Con la llegada de la pandemia y el cierre de las escuelas, el alumnado extranjero ha sido particularmente afectado, aumentando las desigualdades educativas que los propios centros educativos -en el abandono tutelado en que tradicionalmente funcionan- intentan revertir día a día.
En concreto, la virtualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de diferentes dispositivos tecnológicos (ordenadores, teléfonos celulares, plataformas de videoconferencia), ha ido de la mano con la desaparición en algunos casos de ciertos actores educativos ⸺facilitadores lingüísticos⸺ y de ciertos programas ⸺aulas de acogida, programas de español⸺ claves en materia de inclusión educativa. Si bien aún es prematuro dimensionar los impactos que esto tendrá a nivel general en las trayectorias escolares de estos estudiantes, todo parece indicar que, con las decisiones tomadas por las autoridades educativas, habrá daños y retrocesos muy difíciles de revertir.
De hecho, la mayoría de las estrategias diseñadas para facilitar el aprendizaje de las minorías no hispanohablantes han funcionado los últimos 14 meses a media marcha. Más aún, hay estudiantes que, por falta de recursos tecnológicos en sus hogares, han tenido una participación nula, intermitente y residual en estos programas de apoyo. Esto es preocupante si consideramos los dramáticos (aunque previsibles) resultados del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) entregados hace algunas semanas por la Agencia de Calidad en el que participaron cerca de 7.000 establecimientos educacionales, donde se evidencia que en el área de lectura los conocimientos mínimos llegan al 60% y en el caso de matemáticas solo al 47%. Si agregamos a ello la brecha que emerge al considerar la variable vulnerabilidad, salta a la vista que este panorama es devastador para ciertas minorías extranjeras.
¿Qué hacer en este difícil contexto? Aunque el retorno a la presencialidad podrá recuperar algunas garantías que favorezcan sus procesos de inclusión y participación en el aprendizaje y desarrollo, para que ello ocurra deben darse algunas condiciones claves que, en forma de urgencias socioeducativas, nos parecen relevantes.
En primer lugar, es necesario que el Estado garantice que todas las niñas, niños y adolescentes cuenten con su RUT para poder acceder al derecho a la educación sin condiciones ni discriminaciones, e independiente del estatus administrativo en que se encuentren actualmente en el país. Esto permitirá, entre otras cosas, que puedan acceder al conjunto de beneficios estatales disponibles, evitando que su ausencia pueda afectar negativamente sus procesos de aprendizaje.
En segundo lugar, se debe disponer de recursos adicionales para que las escuelas puedan desarrollar un diagnóstico exhaustivo de sus estudiantes, complementario al DIA desarrollado por la Agencia de Calidad, permitiendo con ello establecer los ajustes y ayudas necesarias para favorecer el desarrollo integral de todos y todas, sin distinciones de ninguna naturaleza. En el caso de algunas familias y colectivos migrantes, se presentan además necesidades en las dimensiones idiomáticas y lingüísticas que requieren una consideración especial para compensar los efectos del cierre de escuelas.
En tercer lugar, se debe contar además con una mayor dotación de profesionales de la educación (trabajadores sociales, psicólogos, mediadores interculturales, profesorado de español como segunda lengua) para abordar de forma multidisciplinar el trabajo realizado en materia de inclusión educativa y lingüística de niños y familias extranjeras.
Adicionalmente, como equipo de investigación GRIINTE y desde la especificidad de nuestra labor académica, hacemos un llamado a las diferentes unidades de investigación en materia de migración y escuela, a adherirse a nuestra preocupación y sus exigencias planteadas, así como a poner nuestros respectivos quehaceres académicos al servicio del estudio de las problemáticas actuales de las escuelas, pero, ante todo, de contribuir a la resolución de las mismas. De esta forma, la inclusión dejará de ser un ideal al cual aspiramos, para ser una realidad posible que haga efectivo el derecho a la educación para todos y todas en nuestro país.
Equipo GRIINTE
(Grupo interdisciplinario en investigación y transformación educativa)
Felipe Jiménez (Universidad de Las Américas), René Valdés (Universidad Andrés Bello), María Teresa Hernández (Universidad de Santiago), Rolando Poblete (Universidad de Chile), Ramiro Catalán (Universidad de Concepción) y Paloma Abett de la Torre (investigadora independiente).
