Se podría comentar una serie de cosas a propósito de la gestión de seguridad del gobierno actual, cuestiones que van desde el apoyo irrestricto, intentando calmar las aguas y los espíritus inquietos que ya están entrando en una catarsis y rompiendo vestidura, hasta los que apoyan las campañas del terror y generan espacios de indecibilidad, ya que sólo la discontinuidad permite instalar temas en la agenda; no hay nada más necesario y urgente para una oposición que borrar los marcadores de certidumbre que ordenaban el cúmulo de subjetividades. Pero más allá de los gustos o no, la posibilidad es permisiva, y nuestra democracia su marco referencial.
Un poco más de 100 días, o 100 días, sin más, a secas, es funcional pero no relativo a un determinado campo y “objetos”. Así, pensar la institucionalidad, vale decir, normas y sistemas de valores (ethos) que garantizan la repetición de determinados comportamientos, generando grados de certidumbre, como un punto a problematizar en esos tiempos (100 años) es ingenuo. No hay que olvidar que nuestro antecedente institucional se cataloga en el criterio de fortaleza en nuestra región, y si a esto le sumamos nuestro modelo económico (también una institucionalidad), el cual transita en diferentes ámbitos de hacer las cosas, incluso nosotros mismos en nuestra cotidianeidad, se evidencia con mayor ímpetu la dificultad misma a la cual se enfrenta este gobierno. En este sentido, la institucionalidad es sinónimo de límites, o, mejor dicho, es la otra cara de la moneda.
En temas de seguridad, por lo menos desde el año 2000 se viene configurando bajo un horizonte de sentidos nuevos, los cuales cristalizan en el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet bajo el rotulo de “seguridad ciudadana”, en donde sus componentes centrales son lo municipal como lugar de gestación de la seguridad, la participación ciudadana como actor/es claves y la gobernabilidad como la coproducción de seguridad. Instalar estos nuevos ejes no es tarea fácil, ya que hay una institucionalidad y formas de proceder garantizadas, las que responden a unos sistemas de valores distintos a los actuales, y que recepcionan este giro. La Participación ciudadana es prueba de ello, pues su inserción responde a un giro en la forma de comprensión de la participación, ya que la idea de democracia liberal supone la actividad en torno a determinados momentos que emergen con mucha frecuencia en las urnas, cuestión que se conoce como participación latente (surge en determinados estadios). Otro punto se ancla en la idea de conflicto, en la cual nuestra idiosincrasia (ethos) refleja una forma y disposición de abordarla, en donde convencionalmente la idea de otredad resulta una problemática ya que genera la posibilidad de desplazar lo que puede y debe ser discutido en el espacio público.
En fin, materializar un proceso de cambio de paradigma es algo complejo y no excepto de aciertos y fracasos, pero la disposición es una sola para este nuevo gobierno: hacer un giro. Llevar a terreno la participación como ejemplo, pero también en los otros ejes antes mencionado es un camino a hacer. Sin embargo, y acá lo central, la voluntad está puesta para ello.
Cristopher Ferreira Escobar. Cientista Político, doctorante en Estudios Transdisciplinares Latinoamericanos.
