Hoy más que nunca, es necesario leer y poner mucha atención en el análisis de las palabras y secuencialidades de los hechos que se nos vienen, en lo que se podría considerar un tercer intento constitucional y tal vez el último en un período extenso.
La lectura implica observar el lugar desde el cual emana el proceso y responder sin ninguna duda, sobre sí éste radica en la ciudadanía o se trata de un proceso impuesto desde la Constitución actualmente vigente, enraizada en los años 80 y sobre la cual los parlamentarios en ejercicio juraron o se comprometieron a respetarla. La reflexión y el pensar son piezas claves para transformar, dándose cuenta de las acciones no apropiadas.
El observar, también invita a pensar la proyección que se pretende imponer con vistas a un horizonte de un tiempo no menor, con un claro retroceso que impide llegar a un acto de conquista de una democracia verdadera, como lo habría sido una nueva constitución aprobada el 4 de septiembre de 2022.
Los poderes de distintos tipos se impusieron de manera fluida, con una fuerte intervención la cual no ha sido sobre pesada. Puede haber un ánimo de decepción, pero la realidad de los hechos nos lleva a concluir el afiatamiento en que la derecha ha ejercido su proceder, con despliegue de medios y recursos que tienen a su haber, y siguen poniéndolos al servicio de sus planes, una mirada diferente podría representar una ingenuidad política al no tener en cuenta el movimiento de piezas de manera calculada, que establecen una estrecha relación con la historia desarrollada en los últimos dos siglos y también con un gran dominio precedente.
Por el otro lado, los factores comunes son débiles y ello ha sido fruto de largos años que han pasado desde el término del gobierno militar, sin el ejercicio de idear una sociedad diferente dentro de un plazo prudente, diseñarla, modelarla, implementarla y llegar a resultados, todo lo cual requiere un tiempo de alrededor de treinta años, pero el punto inicial no ha partido, ya que el individualismo ha capturado la convivencia a todo nivel, como una maquinaria de la cual se ha tornado imposible escapar. Por tanto, presenciamos un enorme atraso en lo que al parecer nunca se ha querido llevar adelante.
Lo que viene, desde ya no es muy auspicioso, no con un sentido de pesimismo, sino como un análisis de realidad, del saber leer las estrategias de algunos y las actitudes de otros que no son merecedores de confianza en su actuar.
La lectura que conlleva que todo este proceso va a ir más atrás, para reflejar la carga histórica que llevamos en el país y que es decidora en el entendimiento de lo actual.
De manera textual, transcribo la contraportada del libro “Orlando Letelier: el que lo advirtió”, y en el cual la introducción fue escrita por Miguel Lawner con fecha 12 de agosto de 2011.
“El 26 de agosto de 1976, la revista estadounidense The Nation publicó el ensayo Los Chicago Boys en Chile. Libertad económica y represión política: dos caras de un mismo modelo”. En él, su autor, el economista chileno Orlando Letelier, ex ministro del gobierno de Salvador Allende, analiza detalladamente los cambios económicos introducidos por la Junta Militar y concluye – siendo el primero que lo advierte de manera temprana y lúcida – que una política contraria a los intereses mayoritarios a los intereses de la población solo puede implementarse mediante una feroz represión.
En esos días, las autoridades norteamericanas reconocían la existencia de abusos en materia de derechos humanos en Chile, pero valoraban con entusiasmo sus éxitos económicos. El ensayo de Letelier es categórico en demostrar que libertad económica y represión política son caras de una misma moneda y enrostra a los Chicago Boys sus responsabilidades por el genocidio que tiene lugar en Chile.
El 10 de septiembre de 1976 un decreto de la Junta Militar priva a Letelier de la nacionalidad chilena. El 21 de ese mismo mes será asesinado por la DINA en Washington D.C.”
Luego en la misma contraportada se puede leer “La periodista canadiense Noami Klein, que cita reiteradamente este ensayo de Orlando Letelier en la Doctrina del Shock, su obra de impacto mundial escribe el artículo que hizo llegar para la presente edición: … cuando viajé a Santiago el año 2008, estaba ansiosa de discutir el ensayo de Letelier en el país que lo motivó. Quedé asombrada de descubrir que el texto era virtualmente desconocido, incluso para muchos de los viejos amigos de Orlando y sus compatriotas. Descubrí que existía una explicación muy simple: a pesar de su impacto global, el ensayo no se publicó nunca en Chile. … Esta publicación termina con una ausencia demasiado prolongada. El brillante ensayo de Letelier “Los Chicago Boys en Chile”, regresa finalmente a casa, luego de 35 años de literal exilio.”
Así transcurren las cosas en el país, una publicación que retorna el año 2011 a la tierra de su pertenencia en el lapso indicado de tiempo y mediando cuatro gobiernos concertacionistas, son 21 años en que lo medular del período dictatorial permaneció intacto, sin preocupación de transformar el modelo y gobernando con la Constitución del 80, al contrario del sueño de futuro que inspiró el triunfo del NO, el año 1988 y que se fue diluyendo, excepto para quienes se fueron asimilando al rol de administradores eficientes de aquello que surge con una violación sostenida de los derechos humanos, y de lo cual en breve se cumplirán 50 años de una fecha que aún no hay una vuelta de página.
El país de estos días, de apariencia dinámica, pero que al mirarlo con detención refleja un statu quo, enfrenta una situación en la cual no se puede obviar los incendios en la zona centro sur, pero a la vez se escuchan voces de la responsabilidad del negocio de grandes ganancias radicado en las forestales, y como lo indicaba Orlando Letelier, con base en un modelo económico de vínculo indisoluble en la represión. Es la construcción de un país, que no es necesario mirar al lado para distinguir a los responsables. Ese modelo, tiene un respaldo a plenitud en la Constitución del 80, que surge en un período en el cual la economía va generando el modelo de negocio con pilares en lo previsional, la salud, la educación y el endeudamiento, entre otros. Así, se va reproduciendo una sociedad injusta y un alto grado de desigualdad.
En las condiciones descritas, hay un claro interés en no hacerlas variar, y a lo más optar por un perfeccionamiento del modelo de negocio, apoyado por un Estado subsidiario.
La estrategia escogida, fue apresurar un proceso constitucional expansivo y de gran involucramiento ciudadano en las decisiones, pero al mismo tiempo denostándolo a través de todos los medios posibles en forma muy anticipada, realizando una inversión monetaria para direccionar el resultado y un pararse en la actualidad frente a la ciudadanía, diciéndoles que ya no se confiaba en un proceso abierto. Por tanto, en la práctica una contracción y llevando la decisión a una institucionalidad en la cual desde hace tiempo no hay confianza, pero que tienen un actuar como si contaran con un beneplácito total.
La participación es coartada y las decisiones circunscritas a un grupo que electoralmente representa a no más de la mitad de los habilitados para votar, alrededor de un 50% del padrón. En el plebiscito de entrada del año 2020, con 5.646.427 electores que se pronunciaron contrarios a que el parlamento fuera parte del mecanismo del pasado proceso constituyente. Ahora, en relación con esa cifra, 0,002745% es el porcentaje que decide como se debe realizar un tercer proceso, 155 parlamentarios.
Al ser un partidario de siempre, para que se produzcan cambios que a esta altura ya son muy tardíos, desde las esperanzas en el gobierno de Salvador Allende, y teniendo la vivencia total de la dictadura y los 34 años post dictadura, se tiene el conocimiento íntegro de la forma en que actúa la derecha y allí no hay mucho que hacer, históricamente figuran como quienes se imponen a como dé lugar y bajo cualquier medio a utilizar.
El clima actual de acontecimientos del cual el gobierno no puede restarse es complejo y podría afectarlo en un futuro inmediato.
Es altamente probable que los efectos de la inscripción de listas a consejeros constitucionales, tenga sus efectos en el mes de marzo. Pero desde ya me parece inconveniente cuando en los medios se habla de los dos oficialismos, lo cual es una situación de mayor envergadura que el referirse a las dos almas, esto último parece una terminología más coloquial en lo político. Las consecuencias son las dudas de llevar en estas condiciones un gobierno al cual se le podrían reconocer buenas intenciones, pero se presenta la interrogante si son compartidas por todos quienes integran la dupla del oficialismo, de los cuales algunos van apareciendo en forma circunstancial y a conveniencia.
Se aprecia con claridad, que, en los grupos oficialistas, al momento en que se requería que primara la unidad, había una lucha de poderes que no daba espacio para presentarse en público con el tema de fondo respecto a cómo visualizan una futura constitución, que tiene una connotación mayor de pronunciarse sobre si se es partidario o no de una transformación social profunda.
Plantear la necesidad de hacer esfuerzos para llegar a la unidad, es una solicitud mal formulada, lo medular de la unidad duradera según lo que exigen los tiempos actuales, es un proceso no de un tiempo breve que ya debiera estar fraguado, considerando que la unión de convicciones para lo fundamental se alcanza en un constructo alejado de la premura electoral, para no caer en lo ficticio y en falsedades. Se pone en juego la forma de concebir las relaciones humanas basadas en lo justo y en lo colectivo. Si no se tiene esa visión desde el pedestal de los partidos políticos, se desecha de inmediato el beneficio de una ciudadanía que sea considerada como mayorías reales y en una relación equitativa.
En apariencia, se viene instalando desde hace tiempo y consecuencia de la parte táctica del modelo, una suerte de influencia escondida e incrustada, del dividir para reinar y el compenetrarse de manera escondida, para dirigir aspectos ideológicos. Dicho esto, a modo de hipótesis.
La situación actual de un proceso que finalizará el 17 de diciembre de 2023 tiene una partida sin entusiasmo en el pueblo o en la ciudadanía, y no cabe duda de que esa percepción está presente entre los parlamentarios, pero la omiten y les da lo mismo. A pesar de ello propugnan el voto obligatorio, tratando que sus decisiones sean validadas.
El día 7 de mayo de 2023, fecha en la que está fijada la elección de consejeros constitucionales, se puede adelantar una tendencia que se encuentra en el ambiente, de un voto mayoritario con tendencia a la opción nulo o blanco.
Ante lo cual habrá voces anunciando que esa actitud será en beneficio de la derecha. Toda la razón, pero en ese momento entra en juego un rechazo a los bordes impuestos desde el congreso, uno de los cuales a un estilo de ser arte y parte dice Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí: “a) Poder Ejecutivo, con un jefe de Gobierno con iniciativa exclusiva en la presentación de proyectos de ley que incidan directamente en el gasto público. b) Poder Judicial, con unidad jurisdiccional y con pleno respeto de las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. c) Poder Legislativo bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas, sin perjuicio de sus atribuciones y competencias en particular.”, por tanto, uno de los poderes establece una restricción de resguardo bajo su propia conveniencia.
Otro de los bordes indica: “Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el derecho-deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, entre otros.”. Entonces, al establecerse como borde el derecho que las familias para escoger la educación de sus hijos, ¿tiene el alcance de que una familia que no tenga recursos económicos pueda escoger la educación particular pagada? Al parecer el alcance es ambiguo y el borde tiene problemas de redacción. Como nación vista como un todo, hay carencias fundamentales en materia de educación que no han sido abordadas en forma integral, es una ostensible reproducción de brechas.
Luego, cómo se puede entender los bordes establecidos, es que acaso un candidato o candidata al consejo constitucional, los podrá argumentar en defensa del proceso establecido, siendo un elemento clave para la toma de decisiones por parte de los electores.
De igual forma, la figura de la expertiz se levanta lejana a la ciudadanía agregando una componente de soberbia, imponiendo en forma designada 24 personas de un total de 88 (24 expertos, 14 integrantes del comité técnico y 50 integrantes de la comisión constitucional) que serán parte del proceso constitucional. Está presente en el ambiente, una interrogante de cuál es la atribución a lo que otorga el perfil de experto, que va en desmedro de personas de mayor conocimiento en materias que orienten la definición de una patria justa, lo que no es de interés de gran parte de los nominados. El 6 de marzo de 2023, los denominados expertos empezarán a sesionar y tendrán como misión elaborar un anteproyecto que, por la forma, inevitablemente va a provenir de un grupo de elite, cuyos integrantes son equivalentes al 0,000184209% de los electores que concurrieron a sufragar en el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022. Una situación con desproporción desmedida.
Otra instancia creada por el parlamento, y en el marco legal de incorporarla en una reforma a la constitución del 80 para la realización del proceso constituyente, es el Comité Técnico de Admisibilidad, órgano compuesto por 14 personas (que equivale al 0,0000107455% de los electores que concurrieron a sufragar en el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022), encargado de resolver los requerimientos que se interpongan contra aquellas propuestas de normas aprobadas por la Comisión o por el plenario del Consejo Constitucional, o por la Comisión Experta, que contravengan las bases institucionales y fundamentales de la nueva Constitución, es decir, estamos frente a la figura de un organismo fiscalizador que evite los desbordes, pero cómo podrá haber tanta desprolijidad si a los integrantes de la Comisión Experta, se les exige contar con un título universitario o grado académico de, a lo menos, ocho semestres de duración y deberán acreditar una experiencia profesional, técnica y/o académica no inferior a diez años, sea en el sector público o privado, circunstancias que serán calificadas por la Cámara de Diputados y el Senado.
Además, la integración del Comité es de exclusividad para una profesión en particular “se requiere contar con derecho a sufragio, tener el título de abogado, acreditar a lo menos 12 años de experiencia en el sector público o privado y contar con una destacada trayectoria judicial, profesional y/o académica”. La gran duda es cómo se acredita la destacada trayectoria, aspecto que puede situarse en un ámbito de subjetividad.
Nuevamente se presenta algo que se ha transformado en lo irracional del país. Hernán Larraín designado en la Comisión de Expertos, ha sido cuestionado por sus vínculos con el jerarca de Colonia Dignidad, Paul Schäfer, quien no solo ha sido acusado de cometer abusos sexuales, sino que también de facilitar las instalaciones del enclave para desaparecer y torturar a prisioneros políticos. Esto fue advertido por las agrupaciones de familiares: “Repudiamos la designación de Hernán Larraín como experto para redactar la Nueva Constitución. Personaje estrechamente ligado a la protección de la Colonia Dignidad, lugar donde se cometieron crímenes de lesa humanidad, secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones, inhumaciones y exhumaciones ilegales de prisioneros políticos de la dictadura”. Es claro que, para asumir el rol de experto al contrario de los integrantes del Comité Técnico, no es exigible requisitos de trayectoria.
Estos elementos configuran el proceso que antecede la elección de integrantes de la Comisión Constitucional, y de por sí al momento de la elección ya habrán transcurrido dos meses de elaboración del anteproyecto, luego al momento en que cada uno se encuentre en modo campaña, ¿podrán hacer una defensa corporativa del proceso?, ¿podrán presentar una propuesta sobre cómo conciben una nueva constitución siendo que el anteproyecto ya tendrá un avance en su redacción? Y más aún, la ciudadanía ¿podrá estar al tanto del paso a paso del trabajo que están efectuando los expertos?
Por último, hay un instrumento también delimitado por el parlamento llamado reglamento, que es bastante breve, en una de sus partes dice: “contemplará mecanismos de participación ciudadana, la que tendrá lugar una vez instalado el Consejo Constitucional y será coordinada por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de fórmulas que permitan la participación de todas las universidades acreditadas. Dichos mecanismos contemplarán la iniciativa popular de norma”, aunque no hay claridad respecto a la práctica del mecanismo que aseguren el escuchar y considerar al ciudadano común.
Lo reglamentario, también expresa “En lo no dispuesto por el reglamento, y en cuanto fueren compatibles, regirán las normas del reglamento del Senado”. Como forma de resolver situaciones especiales un extracto dice “Si la comisión mixta (compuesta por integrantes del consejo constitucional electo por la ciudadanía y de la comisión de expertos) no alcanzare acuerdo en un plazo de cinco días, la Comisión Experta, dentro de un plazo de tres días, y por las tres quintas partes de sus miembros en ejercicio, deberá presentar una nueva propuesta al Consejo Constitucional, para que se pronuncie de conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto de lo dispuesto en reglamentaria”. Y así, sigue en pleno ejercicio la comisión de expertos y el comité técnico, designados por el parlamento, mientras sesiona por 5 meses el Consejo Constitucional a partir del 7 de junio de 2023.
Se trata de un proceso que en forma anticipada no tiene buen destino, estamos en un país en que hay un dominio desde distintos poderes, y la forma de contrastarlo ha quedado insinuada en esta columna, la no comprensión de ello nos mantendría en una constante, y aunque en forma de una expresión no deseada, construir futuro en la medida que se pueda y seguir adaptándose a lo que venga.
Como contraparte, pensar y reflexionar en los grandes temas, condicionado por la unidad real desde la sensibilidad profunda, además de seguir caminos hacia el largo plazo, con generaciones inspiradas en el sentido humano alejadas del individualismo. Lo transcurrido en 50 años de historia, no ha dejado el legado de una sociedad centrada en las personas.
No cabe duda de que en el diario vivir hay expresiones e intenciones focalizadas de ir moviendo territorios, pero que no logran repercutir en lo estructural y salir de la desigualdad, cuando se es succionado por la soberbia no se puede destinar un tiempo a reflexionar sobre lo que se hizo mal y leer los mensajes que dejaron los que ya no están y aspiraban a un país diferente, que nunca va a dejar de ser posible. Y si no se es parte de esos sueños, sincerarse y decirlo.
Es cierto que el mundo ha cambiado, pero la identidad del país se puede refundar, no es malo si está condicionado al bienestar de la gran mayoría y si propagamos estas ideas, llegamos a la importancia de la integración entre países. La aseveración de Orlando Letelier de un modelo sostenido desde la represión en dictadura aún perdura.
13 de febrero de 2023
