Los incendios desatados, que se han prolongado durante días hasta su gradual extinción, en diversas comunas localizadas en regiones de la zona Centro-Sur de Chile, un área del territorio que destaca tanto por su importante capacidad productiva, como asimismo, por albergar las polaridades presentes en el actual modelo de desarrollo económico, basado en la exportación de materias primas y de alimentos, teniendo como marco el actual fenómeno del Cambio Climático, cuyos efectos cotidianos ya no constituyen sorpresa en nuestro país, especialmente sensible a sus consecuencias. En este contexto, el urgente abordaje desplegado a fin de controlar los siniestros, no debe postergar la necesidad de un amplio debate acerca de los complejos efectos socioambientales del monocultivo forestal como, asimismo, acerca de la estructura productiva a la que debemos aspirar, sobre todo, si esperamos contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por la Organización de Naciones Unidas[1], la denominada Agenda 2030.
Lo anterior, es un importante llamado de atención. El Cambio Climático es un fenómeno que interpela a las condiciones de desigualdad y de exclusión social existentes en Chile pues, su acción sistemática, profundiza las múltiples adversidades que enfrentan diversos sectores de nuestra sociedad; los pequeños productores agrícolas frente a la posesión privada de derechos de agua, las periferias urbanas ante amenaza de desastres y ausencia de áreas verdes o los asentamientos rurales frente al latifundio forestal. Como se ha señalado, los sectores menos favorecidos “suelen vivir en áreas de mayor riesgo, dependen de una sola fuente de ingreso, no tienen activos ni ahorros amortiguadores, no acceden al crédito y a los seguros, y tienen menos educación para enfrentar esos desastres”.[2]
En este sentido, un importante factor de riesgo es la existencia de deficiencias en materia de ordenamiento territorial frente al nuevo conjunto de riesgos de origen antrópico de los que hemos sido testigos en el último tiempo y que han transformado a los incendios forestales una amenaza permanente en una importante área del territorio continental de Chile. La presión de intereses inmobiliarios, la búsqueda de nuevos estilos de vida en los entornos de las grandes ciudades y la eficiente conectividad gracias a la existencia de autopistas, han dado lugar a un extenso espacio periurbano, que progresivamente se extiende invadiendo áreas naturales con todos los riesgos que ello implica, agudizando la presión sobre el acceso al agua potable, tras más de una década de persistente sequía.
Por otra parte, la posibilidad de que los siniestros registrados durante el mes de febrero de este año, hayan tenido un origen deliberadamente intencional, conforma otra de las dimensiones de esta problemática y configura un hecho grave y alarmante. Sabido es que en los entornos rurales persisten un conjunto de prácticas asociadas al uso del fuego en procedimientos agrícolas como la roza y la quema de desechos tras las cosechas. Sin embargo, la multiplicación insospechada de los focos de incendio dentro de un breve período de tiempo, así como la aprensión de sus presuntos autores, señala una preocupante realidad que requiere ser investigada en todos sus alcances.
Dentro de esa línea, la idea de establecer un royalty al sector de la industria forestal, planteada por la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, ha puesto sobre la mesa un asunto de particular importancia, cual es la necesidad de vincular de una manera más efectiva al régimen tributario con las necesidades y los riesgos eventuales que experimentan las comunidades. En ese mismo sentido, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela al ser interrogado sobre este asunto, lejos de descartar la idea indicó a la prensa: “¿Qué estamos esperando? Sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que pedir un royalty para las empresas forestales. Y ese royalty debe tener fondos, con medidas a corto, a mediano y a largo plazo".[3] No obstante, la recaudación de un nuevo impuesto, será solo una forma de compensación de eventuales desastres, si no se acompaña de la reducción de sus diversos impactos de carácter socioambiental, así como en una estrategia de diversificación de las actividades productivas.
Por su parte, el modelo de producción forestal en base al uso extensivo de superficies, que hoy representan un área de más de tres millones de hectáreas según datos de CONAF[4], principalmente concentradas en la producción de pino radiata y especies del género eucaliptus, debe ser reformulado en consideración a criterios de ordenamiento territorial y de sustentabilidad socioambiental considerando, no solo a la existencia de cortafuegos en caso de emergencia, sino también de un adecuado resguardo de los asentamientos humanos y de sus vías de evacuación, asimismo, respecto de la presión que ejercen estas plantaciones arbóreas sobre los crecientemente limitados recursos hídricos del subsuelo para no desproveer de ellos a la agricultura y ganadería familiar existentes en las regiones de la zona Centro-Sur de Chile y que, desde luego, constituye una problemática extrapolable a otras áreas del territorio.
A partir de la promulgación del Decreto-Ley 701 de 1974, se estableció un subsidio estatal del 75% para las plantaciones forestales[5], configurándose un importante sector de actividad empresarial cuyo impacto fue especialmente complejo para las comunidades en donde se introdujo este modelo. Así, para el académico Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia (2012), en la Araucanía, la llegada de las empresas forestales desarticuló la estructura de producción y distribución de bienes agrícolas, sustentada en la pequeña y mediana propiedad, en su mayoría mapuches. Los efectos de la política neoliberal explican en buena medida los deficientes indicadores de desarrollo y pobreza endémica en la región.[6] Esta constatación cuestiona de un modo manifiesto el pretendido axioma que propone que la inversión es siempre, y por sí misma, un indicador de desarrollo, por el contrario, cuando esta se realiza al margen de criterios de sustentabilidad, amenaza con radicalizar las condiciones de exclusión socioespacial. La actual oleada de incendios forestales que afecta a Chile, hace imprescindible la urgente esa necesidad de ordenamiento y de sustentabilidad.
[1] https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
[2] Bárcena, Alicia et al. (2020). La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe. ¿Pasamos a la acción e o esperamos el desastre?, Comisión Económica para América Latina (CEPAL), p.102. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45677/1/S1900711_es.pdf.
[4] https://www.conaf.cl/nuestros-bosques/plantaciones-forestales/
[6] Pinto, J. (2020). “La Araucanía. Cinco siglos de historia y conflictos no resueltos”. Santiago: Editorial Pehuén-Universidad Católica de Temuco.
