En el último tiempo, dos conversaciones con personas cercanas me dejaron una curiosa inquietud. La primera surgió por el parte de matrimonio de un familiar que, con total naturalidad, excluía a los niños para asegurar una celebración más tranquila. La segunda, tras el regreso de un conocido desde Europa, quien comentaba con admiración cómo en los restaurantes los padres conseguían mantener a sus hijos quietos y en silencio. Estos episodios son observaciones sociales y culturales y no constituyen, por sí mismos, una falta ética ni mucho menos legal. Sin embargo, invitan a preguntarnos qué lugar estamos reservando a la infancia en una sociedad que declara protegerla, pero que a veces parece preferirla lejos de su vida cotidiana.
Quizá no se trate simplemente de una cuestión de modales o preferencias personales, sino de una transformación cultural más profunda en nuestra manera de relacionarnos con los niños. Byung Chul Han, en La expulsión de lo distinto, reflexiona sobre una sociedad que tiende a rechazar aquello que interrumpe su propia comodidad y previsibilidad. Desde esa mirada, cabe preguntarse si la infancia, con su espontaneidad e inquietud, se ha convertido para algunos adultos en una presencia que toleran cada vez menos. No porque todo comportamiento infantil deba aceptarse sin límites, sino porque educar y convivir con niños exige reconocer que no son mini-adultos y que de parte de los adultos responsables demanda recursos que tal vez no están dispuestos a compartir constantemente con ellos. Esta pregunta adquiere otra dimensión cuando observamos nuestra realidad demográfica. Según las cifras publicadas por el INE en mayo, Chile alcanzó en 2025 una tasa global de fecundidad de 0,99 hijos por mujer, mientras que los nacimientos disminuyeron un 46,9 % entre 1993 y 2025. Estos datos no demuestran que hayamos dejado de querer tener pequeños, pero sí nos obligan a preguntarnos qué condiciones económicas, laborales y culturales ofrecemos a quienes desean formar una familia y criar hijos, y qué lugar les reservamos cuando llegan. Hannah Arendt, en La condición humana, vinculó la natalidad con la capacidad humana de iniciar algo radicalmente nuevo. Acoger a quienes recién llegan al mundo implica también asumir la responsabilidad de ofrecerles un lugar propicio en él, donde desarrollen todo su potencial libres y seguros.
La distancia entre el discurso y la práctica adquiere una gravedad distinta cuando la vulnerabilidad infantil se convierte en objeto de burla. El caso de La Cofradía, donde se difundieron comentarios que banalizaban el abuso sexual infantil y aludían de forma degradante a niños con autismo, mostró hasta que punto la dignidad de los más vulnerables puede quedar subordinada y a merced de la complicidad de un grupo. No necesitamos atribuir diagnósticos psicológicos a quienes participaron en esas conversaciones para reconocer el grave problema: cuando el sufrimiento potencial de un niño o niña se transforma en material de entretenimiento, se debilitan los límites éticos que deberían protegerlo. El humor y las carcajadas banales no exime jamás de responsabilidad a quienes emiten dichos graves y degradantes.
Pero la pregunta por el lugar de la infancia en nuestra sociedad occidental y en nuestro caso chileno deja de ser una reflexión cultural y se convierte en una exigencia institucional ante lo ocurrido en el ministerio de justicia. Entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, la cartera de justicia dictó 56 decretos de rebaja de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación, según una investigación de Interferencia basada en antecedentes obtenidos mediante una solicitud de acceso a la información. El ministro Fernando Rabat defendió con frialdad la actuación del Ministerio invocando una interpretación jurídica sobre la aplicación temporal de la legislación que, desde 2022, excluye de determinados beneficios a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, el debate adquirió un antecedente especialmente relevante este 26 de octubre. Interferencia publicó documentos que muestran que el Ministerio había rechazado al menos cinco solicitudes de rebaja de condena por delitos sexuales contra menores cometidos antes de 2022, entre marzo y mayo de este año, antes de comenzar a conceder beneficios desde mediados de junio. Esta secuencia plantea una pregunta que no puede hacerse como un simple tecnicismo: ¿por qué se aplicaron criterios diferentes durante una misma administración? La discusión sobre la irretroactividad de la Ley 21.421 y el alcance de las restricciones legales debe resolverse con rigor jurídico, pero también con transparencia y responsabilidad poltica e institucional. Para intentar contener el problema el 23 de octubre, el Ministerio de justicia anunció la suspensión de la tramitación de nuevos decretos y medidas legislativas. El 28 de octubre, la cámara de diputadas y diputados celebró una sesión especial sobre estas rebajas y aprobó una resolución que solicita al Presidente instruir al ministerio para evaluar y agotar las alternativas legales que permitan revocar o invalidar los 56 decretos. Esto no significa que los decretos hayan quedado anulados, pero sí confirma que la controversia exige respuestas que vayan más allá de una defensa formal de la actuación administrativa. Este es el centro ético del problema. Una decisión administrativa puede tener fundamentos jurídicos discutibles y debe examinarse conforme a la ley y no corresponde sustituir ese análisis por una condena emocional. Pero tampoco basta invocar el frio automatismo burocrático cuando existen antecedentes que cuestionan la consistencia de los criterios aplicados. La protección de las víctimas, el deber de fundamentar las decisiones públicas y la responsabilidad de las autoridades no son asuntos secundarios frente a una discusión técnica. Son parte fundamental de aquello que el Estado debe garantizar.
La cuestión no consiste en equiparar una invitación a una boda sin niños con la banalización del abuso sexual o con una rebaja de condena. Son hechos de naturaleza, contexto y gravedad muy distintas. Lo que permite ponerlos en diálogo es una pregunta que las atraviesa: ¿qué ocurre cuando las necesidades, la dignidad o la protección de la infancia entran en tensión con la comodidad, los intereses o las decisiones de los adultos? En la vida cotidiana, la respuesta puede expresarse en la disposición favorable a compartir los espacios comunes con los niños y niñas; en la vida pública, en el rechazo a cualquier forma de banalización de su sufrimiento; y en las instituciones, en decisiones transparentes, legalmente fundadas y por sobre todo responsables y de protección real frente a las víctimas. Un país no se vacía de humanidad de un día para otro, y perdóneme el lector lo dramático, pero esto puede ocurrir gradualmente, cuando se empieza a ver a los más pequeños como una molestia que debe mantenerse al margen, en vez de reconocerse como una etapa de la vida que merece todo el cuidado, paciencia y protección. Ninguna promesa de orden público o plan implacable de seguridad tiene pleno valor moral si no se traduce en una protección efectiva de quienes dependen de los adultos y de las instituciones para defender y hacer valer sus derechos. La medida ética de una sociedad no está en la elocuencia con la que declaramos amar a nuestros niños y niñas, sino en el lugar que les concede en la vida cotidiana y comunitaria y en la responsabilidad con que actúa cuando su integridad ha sido vulnerada, asumiendo la totalidad de los errores cometidos y cerrando la puerta, sin excusas jurídicas ni atajos administrativos, a quienes destruyen su inocencia.
David Muggioli Calfín / Psicólogo clínico
