A propósito de la participación ciudadana, esta viene al aumento en América Latina. En este contexto, una de las manifestaciones de la sociedad latinoamericana considera relevante la participación en los procesos de formulación de políticas públicas. Asimismo, dentro de las maneras diversas de expresión ciudadana en nuestra región, la mayoría no es convencional (entiéndase sufragio).
En nuestro caso de Chile, como también México y Colombia, la participación se caracteriza por estar insertada al ámbito jurídico. En nuestro país, las instancias de participación se representan, dentro del espacio local, en el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) y en el Consejo Comunal de Seguridad Pública —entre otros—, integrada por dos ciudadanos del COSOC. En este panorama, queda claro que la participación ciudadana ha cobrado fuerza y centralidad. En Chile, la misma ha sido clave, siendo estos dos casos antes mencionados un ejemplo de ello. Sin embargo, y más allá de este hecho que involucra a la ciudadanía, cuando hablamos de participación ciudadana en Chile, ya sea que los políticos la hablen, los ciudadanos la pidan, y se observan leyes, proyectos y programas con esta acción, tiene sentido y lógica hablar de la participación como una necesidad capital. De esta manera, se necesitan ciudadanos activos y la participación ciudadana es necesaria en el imaginario de los sujetos. ¿A qué se debe que ello sea así? ¿Es la participación ciudadana un indicio, rasgo y o señal de que la democracia va bien, de que el progreso y los reconocimientos de la “gente” se están tomando por fin? ¿Se ha venido entendiendo, por parte de los políticos, que sí, efectivamente el poder está en los ciudadanos? A estas interrogantes queremos responder en esta breve columna de opinión.
Siguiendo los lineamientos entregados por Michel Foucault, y dentro de la racionalidad gubernamental, entendida como forma de pensar en actos de gobierno, es decir, de conducir conductas, la cual se compone por tener a la población como objetivo, el mercado como lugar de verdad y la seguridad como tecnología del poder, encontramos cuatros rasgos nítidos que caracterizan esta nueva forma de pensar. La primera alude a que el territorio se piensa desde sus particularidades, segundo, la población es objeto de intervención, tercero, los sujetos son pensados como activos de sí, y, por último, la seguridad como instrumento. En efecto, para esta última aclaración, si antes se trataba de disciplinar al individuo, al cuerpo del sujeto, ahora se trata de regularizar los individuos en su conjunto.
Teniendo esto en mente, y al analizar los planes nacionales de seguridad en Chile desde el 2000 al 2018, es decir, desde el expresidente Lagos hasta Bachelet dos, pude constatar que efectivamente esta presente en los textos estos rasgos. Revisar estos se escapa a los límites de la columna, pero sólo observaremos, superficialmente los referidos a participación.
Ricardo Lagos (2000-2006):
“La política reconoce la importancia de contar con el compromiso de las personas, las familias y los grupos sociales o comunidades, en la realización de programas, actividades y acciones de seguridad ciudadana. La solución a los problemas de seguridad ciudadana no depende sólo de la acción aislada de instituciones sectoriales y autoridades públicas—locales, regionales y centrales—, sino que ce los esfuerzos conjuntos que éstas y la comunidad pueden hacer. Los ciudadanos deben ser actores diligentes y no constituir una masa pasiva que sólo demanda seguridad de una instancia superior. Por lo tanto, la acción pública necesariamente debe contemplar la participación tanto de organizaciones no gubernamentales como de organizaciones no formales o funcionales a la comunidad. Corresponde a la autoridad impulsar esa participación, pero también orientarla, de modo que ella sea dirigida a actividades que la hagan eficaz” (MINISTERIO DEL INTERIOR. DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, 2004, pág. 27).
Michelle Bachelet (2006-2010):
“La coproducción de seguridad no depende sólo de la acción aislada de instituciones sectoriales y autoridades públicas, sino también de los esfuerzos conjuntos que éstas y la comunidad pueden realizar. En consecuencia, la ENS reconoce la importancia de contar con el compromiso de las personas las familias y los distintos grupos sociales” (Ministerio del Interior , 2006-2010, pág. 14).
Sebastián Piñera (2010-2014):
“…para llevar adelante el Plan estableceremos cuatro alianzas estratégicas contra la delincuencia. Una primera alianza es con la comunidad, representada por sus juntas de vecinos, dirigentes gremiales, directores de escuelas y colegios, propietarios de locales comerciales y clubes deportivos, entre otros. Esta alianza se materializará principalmente en la intervención de barrios −tanto residenciales como comerciales− en el marco del Programa Barrio en Paz y otros programas orientados a la reducción de la victimización que se describen en este Plan” (Ministerior del Interior. Seguridad Pública, 2010, pág. 4)
Michelle Bachelet (2014-2018):
“En este nuevo siglo, la sociedad civil nos ha mostrado que quiere ser un actor gravitante en nuestra democracia, y por ello la participación activa de vecinas y vecinos será un factor clave en los diagnósticos, pero por sobre todo en las intervenciones a realizar” (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2014, pág. 8). “El segundo pilar es la participación ciudadana en el diseño y ejecución de las medidas y acciones de seguridad en los distintos niveles de Gobierno. Una ciudadanía comprometida con la seguridad permite no sólo identificar los problemas, sino también la construcción de soluciones cooperativas. La participación permite, además, concentrar las agencias estatales en la satisfacción de las necesidades locales produciendo adhesión ciudadana y propiciando un mejor control sobre sus procesos de implementación” (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2014, pág. 13).
Como se puede apreciar, hay una clara idea de la participación en seguridad como pilar importante dentro de los ejecutores del Gobierno. No olvidemos que en segundo Gobierno de Bachelet se instala la Ley 20.965, que crea los Consejos y Planes Comunales de Seguridad Pública. Dentro de mi investigación se constata que desde que el 2000 se origina una discontinuidad en Chile a la hora de tratar la seguridad pública, ya sea que el problema se torna central, se torna público, ya sea que se consagra el territorio y el espacio local como vital, ya sea que la seguridad tome protagonismo, y que la ciudadanía en cuanto participación sea medular. También observé que comienza a gestarse una nueva forma de pensar el problema delictivo, de encontrar respuestas y de los actores intervinientes para ello.
Lo que es seguro, es que el tema de la participación en seguridad en Chile recién comienza en el año 2000 como hecho vertebral, y por medio de la rutinización y la centralidad de nuestro sistema político en torno a la figura presidencial y todo su aparato, otros lugares y a diferentes escalas, toman un nuevo registro como discurso, replicando lo mismo en sus espacios. Así, se empieza a instalar una nueva idea, la de participación.
En cuanto a la participación como rasgo de la democracia, veo que este punto no responde a la necesidad de la misma, no se trata, en efecto, de la democracia como fuente gestante de ella.
Es por todo lo anterior, que la participación se hace posible y con estatuto de verdad (ya ningún político podría decir: no necesitamos mas participación) por la sostenida rutinización y necesidad de conocer la población. De esta manera, la participación como hecho central responde más bien a la instalación del discurso por medios legítimos para vehiculizarla, lo cual su hecho no corresponde al avance de nuestra democracia ni a un progreso, sino a la instalación discursiva de la participación como cuestión central.
Cristopher Ferreira es licenciado en Ciencia Política y Coordinador General de Politología Centro de Estudios.
