Como cada año, la propuesta de la Ley de Presupuesto del sector público nos recuerda la difícil tarea de equilibrar un uso eficiente de los recursos fiscales con la necesidad de atender las demandas de la población más necesitada del país. En el proyecto de ley presentado al Congreso, el gobierno declaró la intención de priorizar el crecimiento económico, el empleo y los beneficios sociales, en un contexto particularmente desafiante para el empleo femenino, cuya tasa de desempleo supera los dos dígitos, alcanzando el 10,5 %.
La reducción del desempleo femenino exige medidas concretas, tanto para las mujeres que buscan un trabajo asalariado como para las que son independientes. Por eso, causó revuelo que al programa Mujer Emprende -dependiente del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género-, se le asignara cero pesos en el proyecto de ley 2027. La decisión generó inquietud entre las organizaciones sociales dedicadas a los asuntos de las mujeres porque significa una merma en el combate de las dificultades que enfrentan las microemprendedoras para comercializar sus productos, consolidar redes comerciales y hacer sostenibles sus negocios a largo plazo.
El Ejecutivo defendió este ajuste y propuso un aumento del presupuesto de los programas Capital Semilla Emprende, Capital Pioneras y Capital Abeja Emprende. De los 9.443 millones de pesos asignados este año para la misma línea de apoyo, aumentó al doble la cobertura de los mismos programas, asignando 18.678 millones de pesos (3.880 beneficiarios) para la Ley de Presupuestos de 2027.
Esta ampliación de recursos constituye, sin duda, una señal positiva; sin embargo, no garantiza por sí misma mejores condiciones de vida para las emprendedoras. Las evaluaciones de los programas Capital Abeja Emprende, Capital Semilla Emprende y Capital Pioneras, realizadas entre 2023 y 2024, muestran avances relevantes en la incorporación de mujeres a sectores de mayor complejidad productiva y valor agregado dentro del universo de las PYMES. Esto es particularmente significativo en actividades tradicionalmente masculinizadas, como la construcción, el transporte, las manufacturas y el comercio mayorista. No obstante, los resultados también sugieren la necesidad de mirar más allá de las cifras de cobertura y ejecución presupuestaria.
Uno de los principales desafíos identificados en materia de microemprendimiento femenino revela que una parte importante de las beneficiarias continúa ubicada en el mismo segmento de ingresos, tras la participación en el programa Mujer Emprende, con ganancias que muchas veces no superan el salario mínimo. Las dificultades para alcanzar mejores condiciones de vida permiten repensar la siguiente pregunta: ¿cómo lograr que los programas dirigidos a las microemprendedoras no sólo apunten a la creación y mantención del negocio, sino que avancen en una real mejora de las condiciones de vida de este grupo?
La respuesta pasa por reconocer que el éxito de las políticas de emprendimiento de mujeres depende tanto de los recursos asignados como de las condiciones estructurales en que estos programas operan. Las brechas de género no desaparecen mediante capacitaciones, asesorías, subsidios o capital inicial, todas acciones de estos programas, las brechas se reproducen por la persistencia de problemas asociados a la distribución de las responsabilidades de cuidado en los hogares, el acceso y mantención de redes comerciales, la capacidad para agregar valor a los productos y los patrones culturales que enfrentan sus negocios.
Frente al conjunto de obstáculos ampliamente diagnosticados, no basta con aumentar la glosa presupuestaria de programas de microemprendimiento, porque no es solo una cuestión de recursos: es igualmente importante atender a las condiciones estructurales en las que se desarrollan los negocios. Se sabe que las instituciones no son neutrales, y el presupuesto tampoco lo es, por lo tanto, pueden reproducir desigualdades de género si no incorporan herramientas que permitan identificar y corregir los obstáculos que las mujeres enfrentan en los contextos de emprendimiento.
El debate presupuestario no debiere limitarse exclusivamente en cuánto dinero se destina a una u otra política social, sino también en cómo se ejecutan esos recursos y el impacto en la vida de sus usuarias. Solo así la inversión pública podrá traducirse en una reducción efectiva de las brechas de género y en oportunidades reales que mejoren, en este caso, la vida de las microemprendedoras.
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Dra. Lorena Armijo, académica Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud, CISJU, de la Universidad Católica Silva Henríquez UCSH.
