entre diversas corrientes políticas, no es de origen reciente. La Comisión Valech, creada en septiembre de 2003 mediante el Decreto Supremo N.º 1.040, estableció por primera vez la clasificación de los datos contenidos en su informe como secreto, prohibiendo tanto su acceso público como por vía judicial durante un período de 50 años, conforme a la Ley 19.992, artículo 15. En ese momento, la justificación para mantener esta confidencialidad se basaba en la necesidad de evitar que los testimonios fueran utilizados con fines ajenos a los objetivos de las Comisiones. No obstante, no se especificaron cuáles serían esos propósitos ni cómo habrían sido acordados con los participantes durante el proceso.
No fue hasta 2014 que diputados vinculados a la Comisión de Derechos Humanos, el Partido Comunista y sectores independientes presentaron un proyecto de ley que buscaba hacer públicos los antecedentes correspondientes. Sin embargo, este proyecto fue finalmente rechazado en agosto de 2016 por Chile Vamos, que votó en bloque en contra, argumentando que se buscaba proteger la privacidad de las víctimas. Esta acción fue criticada en su momento y se consideró un claro ejemplo de falta de voluntad política.
¿Pero qué ocurre cuando la demanda de poner fin al secreto de los 50 años se convierte en una de las reivindicaciones más apasionadas de los sobrevivientes organizados? Tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como los sitios de memoria han respaldado activamente esta solicitud, la cual ha sido ampliamente difundida desde entonces.
La actual restricción impuesta sobre el informe Valech I es claramente insatisfactoria desde la perspectiva del principio fundamental de igualdad. En la situación actual, una persona que ha sobrevivido a la tortura solo tiene la posibilidad de ver sus registros de Valech divulgados ante un tribunal si ha sido calificada por Valech II. Esta política de secreto implica una prohibición de acceso a los documentos, testimonios y antecedentes proporcionados por las víctimas en el contexto de la labor de la Comisión. Además, amenaza con sancionar penalmente a aquellos que participaron en el proceso y no mantienen la confidencialidad de estos datos.
Este secreto, lejos de fomentar la justicia y la rendición de cuentas, en realidad propicia la impunidad de aquellos que cometieron violaciones a los derechos humanos y entorpece la búsqueda de justicia en los procesos legales. Constituye un obstáculo considerable para la administración de justicia y colabora con la perpetuación de la impunidad. Según las últimas cifras oficiales, 1.469 personas son víctimas de desaparición forzada, 1.092 fueron detenidos y desaparecidos, 377 fueron ejecutados sin entrega de sus cuerpos, incluyendo 54 menores de edad, y solo 307 de ellos han sido ubicados y entregados a sus familias. Esta realidad plantea la misma e incesantemente dolorosa pregunta: ¿dónde están los demás?
No obstante, se mantiene el interrogante sobre si es necesario mantener en secreto los nombres de quienes cometieron violaciones de los derechos humanos frente a la opinión pública, tanto a nivel nacional como internacional, argumentando supuestamente la protección de la privacidad de las víctimas. Karinna Fernández, abogada defensora de los derechos humanos y demandante civil en casos de tortura, expresó su opinión al respecto al afirmar que “esos pactos de silencio son algo que está prohibido por el derecho internacional, pero además, se opone justamente al acceso a la información, que también es un derecho de la sociedad en su conjunto”.
El “Plan Nacional de Búsqueda” tiene como objetivo principal esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada de manera sistemática y continua. Esto se hace en cumplimiento de las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales. El plan también busca garantizar el acceso a la información y la participación tanto de los familiares como de la sociedad en general en los procesos de búsqueda, además de implementar medidas de reparación y garantías para evitar que se repita el crimen de la desaparición forzada. Sin embargo, se plantea la interrogante sobre qué sucede con los secretos de la comisión. Diversas organizaciones institucionales han emitido numerosas recomendaciones al respecto, incluyendo el informe anual sobre Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, publicado en 2015. Entre estas recomendaciones se destacan la creación de una instancia permanente para calificar a las víctimas y sobrevivientes, el avance rápido en la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Derechos Humanos, y el fortalecimiento del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
Es importante destacar que la posibilidad imperativa de lograr justicia por los crímenes de tortura no depende exclusivamente de los archivos mencionados. No obstante, el mantener estos secretos obstaculiza el avance hacia la verdad y la memoria colectiva, tratando los daños causados por estos crímenes como si fueran meros asuntos individuales, cuestiones de privacidad y reparación personal. Si deseamos honrar y respetar los sacrificios de las ex-presas y ex-presos políticos, entonces el camino a seguir es poner los antecedentes a disposición de las organizaciones y del país en su conjunto, permitiendo así determinar su uso de manera colectiva. La eliminación del secreto Valech es una lucha que concierne a todos. Mantenerlo implica obligar a quienes sufrieron violaciones de derechos humanos a revivir sus testimonios, desincentivándolos a buscar justicia y promoviendo la impunidad de los perpetradores. Pero, sobre todo, mantener el secreto significa que, como sociedad, renunciamos a asumir la verdad contenida en esas historias.
Como menciona Martín Beristain, el proceso de reconstrucción requiere tener en cuenta la memoria de las víctimas y llevar a cabo medidas para mitigar o reparar el daño en la medida de lo posible, medidas que pongan fin a la impunidad. La distorsión de la memoria colectiva y la falta de reconocimiento social de los sucesos también tienen consecuencias negativas en los sobrevivientes, quienes experimentan una privatización del daño, una falta de dignificación de las víctimas y una pérdida de apoyo por parte de las personas más afectadas, quedando así sin un marco social para dar un significado positivo a su experiencia.
A pesar de los esfuerzos propagandísticos de un sector político que aboga por pasar página y utiliza el concepto de la memoria como un obstáculo, debemos insistir en disputar la memoria. Las versiones oficiales argumentan que es necesario “pasar página de la historia para reconstruir la sociedad”. Sin embargo, esto implica reconstruir sobre el olvido forzado, como si este hecho no tuviera ya consecuencias significativas en el propio proceso de reconstrucción. Los responsables presentan su propia versión de los hechos, donde prevalece la evitación o la convencionalización del recuerdo, cumpliendo así la función de mantener una imagen coherente de sí mismos.
Siguiendo las reflexiones del sociólogo Zygmunt Baumann, es crucial recordar que “Si la verdad no es inmune a la Historia, ni autónoma de ella, sino que se entremezclan y se definen, esto implica que la realidad es un espacio a ser disputado, y no a ser descubierto”. Por lo tanto, la búsqueda de la verdad y la justicia debe realizarse sin temores, sin ocultar la verdad y sin acuerdos de silencio. Es fundamental abordar estos desafíos de manera abierta y transparente para honrar a las víctimas, garantizar la rendición de cuentas y construir una sociedad basada en la verdad y la memoria. “Recuerda la cara bifronte del amor y del odio y su calavera única
Recuerda los inviernos cruzados a gritos y
recuerda las saetas del verano
Recuerda los fieltros negros de las semanas
y el atroz número 509
Pero sobre todo recuerda
pobre memoria mía
que aquí nada, ninguno ni nadie está olvidado”
― Raul Zurita, La Vida Nueva
Sebastián Aliaga,
Observatorio de Historia Reciente de Chile y América Latina UDP.
