A pocos meses del término del trabajo de la Convención, las fracturas y conflictos del sistema político se hacen cada vez más evidente. Distintos sectores han buscado instalar, en algunos casos con relativo éxito mediático, al menos dos ideas profundamente dañinas para el futuro de nuestra democracia y el sistema político. La primera es que la Convención no es representativa de todos los sectores y que existen grupos que han sido excluidos del debate constituyente, por lo cual incluso esta carece de legitimidad. Bajo distintos lemas (“la casa de todos” “una que nos una”), los grupos minoritarios de la convención buscan instalar la idea de que esta funciona bajo reglas excluyentes y antidemocráticas. La segunda idea que se repite es que la convención busca realizar un ejercicio refundacional, no solo del sistema político, sino que incluso de la república, sus valores y tradiciones, lo cual nos llevaría a negar todo aquello que hemos sido como país para instalar no solo “nuevo Chile”, sino también una nueva realidad política, social, económica y cultural que reniega de su pasado y su historia. Todo lo anterior ha tenido el importante apoyo de sectores que han hecho de este ejercicio negacionista su razón de ser en el último año, ya sea desde los medios de comunicación, algunas encuestas y grupos con intereses específicos, el trabajo de la Convención ha debido estar enfrentado a un constante ataque de intereses.
Lo cierto es que, esas dos ideas, que poseen muy básicos argumentos pero que buscan influir en la audiencia, están lejos de la realidad, o bien cuentan una realidad a medias.
La Convención Constitucional es una institución democrática y representativa del poder soberano, bastante más que otros poderes constituidos que hayamos tenido en la historia de la República. Ella representa el poder originario y fundante de la comunidad política, y que, tras un proceso democrático de elección de los convencionales, establecidos con las reglas del poder constituido, posee una legitimidad que difícilmente se le puede discutir. Su composición es representativa de la diversidad y los conflictos que posee nuestra sociedad, con independientes y representantes de los partidos políticos -nuevos y tradicionales-, jóvenes, estudiantes y también adultos provenientes de elite política, profesionales y trabajadores/as de distintos rubros, paritaria en género y con escaños reservados a los pueblos originarios, es decir, en ella se encuentran reflejados un aspecto esencial de toda sociedad democrática, la pluralidad, sus conflictos, y la posibilidad de llegar a acuerdos entre ellos.
¿Pero entonces por que la Convención, en la plenitud de su trabajo, cuando comienza a dibujar el nuevo entramado institucional recibe ataques de diferentes lados? La respuesta es porque la Convención no solo es la institución con el mandato de redactar la nueva constitución, que por cierto es lo fundamental, sino que además es el espacio en el que se discute una nueva reconfiguración del espacio político y del poder político, por ende, también es una discusión sobre la redistribución del poder. Es cierto que la República no se fundó en un día, un periodo de gobierno o una centuria, nuestra política es fruto de aciertos y desaciertos de dos siglos y ello ha dibujado una idiosincrasia y cultura política que para ¿muchos?, ¿pocos? o ¿algunos? es lo que nos distingue, y ello ha permitido el posicionamiento de Chile en el siempre exigente sistema mundo. Sin embargo, también es cierto que esa misma institucionalidad de distribución del poder se encontraba enferma, con instituciones con casi nula legitimidad y un gran nivel de rechazo, con una cultura donde la relación entre el dinero y la política nos entregó los peores casos de corrupción, en todas -o casi todas- las instituciones de la República. De lo contrario, ¿cómo entenderíamos la revuelta del 18 de octubre? Aquella revuelta que muchos se apresuran en llamar estallido, indicando que solo es masa descontenta porque no ha disfrutado de los avances de la modernidad, aquella donde el mercado coludido y la política corrupta generó importantes niveles de desigualdad.
Quienes atacan constantemente a la Convención son de distinto color y tenor, algunos indican que en la historia reciente no todo ha sido malo, que el crecimiento económico de las últimas décadas ha brindado oportunidades y estabilidad, que la dictadura nunca fue tan mala y la gobernabilidad neoliberal podía superar cualquier cosa, incluso aceptar justicia en la medida de lo posible en materia de violaciones a los derechos humanos, lo peor de ello fue que la lección no fue aprendida y las violaciones a los DDHH se transformaron en un daño colateral a fin de mantener la sagrada estabilidad institucional -constitucional-. Los más radicales y extremos, irán desde la victimización de la exclusión, porque el candado institucional de los 2/3 no bastó para vetar los cambios, hasta aquellos que de la manera más grosera posible buscan mantener la constitución de la dictadura. Por ende, aquellos que hoy reclaman y se victimizan en los medios y las encuestas sobre una supuesta exclusión, no son más que la realidad de un sector minoritario que lo que busca es mantener esas cuotas de poder que el sistema les garantizó durante décadas. Precisamente son aquellos que, desde la comodidad del poder, ya sea en el congreso, los tribunales, los medios, las empresas o incluso el gobierno, han disfrutado y mantenido los privilegios de la constitución de la dictadura y del pacto transicional, son aquellos que, hoy siendo minoría, utilizan sus recursos y medios para reclamar y victimizarse de una exclusión que no es tal. Incluso, otros han dicho que la Convención no es legítima, que su procedimiento de elección transgredió las reglas básicas de la representatividad democrática de un ciudadano un voto, sin embargo, esta opera con un sistema electoral construido por esa misma institucionalidad política que hoy la crítica, pero que cuando no le es favorable, la ataca.
La segunda idea, sobre el aspecto refundacional, aunque también está asociada a una crítica al proceso, puede tener más aceptación. De qué manera podemos comprender el trabajo de una Convención Constitucional sino es realizar un cambio profundo en el conjunto de reglas que han definido el sistema en los últimos 40 años. Durante este periodo, el sistema se caracterizó por hacer modificaciones, en la medida de lo posible, a una herencia llena de enclaves y cerrojos. Las reformas a la Constitución, siendo las de 1989 y 2005 las más relevantes, fueron parte de las modificaciones que permitieron el funcionamiento del mismo sistema, que, aunque con modificaciones, este no cambió en su esencia y estructura, siendo hasta el día de hoy la constitución heredera de la dictadura. ¿de qué otra manera podemos entender el funcionamiento de una Convención Constitucional, sino es el tener la posibilidad que legítimamente se refunden aquellas instituciones que, sustentadas en una distribución desigual del poder, aumentaron la crisis de legitimidad del sistema? Efectivamente la Convención tiene y debe tener un ánimo refundacional, no de la República ni de Chile -nunca ha planteado eso-, sino de aquella desigual distribución de poder que llevó a la crisis del sistema que se vive hace ya varios años.
Finalmente, la Convención no puede ser solo un espacio de reflexión y de armonía, de acuerdos donde la necesidad de la gobernabilidad consensual esté por sobre el reconocimiento de la legítima diferencia, sino también es un espacio de legitimo conflicto y donde las reglas aceptadas por todos permitan llegar -supra- mayoritariamente a una nueva constitución. No comprender la importancia de esto, es olvidar que la política también es la capacidad de alcanzar acuerdos en la legítima diferencia y el conflicto, más que un arreglo acordado entre pequeños grupos de poder, como lo fue tantas veces en nuestra historia.
Rodrigo Gangas es cientista político. Director Escuela de Ciencia Política, Gobierno y Gestión Pública UAHC.
