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Legislar en vez de reformar. Por Lisette Vergara y Axel Abarzúa

El proceso de redacción de la nueva Constitución nos trae distintos desafíos como el de generar las leyes necesarias para concretar el contenido de esta. Preocupante sería ver que el Congreso Nacional enfoque todo el quehacer legislativo a reformar esta nueva Constitución y no a materializar el conjunto de leyes que viabilicen los cambios propuestos, siendo el acuerdo del 11 de agosto el mejor ejemplo de ello.

Se busca hacer un llamado de atención a las y los parlamentarios a que en caso de ganar el apruebo se enfoquen a la responsabilidad histórica de generar los marcos legales que hagan tangible las demandas sociales; y si ganase el rechazo, deberán hacerse cargo de la promesa de “rechazar para reformar”, pese a que tras el retorno de la democracia no han reformado los pilares de la Constitución de la Dictadura Cívico-Militar, ni legislado a favor de garantizar mayores derechos sociales al pueblo de Chile.

Finalizado el trabajo de la Convención Constitucional y con ella, realizada la entrega de la propuesta constitucional al Presidente de la República en la ceremonia de cierre del pasado 4 de Julio, y junto a esto, generada la promulgación en el Diario Oficial de la convocatoria al plebiscito del 4 de Septiembre, comenzó una carrera informativa de la propuesta del texto constitucional, que no ha cesado. Con una mezcla entre análisis comparativo, crítico y reflexivo del texto, por parte de académicos, ex personeros de gobierno, organizaciones y en general la sociedad civil. Junto a esto también ha ido aflorando de manera progresiva el recuerdo histórico de lo que nos trajo a este momento, en que la redacción maratónica e incesante de una nueva Constitución en un plazo impuesto de un año, fue la encargada de encarnar y encarar las demandas sociales surgidas en el Estallido Social, buscando generar así, un cambio de paradigma, de entendimiento de la realidad y nuestra relación en sociedad y la comunidad.

No obstante, mientras se evidencia una sociedad ávida de conocimiento, con curiosidad sobre el nuevo texto constitucional y por tanto, manifestándose esa cultura democrática que va más allá de la mera acción de votar, sino que se forja con el discutir, idear, imaginar y soñar en conjunto de un otro un futuro mejor; aparecen también aquellas voces de quienes se ven beneficiados del actual sistema sociopolítico, teniendo a su favor (como manto protector de su status quo) la actual Constitución de la Dictadura Cívico-Militar. Todo esto nos muestra las carencias de la inercia en la cual nos encontrábamos hasta antes del Estallido social y de este proceso constituyente, ya que se visibilizó lo que todas y todos sabíamos, que quienes ostentan el poder, no tenían ningún interés en cambiar lo que hoy dicen querer cambiar, ya que es justo hoy, con una nueva propuesta de texto constitucional que resuenan esas voces fatalistas, temerosas e inclusive decimonónicas, tramando estratagemas que nublen las victorias de la Convención Constitucional acordado en un proceso participativo, paritario y democrático, para las y los soberanos.

Desde el ala conservadora de los poderes constituidos llevan meses hablando de una “tercera vía”, esa que llama a “Rechazar para Reformar”, sin embargo, esta tercera vía, no hace más que confundir a quienes no han seguido el proceso constitucional o desconocen las intenciones tras esas declaraciones disfrazadas de salvadoras. Pero ¿en qué punto el Poder Constituido ha buscado reformar la Constitución legada de la Dictadura Cívico-Militar? Claramente dirán que fue reformada el 2005, pero ahí se buscó acabar con los Senadores Designados, quitarle atribuciones a COSENA o eliminar la función de las Fuerzas Armadas de ser “garantes de la institucionalidad”; pero ninguna de ellas enfocadas a otorgar mayores derechos sociales, siendo que la pérdida de ello y su mercantilización es el gran legado de la Dictadura.

Mientras tanto desde el sector “progresista” del poder constituido no se quedó atrás y en su errante ansiedad, el pasado 11 de agosto oficializó el “Aprobar para Reformar”, donde al igual que aquel 15 de noviembre, representantes de Partidos Políticos toman la decisión de definir entre gallos y medianoche, qué es mejor para el futuro del país sin consultarle a nadie, si es que consideran o no que se deba reformar la propuesta de nueva Constitución, atentando así al proceso constituyente, todo esto entre cuatro paredes de, nuevamente, el ex Congreso Nacional.

Es en este ambiente en que nos encontramos ad portas del plebiscito del 4 de septiembre, entre foros, charlas y conversatorios informativos, cuecazos, volanteos, puerta a puerta, acción por redes sociales, entrevistas, transmisiones, actividades culturales, repartición y difusión de los artículos y la propuesta constitucional, encuestas, periodistas desinformando, periodistas informando, ex convencionales y ex asesores desplegados por los territorios, aciertos y desaciertos de los partidos políticos, y una campaña del rechazo sostenida en mentiras e interpretaciones de mala fe del texto constitucional y de una búsqueda imparable por mantener el status quo, que hace 3 años obligó al pueblo a movilizarse.

Sin embargo, en caso de ser rechazada la propuesta de nueva Constitución, el trabajo parlamentario será titánico ya que deberán reformar tal como han dicho, la Constitución actualmente vigente, buscando dar cabida a derechos sociales tales como la educación, la salud, vivienda o un Estado Social y democrático de derecho y no entramparse en discusiones de si es necesario o no constitucionalizar dichos derechos, ¿o dirán acaso que con los pilares que sostienen la Constitución del ‘80 se podrá generar un paquete de leyes que pongan a las personas y no al mercado como eje central? .

Adicionalmente, en este escenario, es posible que el poder constituido se vea más deslegitimado al no dar cabida a las demandas sociales y con ello, ser incapaz de hacerse cargo de su promesa de “rechazar para reformar”, más cuando es sabido que la dispersión de las fuerzas políticas dentro del actual Congreso Nacional complejizan aún más el panorama. Sin embargo, esto sería un gran despropósito por parte de los señores y señoras parlamentarias, que descansando en su burbuja, nieguen el fin de un periodo en la historia de Chile, y se cierren ante el inicio de otro, uno con mayor justicia social, una democracia amplia, directa, intercultural, regional y con conciencia ecológica. Por tanto, deben desprenderse de sus disfraces republicanos, y vestirse como los trabajadores legislativos del pueblo de Chile, como realmente debieran ser.

Por otro lado, de ganar el apruebo, el mandato a todos y todas los diputados, diputadas, senadores y senadoras, es un mandato explícito, que no será el reformar la nueva Constitución recién aprobada, sino que el mandato para que legislen sobre las nuevas disposiciones contenidas en esta propuesta de nueva Constitución. Mucho se ha hablado sobre el cuidado y buen uso de los recursos fiscales, y una Corporación con un presupuesto de $135.000.000.000 para este 2022, no puede darse el lujo de no legislar y avanzar en la materialización de las demandas sociales contenidas en lo que sería la Nueva constitución Política de Chile, y en contraposición, busquen cómo mantener sus privilegios reformando la nueva Constitución, porque ya han evidenciado la intención de reponer el Senado, agregando en su maquillaje «de las regiones», por ejemplo. Junto a lo anterior, asumo será de prioridad para las y los congresistas en su totalidad, trabajar de manera incesante para crear las leyes necesarias para viabilizar las transformaciones, la creación de instituciones, la sociabilización de la información, la implementación de la participación popular incidente y vinculante, entre tantas otras.

Es ante este escenario cargado de anhelos, esperanzas y deseos de cambios que varios sectores de la población tales como artistas, organizaciones sociales, medioambientales, jóvenes, químicos, economistas, historiadores, trabajadores, estudiantes y muchos tantos, han dejado de manifiesto su apoyo a la propuesta constitucional. Así lo deja de manifiesto el poeta Raúl Zurita que sostiene que: “veo una sensibilidad nueva y la nueva Constitución es un gran marco para que florezca”. Esto, ya sea porque se incorporaron nuevos elementos, tales como el establecimiento de un Estado social y democrático de derecho, el reconocimiento de la sintiencia de los animales, el derecho a la vivienda, el paso de los derechos de aprovechamiento de agua a autorizaciones de uso, el derecho a la memoria y al patrimonio, la paridad, el reconocimiento de los pueblos indígenas, el reconocimiento constitucional como titulares de derechos de los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad, la relación indisoluble con la naturaleza y el buen vivir, el agua como bien inapropiable, los mecanismos de democracia directa, como la iniciativa popular de ley, la derogación popular de ley o la reforma constitucional por vía popular, o el denominado “estado regional”, que con todo un cuerpo orgánico otorga una real y efectiva descentralización de la toma de decisiones y un realce en el poder y protagonismo de los diversos territorios y sus particularidades como partes de un todo.

Este 4 de septiembre solo hay dos opciones, una que implica rechazar la propuesta de nueva Constitución, sin que ello signifique el inicio de un nuevo proceso constituyente o la reforma de la actual Constitución y otra que significa aprobar la propuesta del nuevo texto jurídico pero sin que ello implique aprobar para reformar, a menos que esta sea la voluntad soberana, ya que por primera vez en nuestra historia tenemos herramientas para defender los elementos que consideramos esenciales del texto constitucional, y a su vez, por primera vez podremos generar las leyes que den forma a los cambios necesarios para hacer real los ideales manifiestos en la nueva Constitución si es que aquellos que dicen “representarnos” no lo hacen. Esto es fundamental, ya que el texto de nueva Constitución remite cerca de 400 veces a la ley, por lo que es imponderable la obligación del Congreso de generar las leyes necesarias para hacer viable el proyecto de nueva Constitución en caso de ganar el Apruebo el próximo 4 de septiembre.

Adicionalmente, por medio de una de las 57 normas transitorias que fueron aprobadas en el pleno de la Convención, establece que el quórum aprobado en la nueva constitución aplicable al proceso legislativo del congreso, que es de 50+1, comience a regir para este Congreso durante lo que le resta en el ejercicio de su cargo, acabando con los quórum supramayoritarios y entregando la posibilidad real de elaborar leyes que hagan aplicable la nueva Constitución, respetando los plazos definidos por el órgano constituyente y concretando el cronograma legislativo necesario para que los derechos sociales e instituciones que forman parte de esta nueva Carta Magna, vean la luz en los plazos y formas determinados.

Sería un error político y una demostración casi obscena de lo viciado que se encuentran las y los miembros del poder constituido que tiene por finalidad no solo representar a sus electores y sus territorios, sino que la de hacer realidad lo que plantea, lo que defiende y lo que se le encomienda con el nuevo texto constitucional; por tanto, enfocar todo el quehacer legislativo a modificar la nueva Constitución, cuando lo urgente y lo importante es concretar por un lado las normas transitorias dispuestas en esta propuesta constitucional y por otro no dar pie para frustraciones en la sociedad.

Pero la diferencia sustancial entre una opción u otra, es que con el apruebo, como soberanas y soberanos, podremos hacer frente a la urgencia de materializar las demandas surgidas en el estallido social y la posibilidad real que significa lo consagrado en el texto jurídico más importante de cualquier país, y es por eso, que este 4 de septiembre es sólo el inicio de un cambio social, político y cultural más importante que habremos experimentado como país en lo que va de nuestra historia y donde seremos los verdaderos protagonistas y no meros espectadores mientras otros juegan con el poder, que siempre nos ha pertenecido.

Lisette Vergara
Ex Convencional Constituyente por el Distrito 6. Licenciada en Educación y Profesora de Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Correo electrónico: vergaralisette720@outlook.com

Axel Abarzúa
Ex Asesor Constituyente. Licenciado en Historia, mención en historia del tiempo presente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Correo electrónico: ax.abarzua@gmail.com

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