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La Geografía De La Multitud Fronteriza Norte y Los Desafíos Futuros. Por Ignacio Pozo y José Orellana

Colchane, Arica, Iquique, Calama, Antofagasta y así otras comunas del norte del país son testigos de un flujo migratorio que tiene una explicación compleja, fundamentalmente, desde los estados de donde provienen los habitantes migrantes como Venezuela, Haití, Perú y Bolivia, también Colombia, colocando en la coyuntura a Venezuela como el país con mayor diáspora de habitantes de la región Sudamericana; siendo Chile, uno de los destinos más intensos en estos últimos años, después de Colombia y Perú. En esta línea, el proceso migrante pareciera incontenible, como lo ha sido en otras regiones del mundo impactando las realidades nacionales en lo cultural, social, político y económico, más cuando el hecho de migrar es considerado un derecho humano… y a buena hora, porque de lo contrario serían aún más descarnadas las vulneraciones de derecho de quienes migran, generalmente, los más pobres.

En otra oportunidad, se consignó que la acción de migrar tenía que ver, por lo menos, en modernidad, con las dinámicas capitalistas, esto es, cuando el detrimento de la economía de un país no asegura el bienestar material y simbólico de las personas[i], o bien, por problemas o definiciones políticas, como también religiosas en otras oportunidades, generándose los incentivos para que las personas abandonasen sus territorios de origen, hacia los que les ofrecerían, teóricamente, mejores condiciones de vida (seguridad, empleos y otros)[ii].

Dicha atracción que generan los Estados receptores de la migración, no se encuentra reflejada necesariamente en una adecuada institucionalidad interna (de todo tipo) y, en específico, a materias referidas a la migración, cuestión que se vivencia desde la escala nacional, regional, hasta la local y vecinal-barrial, siendo esta última la que más reciente el déficit institucional en políticas migratorias, como es lo que se observa por estos días (hace años) en territorio nacional.

Por descontado, los flujos migratorios que presenciamos, despiertan coberturas nacionalistas, chovinistas y hasta racistas, pasando inclusive por la resistencia a la pobreza (aporofobia), situaciones de las que el sistema político no se encuentra inmune; en primer lugar, porque no puede desentenderse de una problemática evidente, que en más de una oportunidad ha sido activada por una sociedad civil muy sensible por la circunstancia y; en un segundo lugar, porque el sistema político, que integra sectores más conservadores (transversalmente) hacen de la situación, una oportunidad para plantear agenda, sobre todo en las coberturas territoriales populares – locales – regionales para no sólo ganar adhesión, sino que también representar genuinamente un sentir (en más de una oportunidad exacerbado por unas y otros).

Hace poco se avanzó en un instrumento reglamentario de la ley de migraciones y extranjería (Nº 21.325)[iii], el cual supone agilizar la institucionalidad creada por la misma, ayudando a concretar una migración ordenada, legal y nutritiva para el país. No son pocas las miradas críticas a la misma (legalidad), transformando al nuevo gobierno en un actor central (todos los gobiernos, lo son), por la expectativa que se tiene sobre el mismo respecto de la resolución de este conflicto, dadas las definiciones previas que han tenido la/os personera/os política/os afines al mismo, como también la/os integrantes del nuevo gabinete.

Anteriormente, también se avanzó en una mayor descentralización política, a propósito de contar con un órgano completamente elegido desde el voto popular, como es el Consejo Regional, donde consejera/os y gobernador/a regional (este es el último avance en la materia) tienen una nueva legitimidad para influir en las agendas regionales en los ámbitos que la ley les confiere (ley Nº 19.175), siendo el aspecto de desarrollo económico y preocupación de seguridad pública, vía presupuesto regional (aunque centralmente decidido) una oportunidad de avance, por lo menos, en lo simbólico (es de conocimiento público que la o el gobernador regional no tiene las mismas competencias que la o el delegado provincial regional en materias de seguridad pública, implicando una disputa al interior del Gobierno Regional).

Desde lo local, existe una condición aún ¿alevosamente? estática, ya que, siendo los territorios más requeridos para enfrentar la situación (salud, educación, servicios públicos diversos hasta seguridad), no cuentan con presupuestos y medidas concretas para el corto, mediano, ni menos para el largo plazo que les permita avanzar en la intervención del proceso (sino, preguntémosle al alcalde de Colchane o Iquique). Así, la ley orgánica de municipios (Nº 18.695), sin perjuicio de que la misma exige el desarrollo comunitario (y otros tipos de desarrollo territorial), muy poco puede promoverlos, en los municipios fronterizos en general, menos sobre los del norte en particular, dadas las precariedades presupuestarias y diseños institucionales para un mejor tratamiento del fenómeno.

En la escala nacional, un Ministerio del Interior y Seguridad Pública, gobierno tras gobierno, desde el centralismo político que se le caracteriza, diseña planes de promoción del desarrollo, como también de control-securitización inertes o con muy acotados éxitos, frustrando una y otra vez las expectativas nacionales, regionales y locales. En parte, ello se explicaría, dada las coordinaciones institucionales asimétricas promovidas desde el atávico centralismo político consignado, impidiendo de paso, profundizar y diversificar las prácticas paradiplomáticas en espacios de trans-fronteras (estos es, posibilidades de intercambios institucionales internacionales que convivan con los nacionales sin pasar por el centralismo de un Ministerio de Relaciones Exteriores, posibilitando mejores dinamismos institucionales y de personas en las escalas locales y regionales), no sólo naturales y/o evidentes, cuando existe un poblamiento sobre territorios fronterizos, sino que necesarias para avanzar en mejores posibilidades de desarrollo.

Estas falencias dificultan la instalación (o tan solo el debate) de un régimen fronterizo que considere a la frontera como espacio de desarrollo, sobre todo cuando es un territorio intenso en relaciones de personas, flujos económicos, culturales y sociales, impidiendo un mejor tratamiento del fenómeno migrante. Ello, urge formalizarlo, ya que respecto de la frontera norte, las movilidades transfronterizas (incluyendo la migración) son parte de la rutina de las comunidades de frontera[iv]. Es de esperar que, a la luz del debate constitucional vigente, se avance más definidamente en este aspecto[v].

Lo sucedido hace unos días con los efectos de la muerte de un joven camionero en la ciudad de Antofagasta, culpándose inmediatamente a migrantes venezolanos; más la agresión vivenciada por Carabineros vía otros migrantes venezolanos en la ciudad de Iquique, que al parecer estaban involucrados en ilícitos de micro-tráfico (tráfico) de drogas; más una intensidad de personas que ingresan al país por zonas fronterizas no autorizadas, apostándose sobre los espacios públicos como plazas y playas u otros; antes, también en la ciudad de Iquique, el lamentable acto de quema de enseres de migrantes perpetrados por una turba; sumado al mensaje sistemático de incapacidad institucional para avanzar en soluciones (Planes de fronteras norte diversos, con la presencia de las fuerzas armadas en estas iniciativas), explican, en parte, la ingobernabilidad o in-gobernanza interescalar sobre estos espacios geográficos consignados y otros (barrial-local-comunal-regional-nacional-internacional).

Así, se explicaría cómo la geografía de la multitud fronteriza se fue sedimentando, día con día en la frontera norte, donde una comunidad oriunda, migrante y autoridades cercanas, deben enfrentar/visibilizar los problemas, buscando mejores condiciones de vida, exigiendo, además, un modelo de intervención de corto, mediano y largo plazo que asegure mejores condiciones de vida y gobernabilidad/gobernanza funcional al desarrollo integral de aquellas comunidades en espacios de trans-frontera.

  Ignacio Pozo
Cientista Político
Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Magíster en Estudios internacionales
Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago.

 

José Orellana Yáñez
Doctor en Estudios Americanos Instituto IDEA-USACH, Magister en Ciencia Política de la Universidad de Chile, Geógrafo y Licenciado en Geografía por la PUC de Chile. Académico de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Academia Humanismo Cristiano


[i] https://www.academia.cl/comunicaciones/columnas/las-fronteras-nacionales-mas-vivas-que-nunca

[ii] Ver en programa Construyendo Unidad capítulo fronteras, migración y nueva constitución en https://www.youtube.com/watch?v=RYzzRos2dgI

[iii] Ver https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2022/02/12/43177/01/2086865.pdf

[iv] Fronteras del norte chileno, pistas para su desarrollo https://www.linkedin.com/posts/red-profesional-de-ciencia-politica_rp-ignacio-pozo-activity-6895016033434832896-AWXN/

[v] Ver en https://www.lemondediplomatique.cl/geopolitica-de-fronteras-y-el-debate-constituyente-es-necesario-por-jose.html

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