Hace un año, comenzó un proceso de protesta social con características de históricas para Chile. Aun cuando sea pronto todavía para tener un retrato definitivo de lo sucedido, no parece atrevido decir que en su origen se esconde un descontento generalizado ante las condiciones de desigualdad presentes en el país durante las últimas décadas.
En 2015, nuestro país recibía al economista Thomas Piketty. El principal experto en desigualdad a nivel mundial venía a explicar sus teorías sobre ésta a la élite político-económica nacional y a advertir sobre las desastrosas consecuencias que esta podía traer a la vida democrática de los Estados. En los registros consta que habría aventurado como conclusión para Chile, advirtiendo previamente sobre la necesidad de contar con mejores datos al respecto, que probablemente el 1% de la población concentraba el 35% de la riqueza.
En 2017, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo presentó su informe “Desiguales”, cuyo objeto era presentar las conclusiones sobre el estudio multidisciplinario llevado a cabo sobre la brecha social en Chile, sumando datos relevantes al respecto, además de recoger información sobre el sentimiento de injusticia frente a las desigualdades que se venía cocinando en el país.
Por otro lado, la situación país frente al índice Ghini sobre desigualdad ha dado cuenta constantemente de las pobres herramientas con las que contamos para una mejor redistribución de la riqueza en Chile. En efecto, es común a estas alturas hacer mención a que el resultado antes de impuestos y transferencias en el indicador no presenta mejoras significativas después de operar estos.
En el Capitalismo en el Siglo XXI, nos cuenta Piketty, que el gran problema de la desigualdad es que esta, aun cuando necesaria, si se deja crecer desmesuradamente, llega a un punto en el que las sociedades la consideran intolerable.
Por ejemplo, en octubre de 2019 un anuncio respecto del alza en 30 pesos del valor de los pasajes para el transporte público urbano de la capital motivó una sensación de descontento que derivó en protestas estudiantiles en el corazón del sistema de transportes de la ciudad. La represión desmedida de la protesta llevó a transmitir el enojo hacia otros grupos sociales de la región metropolitana y esto al recrudecimiento de la acción policial contra los manifestantes, con declaración de estado de excepción y toque de queda incluidos. Esto último transformó esos 30 pesos en una metáfora para 30 años, los que a su vez son una licencia poética para redondear un periodo que va al menos desde el año 1980 en adelante. Lo más importante, sin dudas, es que esta secuencia terminó sumando a todo el país en la protesta.
Las demandas también explotaron. Ya no era solo transporte público. Aparecieron las pensiones, las condiciones de abuso en relaciones de consumo y en las relaciones laborales, la calidad de la salud, de la educación, igualdad de trato en materia de género y hacia pueblos originarios, demandas medioambientales, solo por mencionar algunas.
La protesta excedió a octubre y al 2019. Solo la pandemia la contuvo en marzo. Pero el descontento no se fue. Ya fuera por una demanda por ayudas socioeconómicas a los sectores más afectados por la pandemia o nuevos registros de actuaciones abusivas por parte de la policía o el trato dispar de estos a la protesta según quien se manifestaba, siempre estuvo ahí. Vale la pena preguntarse entonces, ¿qué se hizo desde octubre a octubre para lidiar con la desigualdad?
En materia educacional, la emergencia de salud y el distanciamiento social han recrudecido los efectos de la brecha. El forzoso modelo online de educación a distancia en los distintos niveles nos enfrenta a la realidad de un país que puede jactarse en cifras oficiales de una cobertura cercana al 90% de hogares con acceso a Internet pero que presenta características precarias en la forma en que se produce para aquellos hogares que solo la pueden realizar mediante redes móviles.
En pensiones, a pesar del evidente déficit de suficiencia de las prestaciones del sistema de AFP, no ha existido mayor avance. Los defensores del sistema se refugian en las rentabilidades que producen las administradoras y pretenden profundizar las características de un modelo que abusa de los trabajadores al pedirles que trabajen hasta más avanzada edad o que aporten una mayor proporción de sus remuneraciones para capitalización. Solo el retiro del 10% de los fondos de las cuentas individuales por los cotizantes, como forma de ayuda económica ante la pandemia, ha sido noticia en la materia, la que tampoco atiende a mejorar su calidad, por cierto.
Por otra parte, se ha hecho saber que se estudia aumentar la tasa del IVA para dirigir la recaudación a mejorar pensiones. Esto a pesar de que este impuesto es reconocido por sus características regresivas, al menos en su configuración en Chile, al significar que una mayor proporción del dinero de las familias de menores ingresos vaya destinado a soportar el recargo de su tasa sobre el precio del bien o servicio a consumir.
Tampoco se puede decir que el proyecto de modernización tributaria haya sido una medida de enfoque redistributivo, ya que su origen y justificación era la preocupación por el crecimiento económico. A su vez, las medidas tributarias del plan económico de emergencia con ocasión del COVID19 velan por proteger a las empresas frente a los coletazos económicos de la pandemia, relegando la preocupación por la desigualdad.
En materia de relaciones laborales tenemos dos nuevos textos legales que considerar. Primero, la ley de teletrabajo, a pesar de consistir en una modalidad de trabajo que ya estaba comprendida en la legislación previamente. En su nueva versión, encuadra todo en la posibilidad de negociar individualmente las condiciones de contratación, lo que la hace caer del lado de la precarización laboral. Segundo, la ley de protección al empleo que permite suspender contratos de trabajo, eximiendo a los empleadores del pago de remuneraciones, las que se pagan parcialmente con cargo a los fondos de la cuenta individual del trabajador correspondiente a su seguro de cesantía, haciéndolos financiar de su propio bolsillo la crisis.
Por supuesto, podrían advertirme que en la compleja situación actual se hace difícil pensar en combatir la desigualdad mientras acontece una crisis económica como la presente. Quizás la preocupación principal sea retomar la senda del crecimiento y luego pensar en cómo redistribuirlo. A pesar de ello, creo que los hechos de octubre a octubre nos han demostrado que tampoco aparecen condiciones favorables al crecimiento económico en contextos de descontento social y protesta. Esta podría ser la oportunidad de pensar en cómo volver a crecer, pero en condiciones que permitan evitar futuros estallidos originados en la sensación de injusticia que produce la desigualdad. No es de extrañar que la población, tal como hizo en octubre de 2019, esté perdiendo el miedo a la enfermedad y retomando las calles en octubre de 2020 si nada se ha avanzado aún en la materia.
Sin dudas, quizás la noticia más destacable en este sentido sea el proceso constituyente. Este puede ser una buena opción de dar vuelta este panorama, sentando las bases de un modelo más justo y con nuevos mínimos para la calidad de vida de todos en sociedad. Pero la gente no puede esperar a que termine dicho proceso y nada obsta a que las autoridades den los pasos necesarios para hacer frente de una vez por todas a esta enfermedad que nos viene degradando desde mucho antes de 2020.
No eran 30 pesos, eran 30 años, ¿se acuerdan?
Roberto Padilla Parga
Abogado.
Magister en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
