“Artículo primero: Chile es una república democrática, plural, respetuosa de todos sus habitantes, todas las personas nacen libres, iguales y tienen derecho a participar en iguales condiciones en la vida política, económica, social, cultural y jurídica. Es obligación del Estado respetar, promover y hacer efectivos los derechos humanos. Es deber del Estado garantizar el libre e igual acceso a los derechos, removiendo los obstáculos que en todos los ámbitos se opongan al desarrollo y autonomías de las personas y comunidades. Es deber del Estado proteger a las personas, impedir los ataques a su integridad física y psíquica, garantizando entornos ambientales, sociales, urbanos y territoriales que permitan su vida y desenvolvimiento. Chile es un país diverso, pluralista, descentralizado y participativo. El Estado y todas sus instituciones deben organizarse, desarrollar política pública y acción administrativa dentro de la legalidad y propiciando los objetivos y fines esenciales que como país declara. Todo acto contrario a la dignidad de las personas, que obstaculice la participación, que rompa con el Estado democrático y el respeto por los derechos humanos y las obligaciones del Estado para con sus ciudadanos es nulo de derecho público y así deberá ser considerado en cada restitución del orden democrático que sea necesario para hacer cumplir esta constitución.”
Así imagine el inicio de ésta nueva constitución para cerrar por fin el ciclo represivo, antidemocrático y autoritario que abrió la dictadura de Pinochet hace ya cuarenta años con su constitución impuesta con fraude y fuerza. No salí a la calle a celebrar, me tragué la emoción y me senté a pensar en el futuro que tantas veces quisimos tuviese un marco jurídico apropiado, y en que palabras precisas usaría para acercar lo más posible el derecho como norma a los derechos y la realidad de las personas.
El hecho es que para un nuevo orden constitucional en Chile necesitamos un régimen jurídico que garantice la democracia de verdad, pluralista, participativa, con ciudadanos con capacidad de aprobar, elegir y remover autoridades, de proponer leyes, de resolver sobre sus entornos locales, comunales, regionales y nacionales. Necesitamos un mensaje fuerte que diga que nunca más ni los golpes de Estado ni las asonadas cívico militares ni las violaciones de los derechos humanos serán admitidas, que son nulas de derecho público y que eso pueda hacerse a la corta o a la larga hacerse cumplir. La violencia opresora nunca dura para siempre, así tome 40 años empezar a salir de ella.
Necesitamos un Estado que ponga al centro de sus objetivos y su hacer a las personas, a los ciudadanos, aquellos en edad de votar, elegir y ser elegidos, pero también a los niños que aún no llegan a esa edad, a los que carecen de aptitud psicológica integra, a los extranjeros de paso o residentes, a las mujeres y hombres concretos en cada forma y género que quieren elegir hacer sus vidas. Para ello hay que establecer un sistema que se diga a sí mismo como pluralista, respetuoso y con opción por las personas y sus entornos, naturales, culturales y sociales. Que entienda que más allá de las coyunturas la política, el derecho y la economía se orientan a lo común y al bien común. Necesitamos un país y un estado respetuoso de los Derechos Humanos en su sentido universal, protector, indivisible y activo para que todos logren su autonomía y desarrollo. Un compromiso profundo por el estado civilizacional que eso significa. Todo lo que no apunte a ellos nos vuelve a la oscuridad de la dictadura y sus eternas transiciones. Pero también nos deja en un marco incompleto de como entendemos al ser humano, como súbdito y no como verdadero soberano que tiene el derecho de decidir e incluso de equivocarse y contar con instrumentos que lo protejan a él de las autoridades y las fuerzas que llegan a vulnerar su identidad.
Necesitamos un orden judicial democrático en su conformación y promotor de la inclusión, la igualdad y a protección de las personas frente al estado, frente al mercado y frente a las muchas formas de ilegalidades que van desde la corrupción, las estafas de cuello blanco, la violencia contra los más débiles y la delincuencia. Y con ello un sistema de cumplimiento de penas que piense en el bienestar y no solo en el castigo. Hay que dar fuerza e independencia a estamentos claves hoy subordinados al poder ejecutivo como la defensoría pública, el servicio de impuestos internos y superintendencias comprometidas con la protección de los derechos de los ciudadanos y no con las leyes que regulan las actividades financieras. Necesitamos un Defensor del Pueblo que se sume al INDH y a la Defensoría de la Niñez.
Necesitamos un nuevo régimen jurídico que entienda y promueva la pluralidad nacional, no solo la étnica tan necesaria de incorporar a la constitución, sino además las diversidades y multiplicidades de los diversos territorios. El centralismo económico, político, tributario, institucional, organizacional, empresarial y cultural ya no da para más. Es necesario una nueva forma de organización territorial que democratice las voluntades y entregue muchas de las decisiones hoy cerradas en ocho cuadras a la redonda a los habitantes de los lugares concretos que a diferencia de lo que ocurre en la vasta extensión híper habitada de Santiago tiene diferencias marcadas en lugares apenas distantes unos pocos kilómetros y esa diversidad humana, social y natural debe ser cuidada y promovida.
En la mañana del 25 de octubre ver mucha gente joven en las filas me provocó una emoción profunda, muchos de los que salieron a marchar, a gritar consignas, a saltarse los torniquetes del metro habían decidido también ir a votar y eso daba esperanza. Al saberse los resultados me volví a imaginar, pensé en que nos habían dado el empujón inicial y también el final para comenzar una nueva etapa constitucional y constituyente. Y que además de esas primeras necesidades que arriba anoto asegurar mecanismos de participación y decisión permanente a la ciudadanía es cave para no traicionar a los jóvenes que debieron saltar torniquetes y marchar para ser escuchados por una institucionalidad sorda. Sin participación efectiva nos traicionamos todos.
Pienso que estas son las cosas sobre las que debemos debatir en lo inmediato para que una nueva constitución traiga consigo nuevas formas de decir y hacer las cosas. Es hora de decirnos un esfuerzo más si queremos ser ciudadanos plenos y no solo votantes.
Rodrigo Calderón Astete es Doctor en Derecho, Profesor de la Escuela de Derecho Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
