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La deriva conservadora y la tutela a la soberanía popular. Por Mario Vega

Las históricas reivindicaciones de los pueblos originarios en Chile se encuentran ante en la actualidad ante un complejo panorama determinado por el estancamiento en la concreción de sus históricas aspiraciones ligadas tanto al reconocimiento de su singularidad sociocultural, así como a la configuración de un ámbito de autonomía dentro del Estado. Sin lugar a dudas, este escenario se configuró a partir del resultado del Plebiscito Constitucional celebrado en septiembre de 2022. De esta forma, el proyecto político que articularon principalmente destacados dirigentes e intelectuales del pueblo mapuche identificado como el “movimiento gradualista por la autodeterminación”[1] y que asumió una postura posibilista al interior de la Convención, no logró su objetivo abriendo de algún modo una fase de repliegue en la expresión de sus demandas y de consiguiente pérdida de presencia pública a nivel nacional de sus principales representantes.

Tal vez, la mejor expresión de ello fueron los planteamientos referidos a esta temática establecidos en las Bases Constitucionales derivadas del “Acuerdo por Chile” suscrito por la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria dando forma al actual proceso y que, en su punto número 4, señala a este respecto que se “reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible, El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas”[2]. Adicionalmente, en lo referido a la asignación de cupos para la integración de dignatarios de este origen, el documento señala que “El Consejo será integrado por escaños indígenas supranumerarios, asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva en la elección”[3], es decir, no solo se acotaron restrictivamente los marcos de la discusión que tendrá lugar dentro de este organismo, asimismo, las voces provenidas de los pueblos originarios serán escasas, hecho que se confirma al constatar el reducido número de candidaturas que estos inscribieron, un gesto elocuente que describe sus limitadas expectativas.

Este panorama debe ser necesariamente compatibilizado con las tareas comprometidas ante el país en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric el que, haciéndose cargo de la profunda deuda del Estado en esta materia, señala la necesidad de “Crear una Comisión de verdad histórica que determine las vulneraciones a los derechos desde 1989 hasta la actualidad y que proponga medidas de reparación para las víctimas del conflicto intercultural”[4] y ante la celebración del bicentenario de los Acuerdos de Tapihue (1825), reinstaurar el diálogo como el principal y único medio para avanzar en esta materia a fin de “instalar un sistema de parlamentos (Koyagtun) para buscar acuerdos constructivos entre las autoridades estatales, los sectores relevantes de la sociedad chilena y las naciones originarias”[5]. La implementación de esta política significaría trascender la estrategia de seguridad establecida a través de la periódica dictación de Estados de Excepción Constitucional de emergencia en la Región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío en la región homónima para instalar, con determinación y templanza, una radical transformación en las formas de relación entre el Estado de Chile y sus pueblos originarios.

Sin dudas, este será un proceso que encontrará dificultades generalmente impuestas por todos aquellos sectores a quienes favorece el actual y adverso status quo, no solo por los evidentes intereses económicos presentes, por ejemplo, en el monocultivo forestal y que habitualmente se escuda en la imagen de la unidad de la nación para subsumir tanto a otras identidades como a los seculares atropellos cometidos en contra de la población indígena. 

Ejemplo de ello lo encontramos también en países de la región en donde las demandas de los pueblos indígenas experimentan un evidente rezago. Así, continúan generando controversia las recientes declaraciones realizadas en Argentina por parte de Miguel Ángel Pichetto, actual Auditor General de la Nación, al anunciar acciones legales en contra del director del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Marmoni luego de la concesión de tierras a comunidades originarias en la provincia de Mendoza, que han despertado revuelo, no solo por la polémica entre representantes de dos instituciones estatales, sino también por plantear un singular y complejo juicio histórico vertido, hasta ahora casi desapercibido en nuestro país, al señalar que: “El mapuche era un pueblo invasor que robaba ganado y robaba mujeres, y disputaba al territorio patagónico a favor de Chile. (…) Por suerte apareció Roca, hizo la Campaña del Desierto y ocupó la Patagonia. La Patagonia es argentina por Roca, sino todavía estaría ocupada por Chile".[6]

Tales afirmaciones, suponen la existencia de una supuesta instrumentalización de las comunidades mapuches, por parte del gobierno chileno de la época, a fin de consolidar su presencia transandina, soslayando la política de colonialismo interno que este ejecutó en el llamado Ngulumapu hasta su total ocupación en 1883 en tanto, acción sistemática y coordinada con su contraparte argentina[7]. Por su parte, las disputas en torno al dominio sobre el territorio de la Patagonia, en posesión de Chile según el principio del Uti possidetis juris, fue una directa consecuencia del antes mencionado proceso de expansión impulsado por parte de las autoridades desde Santiago y Buenos Aires. 

Resulta en ese sentido admirable la pervivencia en nuestros días de la concepción ideológica de cuño sarmientino que impregna el discurso de las élites para oponer civilización contra barbarie[8], aún todavía en los inicios del siglo XXI, no solo mediante temerarias afirmaciones sin una sólida base histórica para denostar a una determinada alteridad, de igual manera, para obliterar procesos de cambio mediante la limitación de los grandes debates a la esfera de los “expertos” que, con moderación y prudencia, pueden orientar tránsitos de cambio. Llama la atención cómo a estas alturas, una compleja deriva conservadora en América Latina permite que el orden se manifieste como un componente atávico e inmanente capaz de permear interesadas hipótesis históricas o consagrar la tuición de una sapiente aristocracia sobre la soberanía popular.  


[1] Pairican, Fernando (2022). “La vía política mapuche”. Santiago: Editorial Paidós.

[2]https://www.senado.cl/noticias/proceso-constituyente/acuerdo-por-chile-definen-consejo-constitucional-comite-de-expertos-e

[3] Íbidem.

[4] Manifiesto Programático Gabriel Boric Presidente. Disponible en: https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2021/06/5_PROGRAMA_GABRIEL_BORIC.pdf, p.27.

[5] Íbidem.

[6] https://www.pagina12.com.ar/525978-miguel-angel-pichetto-contra-los-mapuches-por-suerte-apareci

[7] Pairican, F. (2020). Toqui. Guerra y tradición en el siglo XIX. Santiago: Pehuén Editores-CIIR.

[8] Ver la obra de Domingo Faustino Sarmiento, “Civilización y Barbarie. Vida de Facundo Quiroga. Disponible en: https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8208.html

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