Karl Marx escribió en El 18 de Brumario de Luis Bonaparte en 1852 que: "La historia ocurre dos veces, la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa"[1] y todo muestra que el gobierno de ultraderecha recién electo quiere llevar al país en esa dirección, instalando discursos y políticas propias de la tragedia que vivimos hace cincuenta y tres años e iniciada el 11 de septiembre de 1973. En este sentido el ascenso de la ultraderecha chilena pretende, detrás de su discurso democrático instalar la farsa de un remedo dictatorial, revitalizando por un lado las recetas neoliberales implantadas a sangre y fuego por la dictadura civil militar: manteniendo la concentración del poder económico,[2] reduciendo al mínimo el rol del estado, la privatización y desregularización extrema del mercado con actores nacionales y extranjeros, lo que sabemos genera profunda desigualdad social y explotación laboral al concentrar riqueza en las élites, precarizar el empleo y debilitar la necesaria e imprescindible red de protección social y ciudadana.
Por otro lado, intentan borrar todo lo avanzado en materia del respeto a los derechos humanos, lo que es vital para la sana convivencia democrática, fomentando discursos autoritarios y la erosión de las instituciones democráticas, facilitando la impunidad, minimizando y negando el impacto que el gobierno dictatorial tuvo para la mayoría de los chilenos y chilenas. A esto responde el proyecto de ley que de manera encubierta senadores y dirigentes políticos de la derecha y la ultraderecha pretenden imponer para amnistiar los delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos cometidos por militares durante la dictadura de Pinochet. A lo que se suma la decisión declarada públicamente por el actual presidente ultraderechista, de indultar a miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden condenados o juzgados por hechos delictivos ocurridos durante el estallido social en el año 2019: torturas, violaciones, abusos y algunos de ellos responsables de quitar los ojos y dejar ciegos a jóvenes chilenos durante esos eventos . La justificación para aprobar esta aberración jurídica es la misma narrativa que han propagado por más de cincuenta años, argumentado que los militares por amnistiar, son los héroes que en el pasado salvaron a Chile del comunismo y hoy, tal como lo refleja el discurso del presidente entrante, se refiere a indultar a los “que en un momento de violencia extrema algunos funcionarios (militares y carabineros) terminaron presos pese a actuar cumpliendo su deber y en defensa de la patria”.
De manera tajante definitiva y sin admitir discusión o duda levantamos una postura firme en contra de cualquier posibilidad de negociación o insistencia de esta nueva modalidad de impunidad que quieren imponer en Chile. Lo hacemos recordando a nuestro país, a las nuevas generaciones que no vivieron la dictadura y a las elites políticas que niegan el pasado, que en las FF. AA hubo militares que nos opusimos al golpe de estado en 1973, quienes a diferencia de los que traicionaron a Chile, colocamos por delante del temor y de intereses mezquinos, los valores éticos, el respeto a nuestras convicciones y la decisión de mantenernos fieles al juramento que hicimos al país de defender la Constitución y a un gobierno elegido por la soberanía popular.
Tenemos por lo tanto la fortaleza moral para contradecir la mentira histórica con la que se pretende avalar la impunidad para militares y civiles que cometieron crímenes de lesa humanidad, como lo hemos dicho antes, el golpe de estado no fue “una decisión inevitable tomada por los militares para impedir una guerra civil en Chile”. Quienes bombardearon la Moneda, torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a miles de compatriotas fueron exmilitares amparados en la institución armada y en sus grados, todos ellos actuaron como verdugos, cegados por el fanatismo y utilizados por quienes planificaron y organizaron la represión, justificándose “en una guerra inexistente contra el comunismo”.
Quienes en el Ejército, en la Marina de Guerra, en la Fuerza Aérea, en Carabineros y en la Policía de Investigaciones nos opusimos a participar en golpe de estado, fuimos testigos que este fue el resultado de una planificación entre la derecha, dirigentes de partidos políticos y de la DC, las elites empresariales, la cúpula del mando militar, los que con el financiamiento y el apoyo del gobierno de Estados Unidos crearon las condiciones, en un recorrido de tres años, para derrocar a un gobierno democráticamente elegido y legalmente constituido, asesinando en este proceso al comandante en jefe del ejército, general Rene Schneider y al final, al presidente de la república el día 11 de septiembre de 1973.
Así entonces la justificación para indultar a militares que tanto en 1973 como en el 2019 cometieron crímenes de lesa humanidad son equivocadas y no tienen sustento alguno, quienes reprimieron torturaron y asesinaron antes y en años recientes, no lo hicieron en medio combates o enfrentamientos armados, como lo han intentado hacer creer todos estos años. Los exmilitares que actualmente cumplen condenas o están sometidos a juicios, son personas crueles y cobardes, son los cabecillas de la persecución implacable que hicieron dentro y fuera del país a los opositores al régimen terrorista de Pinochet, criminales que en su mayoría nunca han tenido la valentía de reconocer sus crímenes ni menos colaborar con la búsqueda de los cientos de asesinados y desaparecidos.
Respecto de la edad avanzada de los perpetradores, esto no exime ni limita la persecución penal de los crímenes de lesa humanidad que cometieron en el pasado. Debido a su gravedad extrema y naturaleza sistemática, estos delitos son imprescriptibles según el derecho internacional (Estatuto de Roma), lo que permite y exige juzgar a los responsables sin importar el tiempo transcurrido. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben; la acción penal y la pena no se extinguen con el paso del tiempo.
Finalmente, quienes fuimos militares leales a nuestros principios y valores, de verdad dispuestos a entregar la vida por nuestra patria y nuestro pueblo, lo que demostramos en el momento en que había que hacerlo, rechazamos este nuevo intento de impunidad que enmascara una ley de punto final, porque lo que están haciendo es corroer la democracia, están rompiendo la igualdad ante la ley, desmantelando además la confianza ciudadana en las instituciones, alentando el negacionismo y oponiéndose a la no repetición de las injusticias cometidas en el pasado.
Finalmente nos resistimos al negacionismo porque es importante y necesario hacer visibles los olvidos conscientes que pretenden desestimar el peso ético y humano de la memoria histórica, presentes hoy en las actitudes e ideas de políticos que buscan evadir y/o encubrir la verdad conocida, que les incomoda y a la que le temen, porque, de aceptarla, deben reconocer la dimensión de las atrocidades y con ello condenarlas o permanecer como lo han hecho hasta ahora en una posición de cómplices.
El proyecto del actual gobierno ultraderechista pretende todo eso, con su plan de impunidad niegan la historia, niegan el desarraigo de los afectos y los impactos personales y sociales del exilio; niegan el desgarro de cuerpos y mentes en la tortura; niegan el dolor de quienes desaparecieron y el de sus familias que han buscado por años la verdad de lo ocurrido.
Simplemente no tenemos derecho de olvidar, por el contrario, nos corresponde recordar permanentemente a tantos miles de héroes anónimos y sobrevivientes de la resistencia al terrorismo dictatorial. Contexto en el cual eternizamos: al general Alberto Bachelet, cuya muerte, el 12 de marzo de 1974, fue provocada por las torturas a las que fue sometido en la Academia de Guarra Aérea. Al general Rene Schneider asesinado en un complot organizado por el gobierno de Estados Unidos de la época, por su negativa a participar en la conspiración golpista que intentaba derrocar a Salvador Allende, un crimen en el cual participaron oficiales de las FF AA y que fue ejecutado por la organización de ultraderecha Patria y Libertad.
Recordamos también al general Sergio Poblete. Al coronel Efraín Jaña. Al comandante Ernesto Galaz. A los suboficiales Enrique Reyes e Ivan Figueroa, quienes fueron asesinados por su valiente decisión de asumir la clandestinidad y enfrentar a la dictadura de Pinochet. A quienes fallecieron más recientemente; los suboficiales de la Fuerza Aérea Mario Arenas, Enrique Ibáñez, Víctor Adriazola, Ivar Rojas, al capitán Jorge Silva. A los suboficiales y marineros leales al gobierno de Allende. A los oficiales y suboficiales del ejército y de Carabineros, a los funcionarios de la Policía de Investigaciones, a todos ellos les inmortalizamos reclamando la reivindicación de una verdad histórica oculta, enredada en mezquinos intereses que impiden ver la luz y aportar a la no repetición de los hechos ocurridos en 1973 durante la dictadura civil militar y en los recientes hechos ocurridos en el año 2019.
¡No a la impunidad!
Enrique Villanueva M.
[1] Marx parodiaba cómo el golpe de Luis Bonaparte (1851) imitaba sin grandeza al golpe de su tío, Napoleón Bonaparte, en 1799
[2] lo que significa pocas empresas que dominan los mercados, cobrando precios más altos y reduciendo la participación salarial, limitando el acceso a servicios básicos afectando desproporcionadamente a los hogares y dificultando el crecimiento económico inclusivo que fue una de las metas del gobierno anterior.
