Desde un inicio de la pandemia, el gobierno de Sebastián Piñera decidió sostener la mayor tasa de ganancia posible de las empresas en desmedro del resguardo a la salud y la vida de la mayoría de las familias trabajadoras. Esa decisión, absolutamente cuestionable desde una perspectiva de los derechos humanos resultó ser, además, errónea en su propia lógica económica. Así, el propio Fondo Monetario Internacional en su Informe de Perspectivas de la Economía Mundial de octubre del 2020, señalaba ‘’En consecuencia, a pesar de que acarrean costos económicos a corto plazo, los confinamientos pueden preparar el terreno para una recuperación más rápida, al contener la propagación del virus y reducir la necesidad de distanciamiento social voluntario a lo largo del tiempo, lo cual podría producir efectos globales positivos en la economía. Este tema seguirá siendo un ámbito importante para el estudio a medida que se reciban nuevos datos’’.[1]
El gobierno fue entonces más papista que el papa o, en rigor, más neoliberal que lo que indicaban los ‘’expertos’’ neoliberales. Los resultados de ello están a la vista: cifras históricas de contagios y muertos que nos ponen encabezando las cifras mundiales, figurando como ejemplo negativo y como lección acerca de la necesidad de mantener medidas sanitarias estrictas. Y las muertes, como no, han estado concentradas en las familias trabajadoras y pobres de nuestro país, como ya mostraba un informe de Espacio Público del mes de julio del 2020, donde se señalaba que ‘’Las tasas de mortalidad por Covid-19 han sido mucho mayores en comunas más pobres’’.[2]
En el mismo sentido, Amnistía Internacional en su Informe 2020/21 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, indicaba sobre Chile que ‘’Hubo profesionales de la salud que dijeron a Amnistía Internacional que, durante la fase aguda de la pandemia, habían trabajado en condiciones de falta de seguridad —sin suficientes equipos de protección individual y con elevados niveles de ansiedad— lo que puso en peligro su salud física y mental. También dijeron que podían recibir sanciones si hablaban públicamente de ello. Esta situación afectaba sobre todo a los hospitales públicos que prestaban servicio a las comunidades más pobres. Los centros médicos privados no denunciaron estos problemas y presentaron índices de mortalidad considerablemente más bajos’’.[3] Finalmente, un artículo publicado por la CEPAL indicaba acerca de la Región Metropolitana que ‘’Los datos presentados en este texto muestran cómo las condiciones de precariedad, pobreza, hacinamiento y movilidad laboral, entre otras, que caracterizan el entorno social en las comunas populares, han contribuido a que el virus se expanda más rápidamente y tenga impactos más graves en las condiciones de salud y mortalidad de las poblaciones afectadas’’[4]
En términos laborales, la causa de todo ello es evidente: la decisión del gobierno de declarar buena parte de las actividades como esenciales. Así, el 6 de abril fue publicada la Resolución 88 del Ministerio de Hacienda[5] que señalaba las actividades esenciales exceptuadas de la paralización de actividades frente a medidas restrictivas tomadas por la autoridad. Una lista bastante laxa de actividades que obligó a que miles de trabajadores debieran seguir laborando pese a las medidas de confinamiento, medidas que además se fueron relajando con el transcurso de los meses. Ello sumado a las altas cifras de trabajo informal y las nulas ayudas del gobierno que mantuvo y ha mantenido su lógica de hiperfocalización en la entrega de beneficios.
La paradoja es que, pese a lo ‘’esencial de sus trabajos’’ y pese a los enormes riesgos que supone ir a trabajar en pandemia considerando en ello el desplazamiento en transporte público, la escasa fiscalización real respecto de medidas sanitarias de cuidado tomadas por los empleadores, y un largo etcétera, los sueldos y las condiciones de trabajo no han tenido nada de esenciales. Lo único esencial, en definitiva, ha sido la ganancia producida por esos trabajadores, pero no lo han sido sus vidas ni las de sus familias, como lamentablemente ha quedado demostrado con las cifras de mortalidad ya señaladas. El caso quizás mas expresivo y grosero de aquello son los trabajadores de plataforma, quienes pese a sostener y posibilitar el abastecimiento de insumos básicos, medicinas y alimentos para muchos hogares, no son si quiera considerados trabajadores y están entregados, por lo mismo, a la más absoluta desprotección que se traduce en miles de situaciones de precariedad que van desde no tener donde ir al baño hasta no tener ninguna protección en caso de enfermedad.
Mientras tanto y gracias a estas decisiones, de acuerdo el Ranking Forbes los millonarios chilenos aumentaron su fortuna en un 73%[6], pese a la pandemia. De todas maneras, la pandemia solo ha venido a hacer más evidente y a agudizar aún más la crisis sistémica del modelo chileno que ya había estallado el 18 de octubre de 2019. Así, mientras ayer se publicaba por el FMI que Chile es el país con el PIB per cápita más alto de Sudamérica y que será el primero en llegar a los U$30mil dólares en 2026[7], la mitad de los trabajadores ganan menos de $401.000[8] y 2,3 millones de chilenos de ‘’clase media’’ cayeron a la vulnerabiliadd[9]. Por si fuera poco, el gobierno anuncia que Patricio Melero, defensor de Pinochet y del modelo económico de la dictadura que nos ha traído hasta acá, hermano de Manuel Melero ex presidente de la Cámara de Comercio, y parlamentario de la comisión de trabajo que votó en contra de la jornada de 40 horas, en contra del postnatal de emergencia y que ha sido un férreo defensor de las AFP, asumirá como Ministro del Trabajo.
Los avisos y advertencias al gobierno han venido desde la más amplia y diversa gama de actores, pese a lo cual este ha decidido seguir mantenido su radical ceguera neoliberal. Que no digan esta vez que no lo vieron venir, porque la historia no los absolverá.
[1] Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Economía Mundial de octubre del 2020, p. 69. Consultado en https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2020/October/Spanish/texts.ashx
[2] Espacio Público, Evolución de la epidemia Covid-19 en Chile, p.6. Consultado en https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2020/07/CoVid_Chile_23072020_vf.pdf
[3] Amnistria Internacional, Informe 2020/21 Amnistria Interncioanl. Sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, p.144. Consultado en https://media.elmostrador.cl/2021/04/INFORME-ANUAL-2020-2021.pdf
[4] Alejandro Canales, La desigualdad social frente al COVID-19 en el Área Metropolitana de Santiago (Chile), Notas de Població, Cepal, p.39. Consultado en https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46553/20-00528_LDN111_01_Canales.pdf
[5] https://fedetur.cl/wp-content/uploads/2020/04/Resolucion-Diario-Oficial-Decreto-88.pdf
[6] https://www.forbes.com/billionaires/
[8] Fundación SOL. Los verdaderos sueldos de Chile. Consultado en https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://fundacionsol.cl/cl_luzit_herramientas/static/adjuntos/6700/VS2020(esi2019)-1.pdf
[9] https://digital.elmercurio.com/2021/04/05/B/153UMOKM#zoom=page-width
Axel Gottschalk Castro,
Defensoría Popular de las y los Trabajadores
