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La información y sus derechos: tres desafíos de la agenda democrática. Por Carlos del Valle

Enfrentar la desinformación es un desafío ético en nuestra sociedad, de un carácter amplio, transversal e inexcusable. Por lo anterior es que me llama profundamente la atención la resistencia que existe para reflexionar y discutir sobre este problema.

Como veremos, las dificultades obedecen principalmente a la falta de análisis y distinciones, así como al exceso de ideologización para abrir cualquier debate.

Un primer punto relevante es analizar qué entendemos por información y desinformación. Luego, distinguir entre los derechos involucrados. Finalmente, proponer una hoja de ruta necesaria para avanzar.

Información y derechos

No cabe duda que la libre circulación de información es una garantía para las democracias, en el sentido que permite establecer un vigilancia y control permanente de las actuaciones de los organismos públicos y privados, especialmente cuando éstas afectan la vida social en cualquiera de sus formas. De este modo, nos referimos particularmente a toda información relevante para un ejercicio transparente del poder en todos los espacios gravitantes para la vida pública.

En este contexto, la desinformación consistiría tanto en la falta de información como en la circulación de información que no se corresponda con los hechos a los cuales se refiere. Esto último se puede producir tanto por un error como por una mentira deliberada. Como obviamente la distinción entre un error y una mentira es compleja, en tanto requiere acceder a la eventual intención que la anima, en general el tratamiento que se les puede dar es indistinto.

El desafío aquí sería, entonces, doble. Por un lado, garantizar el uso de buenas prácticas informativas y, por otra parte, asegurar condiciones que permitan la calidad de la información. Ello supone avanzar en una cultura de la calidad y el control de la calidad, del mismo modo como el ejercicio del periodismo y de la comunicación pretenden una vigilancia permanente del ejercicio del poder, especialmente público. La pregunta de rigor es ¿quién vigila a los vigilantes? O bien, ¿cómo logramos un buen ejercicio de la vigilancia? Necesitamos hacer un esfuerzo para una sana crítica de la actividad informativa, en un ecosistema mediático cada vez más complejo.

Libertad de expresión y derecho a la información

Un examen exhaustivo de los diferentes aspectos que involucra este debate, nos permite reconocer la concurrencia de derechos humanos importantes para la vida en sociedad.

De un lado, tenemos el derecho a la libertad de expresión, que nos garantiza que podemos expresar nuestras opiniones sin que ello nos perjudique. Al respecto, es fundamental distinguir entre el derecho a expresarnos libremente sobre cualquier tema, sin censura, y el uso que hagamos de la referencia a determinados hechos al momento de expresarnos. Mientras garantizamos el derecho a la expresión no podemos vulnerar la necesidad de una mínima precisión al describir situaciones o referirnos a los dichos de otras personas, puesto que es menester separar lo anterior de las interpretaciones que podamos realizar sobre ello. De otro lado, se encuentra el derecho a la información, que nos permite asegurar que las personas recibirán una información de calidad, tratada con rigurosidad y precisión. Esta segunda exigencia en materia de derechos es la que claramente debemos incorporar en cualquier debate.

La necesidad de aperturas

Si bien nos puede parecer que abrir cualquier debate supondría riesgos para la libertad de expresión y la democracia, creo que es urgente hacer un llamado a la serenidad y a la seriedad. Primero, porque desplegar una discusión no constituye, en modo alguno, un atentado a las libertades. Al contrario, suponer que hay temas sobre los cuales no se puede debatir porque ello entrañaría vulneraciones es situar dichos temas en un espacio de trascendencia inconfesable (hablar del control de la desinformación no podría ser un tabú). Segundo, puesto que más bien se trata, precisamente, de establecer algunas condiciones que garanticen el debate como, por ejemplo, la participación amplia de las actorías sociales, que incluye a espacios políticos, académicos, empresariales, gremiales, organizaciones sociales, etcétera.

Aprovechemos la oportunidad de reflexionar y debatir estos temas, lo cual fortalecerá nuestra democracia y nos hará crecer como sociedad.

Dr. Carlos del Valle
Director Doctorado en Comunicación
Universidad de La Frontera

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