“O el asilo contra la opresión”; no por repetida pierde fuerza esta potente frase del himno chileno. Y sí, es cierto que ya se ha usado demasiado para hablar de temas migratorios, pero en este caso es tan oportuna que era imposible no recurrir a ella.
América Latina tiene una larga tradición en materia de protección de asilados y refugiados, que se remonta a instrumentos acordados en las primeras décadas del siglo pasado. Esa histórica tradición, además, se fue fortaleciendo en el transcurso del siglo XX, en buena medida abonada por las sangrientas dictaduras que vivimos en la región desde la década de 1960. Así, se firmó en 1984 la Declaración de Cartagena, que amplió la definición de refugiado “a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. Una década después se acordó la Declaración de San José, que también incluyó la situación de los desplazados. En 2004 se acordó el Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección Internacional de los refugiados en América Latina. Parte de los exiliados de la salvaje dictadura de Augusto Pinochet, de cuyo golpe de Estado se cumplen pronto 50 años, pudieron recibir esa protección frente al terrorismo de Estado en tiempos en que había sido tomado por los militares.
Sin embargo, en un escenario de retroceso punitivo de las políticas migratorias a nivel regional y nacional, en los últimos años la categoría de refugio ha ido perdiendo su capacidad efectiva de brindar protección frente a situaciones de riesgo de vida que se multiplican en estos tiempos que Amarela Varela Huerta, una estudiosa de los temas migratorios en la región, ha calificado como de “crisis civilizatoria”, una crisis en la que la violencia en muchas formas cobra protagonismo. Chile es un ejemplo claro y contundente de ese retroceso. Según datos publicados por el Servicio Nacional de Migraciones, mientras que en 2012 se reconocían como refugio el 30% de las solicitudes formalizadas de asilo, en 2022 ese valor fue de apenas el 1,1%, e incluso llegó a un mínimo del 0,4% en 2020. Esta proporción ha ido cayendo al tiempo que aumentaron muy significativamente las solicitudes.
La Política Nacional de Migración y Extranjería, presentada a comienzos de julio de este año, trajo como anuncio un nuevo e importante retroceso en esta materia, pues se contempla la presentación de un proyecto para modificar la ley sobre el tema, la N° 20.430, de 2010. En concreto, ese proyecto buscará establecer un análisis de admisibilidad de la solicitud de refugio procurando, según se declara, “resguardar el instrumento del refugio de la alta exposición a solicitudes infundadas”. Es decir, al proceso para decidir si se otorga o no el refugio a un solicitante, que de por sí ya es muy largo y suele generar situaciones de re-victimización, se agrega un nuevo filtro previo, para decidir si se admite o no la solicitud. Esto, además, bajo la permanente sospecha del engaño, un tema muy instalado en el campo del refugio, tanto en Chile como a nivel global.
A la vez que complejiza el acceso al refugio, la Política anunciada a comienzos de julio apuesta por lo que se denomina “protección complementaria”, esto es, aquella que permite la regularización de la permanencia de las personas que no son reconocidas como refugiadas, pero que requieren del resguardo del principio de no devolución al país en el que su vida peligra, un principio que es reconocido por varios instrumentos internacionales de derechos humanos. Claramente, se trata de una fragilización en las formas de protección, en la medida que la protección complementaria es mucho más endeble que el refugio en las implicancias del resguardo.
Es cierto que este retroceso en materia de refugio es una tendencia que excede a Chile, pero el establecimiento de un filtro previo a la evaluación misma del “merecimiento”, que se propone en este caso, es un paso atrás muy significativo, que ocurre además en un momento tan sensible como el 50° aniversario de los horrores de una dictadura que empujó a muchos chilenos a buscar refugio en otros países.
Dra María Fernanda Stang
Directora Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud (CISJU)
Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH)
Investigadora proyecto Soli*City
