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Londres 38 alerta sobre situación de las y los presos políticos de la revuelta

Londres 38 solicita a la CIDH se pronuncie sobre la situación judicial de los Presxs Políticxs de la Revuelta en el contexto de la actual pandemia

A través de una misiva dirigida a la máxima autoridad de este organismo internacional, Londres 38 ha manifestado a la CIDH, su profunda preocupación por la situación carcelaria de los más de dos mil detenidos y detenidas de la revuelta social, víctimas de la violencia estatal, y la necesidad de brindarles salidas judiciales, como el cumplimiento de las medidas cautelares en sus domicilios, debido a la ausencia de protocolos en los centros penitenciarios para enfrentar la pandemia del covid-19 y a la grave situación de hacinamiento que enfrentan.

Santiago de Chile, 25 de marzo de 2020

Señora Presidenta

Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño;

Junto con saludarla y desear se encuentre bien en este difícil momento de pandemia, Londres 38, espacio de memorias se dirige a Ud. en atención a los graves hechos de violencia y la vulneración de derechos humanos perpetrados por las Fuerzas Armadas y de Orden en contra de la población civil en el contexto de protestas ciudadanas desde el pasado 18 de octubre. Hechos que la CIDH ha tenido la oportunidad de verificar en terreno, observando expresamente que "la respuesta del Estado frente a las movilizaciones se caracterizó por la represión mediante un uso desproporcionado de la fuerza y conductas repetitivas de violencia en contra de manifestantes que resultó en un número elevado de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos"[1].

La CIDH ha evidenciado la existencia de "detenciones masivas", y alertando expresamente sobre "la elevada cifra de personas en prisión preventiva"[2]. Esta medida actualmente afecta a más de 2.500 personas en prisión preventiva[3] como consecuencia de la revuelta social, y según la Defensoría Penal Pública, de estas personas al menos 186 son niños, niñas y adolescentes, quienes actualmente se encuentran recluidos en centros del SENAME.

Tomando en consideración la pandemia global ocasionada por el coronavirus COVID-19 que avanza en forma exponencial, colocando en riesgo la vida e integridad de todas las personas de la región, es especialmente preocupante la situación de quienes se encuentran en situación de hacinamiento como las que experimentan todos los presos y presas de nuestro país, pero en particular quienes hoy se encuentran en prisión preventiva a consecuencia de detenciones realizadas en el contexto de represión de las movilizaciones sociales. Esta medida cautelar resulta, desproporcionada, que no guarda relación con la naturaleza de los bienes jurídicos de cuya afectación se les acusa y que eventualmente sancionará, y que hoy coloca en un riesgo directo su vida; situación que también ha generado una afectación a la integridad física y mental de sus familiares, quienes han debido además enfrentar situaciones de agresiones en su contra a raíz del accionar de personal de Gendarmería en el contexto de motines, que son cada vez más frecuentes debido a la permanente preocupación de la población de los penales, ya que no se han adoptado medidas ni protocolos de atención de los derechos de la población a efectos de prevenir los brotes de esta pandemia en los recintos carcelarios.

En este delicado contexto, en ejercicio de nuestro rol como organización, dedicada a la defensa de los derechos humanos, solicitamos a la CIDH que pueda emitir un pronunciamiento destinado a que las autoridades chilenas liberen a las personas detenidas en el marco de la crisis de derechos humanos en Chile, disponiendo la imposición de una cautelar que no coloque en riesgo sus vidas e integridad. Recordamos, tal como lo ha señalado la CIDH y su REDESCA, que los procesos pandémicos producen impactos desproporcionados sobre poblaciones con mayores dificultades de acceso a estructuras sanitarias y tecnologías de atención a la salud, como las personas privadas de la libertad, y que en tal sentido ya se ha ya exhortado a los Estados a adoptar medidas alternativas a la privación total de la libertad, evitando el hacinamiento en las cárceles[4].

Por tanto, solicitamos a la CIDH, que ha sido un testigo cercano y objetivo de la situación de graves violaciones de derechos humanos que hemos experimentado en Chile, que expresamente exhorte a las autoridades chilenas a modificar las cautelares que pesan sobre las personas en prisión preventiva a causa de delitos que se le imputan en el contexto de la represión a la protesta social, otorgándoles una medida cautelar menos gravosa, proporcional y que no ponga en riesgo sus vidas.

Le saluda atentamente,

Erika Hennings Cepeda

Presidenta

Londres 38, espacio de memorias

www.londres38.cl

[1] CIDH culmina visita in loco a Chile y presenta sus observaciones y recomendaciones preliminares, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/018.asp

[2] CIDH culmina visita in loco a Chile y presenta sus observaciones y recomendaciones preliminares, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/018.asp

[3] Esta cifra es la que a la fecha han denunciado las organizaciones de familiares de los detenidos pero, cabe destacar que entre el 18/10/2019 y el 31/12/2019 se decretaron 4.032 presiones preventivas. http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/sala_prensa/noticias_det.do?id=17287

[4] La CIDH y su REDESCA instan a asegurar las perspectivas de protección integral de los derechos humanos y de la salud pública frente a la pandemia del COVID-19 http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/060.asp


COMUNICADO PÚBLICO

Londres 38, se pronuncia en relación a grave situación que enfrentan los y las presas políticas de la Revuelta

Frente a los acontecimientos ocurridos en la Centro Penitenciario Santiago 1, donde internos realizaron manifestaciones que culminaron en un intento de fuga y motín, quienes denunciaban las precarias medidas tomadas sobre el corona virus de parte de Gendarmería, declaramos lo siguiente. La confusa e inquietante información sobre la crisis producida en la Cárcel Santiago 1 plantea la urgencia de adoptar prontas medidas. Familiares de presos y presas políticas, detenidos en el contexto de la revuelta social, han demandado el reemplazo de la prisión preventiva aplicada a la mayoría de las personas procesadas encarceladas, que se estima son más de 2.500.

Esa decisión de tribunales constituye un castigo anticipado y desmedido previo a la investigación, que ignora la presunción de inocencia y la inexistencia de antecedentes de delitos previos en la mayoría de los casos.

En el contexto del coronavirus la situación se hace aún más crítica dada la inexistencia de condiciones sanitarias adecuadas en las cárceles en que se encuentran. La demanda de la Coordinadora 18 de Octubre es el reemplazo de la prisión preventiva e internación provisoria de menores en el Sename por reclusión en el hogar.

Este tipo de medidas han sido adoptadas en varios países afectados por coronavirus, incluido Estados Unidos, donde se ha liberado a presos que no representan riesgo para la sociedad, porque las cárceles multiplican las posibilidades de contagio y propagación del virus.

La indolencia del gobierno muestra con claridad un doble estándar: mientras condenados por crímenes de lesa humanidad en Punta Peuco gozan de privilegios, permanecen aislados del resto de la población penal y cuentan con expedita atención médica en los hospitales institucionales de las FFAA, en caso de necesidad, los presos y presas del estallido social permanecen hacinadas y hoy han sido duramente reprimidas, desconociendo el número de heridos.

La dramática situación vivida hoy en la cárcel concesionada Santiago 1, demuestra que no existe un escenario que permita asegurar condiciones humanas básicas, para quienes fueron privados de libertad en el contexto de la #Revuelta y se encuentran con medidas cautelares, pues ellos y ellas no han sido condenadas por delito alguno.

Llamamos a solidarizar y apoyar estas justas demandas.

Londres 38, espacio de memorias

20 de marzo de 2020

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